Sobre epidemia y salud pública: deslindando competencias

Como salubrista, dediqué la etapa inicial de mi carrera a trabajar en un centro de salud del cual guardo gratos recuerdos, por haberme inclinado al accionar comunitario mediante el programa materno-infantil; sin embargo, después de obtenida la maestría de Salud Pública en México, la vida me llevó a aceptar la asignación de funciones planificadoras en Salud Ocupacional, experiencia que acepté con agrado y de la cual derivé ciertas enseñanzas que me han de servir para encarar el artículo que sigue abajo.

Conocí que en las instituciones fabriles se debe aplicar la ley de las responsabilidades ascendentes; ello significa que, en una fábrica, institución, o en un ejército, se aplica el principio de que la cabeza es responsable de lo que pase abajo. Si un obrero se corta con un instrumento no procede echarle la culpa al filo del cuchillo, ello no posibilita la prevención; si el afectado usó mal la herramienta, se distrajo o no siguió las instrucciones, la culpa se desliza hacia arriba. El método nos permite cuestionar si el supervisor estuvo al tanto de la capacitación del trabajador afectado; si no le proveyó de instrucciones o no le envió a un curso de seguridad, el tema no queda concluido con el señalamiento del supervisor, sino que la responsabilidad se corre hacia arriba hasta el gerente que no impartió instrucciones a sus supervisores. Este tipo de razonamiento nos lleva hasta la cúspide cuando se trata de señalar a empleadores que usan el trabajo esclavo o el infantil.

El lector podrá saber que eso es aplicable a la conducción de una comunidad o un Estado. ¿Quién es culpable de tener la culpa? No podemos quedar diciendo que el pueblo es indolente o ignorante y enrostrarle culpabilidades. En todo caso, cada pueblo refleja y es resultado de sus gobernantes. ¿Por qué la educación y la salud tienen un atraso nacional de 40 años? Reconozcamos que hay una complicidad de colectivos políticos que se relevan en el manejo gubernamental, de todos y cada uno de los que se han sucedido en el timón del Estado siguiendo a pies juntillas la indicación de desmantelamiento de este.

Comparemos nuestra situación con la eficiencia de Costa Rica al encarar la crisis epidémica desde los manejos sencillos y menos costosos de sus EBAIS. ¿Sabe el lector que a mediados de los 80, cuando Costa Rica daba cuerda a su decisión de fortalecer las bases de sus sistemas de atención por niveles, nosotros en Panamá debatíamos y proponíamos la posibilidad de crear equipos básicos análogos y ninguna autoridad tomó en cuenta esas propuestas dinamizadas desde la sociedad de médicos generales? Los mismos que insistieron en la especialización extrema dieron al traste con estas propuestas innovadoras. En consecuencia, debemos concentrarnos en salvar responsabilidades de unos y exigirlas de otros por la acumulación de desaciertos que nos han llevado hasta la indefinición actual. Dicho esto, pasemos a abordar la contingencia sanitaria actual.

En primer lugar, aclaremos que un equipo de especialistas no hace salud pública, ellos deben concentrarse en la terapéutica y no son, en tanto equipo, responsables de lo que ocurre a extramuros de los hospitales. De lo anterior se sigue el reconocimiento de que la gestión de la crisis causada por el coronavirus es de todos, no solo médica; la salud pública la hará la comunidad. Son los organismos comunitarios los que, bajo una orientación proporcionada por los oficiantes de la salud pública, deben encarar la profilaxis de los contactos. Por todo lo anterior, necesitamos instrumentos de medición al servicio de la profilaxis y reclamamos, y, en consecuencia, medir por tasas de ataque para saber realmente cómo afecta la epidemia a nuestra población. Anunciar magnitudes simples, no ayuda al conocimiento científico; el reto y la obligación es ofrecer las tasas al público.

También anunciamos que, dada la exposición de nuestra población por causa de situaciones estructurales de nuestra economía, el testeo de sanos es importante para poder conocer el fenómeno de prevalencia oculta. Si sabemos el valor del test, más el valor del tiempo del testeo de campo, más el del procesamiento de laboratorio podremos sustentar el criterio de preferencia que protege el valor de la vida humana.

Tratemos de deslindar las cifras que miden la eficacia del trabajo hospitalario de aquellas que miden la vulnerabilidad del país. Me preocupa que en la crisis sanitaria actual aquellos que tienen la responsabilidad de mantener informada a la comunidad insistan en expresar el impacto epidémico sobre la población en términos de números absolutos. Es cierto que el ciudadano receptor de la comunicación tiene derecho a conocer que Brasil tiene tantos miles de sus ciudadanos afectados mientras que Panamá tiene una cantidad menor. Pero… ¿cómo hacer comparaciones entre países de distinta magnitud poblacional? Conocer en números absolutos es conveniente para expresar la magnitud del daño y los recursos que se deben movilizar para solucionarlo; no obstante, para expresar la vulnerabilidad del país, o una región, en relación con su población es conveniente medir la tasa de ataque en relación a una magnitud tomada como referencia. Ello permite analizar la vulnerabilidad del país y sus instituciones con respecto a la noxa estudiada. ¿Por cuál razón Panamá tiene una tasa de ataque que admite comparaciones con las del Brasil? ¿Qué nos hace más vulnerables? Nuestras instituciones sanitarias han recibido el embate sostenido de condicionamientos políticos e intereses económicos macros y micros que las debilitan; agreguemos ahora la condicionalidad extrainstitucional que actúa antisanitariamente. Observemos la vulnerabilidad que nos otorgó el famoso hub aeroportuario, cual agujero en el casco del buque y calibremos las medidas para que no vuelva a ocurrir. Si no se sellan estas grietas, productos de alteración en las prioridades y decisiones secuentes, no podremos evitar la caótica reinfección que todos tememos.