La hipócrita libertad de expresión panameña

La decisión del expresidente Ernesto Pérez Balladares de secuestrar los activos del diario La Prensa para garantizar las resultas de un juicio que en ocho (8) años no ha podido pasar a la etapa de práctica de pruebas por dilaciones judiciales, ha suscitado una ola de protestas de los que a ultranza defienden la libertad de expresión. No me he unido a ese coro por varias razones, la principal es que es imposible hablar en Panamá de libertad de expresión plena. La segunda, porque he sufrido en carne propia los excesos de algunos medios, en tiempos de dictadura y en la llamada democracia que, invocando esa sagrada libertad, hacen lo que les da la gana, importándole poco la honra y la reputación de las personas.

Cuando uno de mis hijos, menor de edad, fue detenido en 1998 con un hijo de un diplomático norteamericano, por tener una bolsita de marihuana, al gringuito lo mandaron de inmediato para su casa, pero a mi hijo, por ser el vástago de Willy Cochez, le dedicaron una crónica en La Prensa y sendos reportajes en Telemetro y TV2. Poco les importó en su cacareada ética dar a conocer la identidad del menor. Había que hacerme daño a mí. El único que protestó por ese abuso y falta de ética fue el distinguido periodista Indalecio Rodríguez (qepd), en ese momento Defensor del Lector en el diario El Universal. Más nadie dijo nada sobre esa violación de los derechos de un menor.

Hoy la Libertad de expresión en Panamá es una caricatura. En una ocasión un director de medio se excusó de publicarme el descubrimiento que había hecho en la ACP de un innecesario contrato de 800 mil dólares: era amigo de la hija de la dueña de la empresa favorecida. Días atrás, una televisora me pidió entrevistarme sobre el llamado a indagatoria de Juan Carlos Varela, a lo que le contesté que con gusto lo haría, si me permitía hablar también de los casos de Martinelli y Torrijos. Hasta allí llegamos.

Los medios se han utilizado para defender intereses y agendas políticas. Años atrás se negaban a darme cabida parta hablar de lo que consideraba estaba mal en la empresa mixta Cable & Wireless, hoy la censura llega a todo lo que se refiere a Minera Panama. La lista podría ser mayor.

La gente me pregunta por qué ya no me entrevistan en Telemetro y TV2. En uno, porque un miembro de su directiva, beneficiaria del contrato en la ACP que la nueva administración de Catín Vásquez no renovó, ha dado esa terminante orden. Y en el otro, porque tuve la osadía de demandar a una de las empresas del todopoderoso dueño de ese canal. Mis amigos periodistas que allí laboran me lo han confirmado.

El caso Pérez Balladares nos permite hacer un análisis frío de la extensión de la libertad de expresión. ¿Puede un medio decir todo lo que quiere? ¿Debe un medio rectificar lo que descubre está mal reportado o simplemente se equivocó?? ¿O la libertad de expresión no debe tener límite alguno? ¿Pueden los medios, dejando a un lado su deber de informar sin tomar partido, inmiscuirse en la política, como cuando la hoy víctima de las acciones legales de Pérez Balladares permitió que dos de sus directivos fueran parte del cuerpo diplomático del Gobierno de Varela?

Aquí nos pasamos lamentándonos de que en tiempos de dictadura no había libertad de expresión, ¿la habrá ahora?