Historiador y Ley

La propuesta, vía anteproyecto de ley, para: “Regular el ejercicio de la profesión de historiador y crear el Consejo Superior de la Profesión de Historiador”, ha sido impulsada por algunos docentes de Historia de la Universidad de Panamá. Sin negar la iniciativa legislativa que pueda tener el individuo, bueno hubiera sido que el anteproyecto fuese producto de todo un debate con el sector interesado. Importante sería la opinión del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá.

Principio señalando que toda acción que busque regular el ejercicio de cualquier profesión debe ser visto con positividad. Desde luego, esto conlleva a poner freno a la usurpación de títulos y funciones y, por supuesto, a garantizar que los resultados de la correcta gestión profesional sean óptimos.

En el caso que nos ocupa, hay una alta responsabilidad del profesional de la historia, quien debe objetivamente (alejado de todo sesgo político o ideológico) producir para transmitir los acontecimientos con toda la autenticidad, y quien debe hacer las debidas valoraciones con todo -un instrumental teórico-metodológico- para entender con amplitud el pretérito y poder comprender el presente.

El anteproyecto propone un Consejo Superior, quien debe otorgar la idoneidad para el ejercicio de la profesión de historiador. Esto puede ser correcto si se define en primer lugar quiénes son los idóneos y quiénes son los no idóneos. Pareciera que el anteproyecto considera idóneos a los licenciados, maestros o doctores, cabría entonces preguntar si eso es suficiente. No hay un señalamiento en cuanto a la producción a la investigación y a las ejecutorias académicas. Sin estas consideraciones se podría validar el planteamiento de Manuel Tuñón de Lara, quien, en su obra ¿Por qué la Historia?, dice que: “Hemos visto que cualquiera, con un poco de voluntad, puede aprender historia… hay que decir que todo el mundo puede ser historiador”. Es evidente que esto no es cierto.

Por otro lado, hay quienes han dedicado gran parte de su vida a la historia. Me refiero a los aficionados, que han hecho grandes contribuciones a la ciencia histórica. El mismo Tuñón de Lara afirma que: “De la afición a la vocación hay un trecho que se franquea fácilmente y se puede descubrir una vocación de historiador en aquel que profesionalmente no lo es”. Nadie puede negar el aporte a la historia nacional de Álvaro Menéndez Franco (premio nacional de Historia en 1964) y de Diógenes de la Rosa, quien fue miembro de la Academia Panameña de la Historia y por supuesto de Samuel Gutiérrez, quien, siendo arquitecto de profesión, llegó a ser presidente de la Academia de la Historia, solo para señalar algunos casos. Ninguno de ellos tuvo título en Historia. Es necesario que la propuesta deje claramente establecido quiénes, además de los titulados, pueden ser considerados idóneos.

La propuesta, además habla de la integración del Consejo Superior de la Profesión del Colegio Nacional de Historiadores, organización que debe activarse para el fin indicado.

Finalmente, el establecimiento del Premio Nacional de Historia y la consideración del 11 de agosto como día del historiador panameño, son aspectos positivos de la propuesta