El Gobierno se desconectó de la realidad

Hace días, la ministra de Trabajo anunció que el Gobierno espera que el año cierre con más de medio millón de personas en desempleo, para una tasa de 25 %. Como toda proyección, hay que tomarla con precaución, y habrá que ver en cuánto resulta en realidad. Pero lo cierto es que mientras más tiempo pasa con una dizque apertura a cuentagotas, más severo será el daño. El Gobierno ha asumido conocer qué actividades económicas son esenciales y cuáles otras no, y contra toda petición de los que tienen su pellejo expuesto con ya seis meses de ingresos golpeados, el Gobierno se decantó por una “reapertura” segmentada por actividades económicas, desconociendo que, en una economía moderna, las actividades económicas no son silos, sino que son todas interdependientes, en gran medida de un modo que ni siquiera es modelable. El Gobierno ha optado por aquello que Friedrich Hayek llamó la fatal arrogancia, la de pretender conocer al detalle cómo funciona una economía para pretender dirigirla desde arriba.

Hay buenas razones para contemplar como muy probable la posibilidad de que la proyección de desempleo del Gobierno resulte ser demasiado optimista, y que el desempleo dentro de unos meses sea aún mayor a lo proyectado por la ministra. Pero dejemos eso de lado por el momento y asumamos que la tasa de desempleo no llegue a exceder 25 %. Caramba, con 25 % de desempleo estamos hablando de una depresión económica, no de una mera recesión. Pero el impacto no será solo de un altísimo desempleo, que ya de por sí es preocupante. El impacto que tendrá el haber destruido tantas empresas y fuentes de empleos tendrá, seguramente, un grave impacto sobre los flujos del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, que ya de por sí estaba en precaria situación actuarial. Los egresos del IVM no se verán reducidos por la pandemia, en tanto los ingresos sí. Pero, además, el impacto será sostenido por bastante tiempo -no presumo de proyectar cuánto tiempo, pero no hay razones para pensar que el repunte económico vaya a darse de inmediato luego de completado el ciclo de aperturas de actividades económicas. ¿El Gobierno central no entiende ante esto la urgencia de acabar con el cepo económico que se ha aplicado al país durante seis meses?

Mientras, el Gobierno central no ha reducido planilla ni en cantidad de personas en planilla ni en salarios. El Gobierno no parece sentir la urgencia de reducir el gasto. De hecho, se anuncian cosas como la contratación, por varios millones de dólares, de un servicio de alquiler de autos nuevos para el Ministerio de la Presidencia. Justo ahora. Algo así se percibe como que nos manden a los ciudadanos a comer pastel. Lo cierto es que las consecuencias económicas del encierro y cepo económico que ya lleva seis meses, será responsabilidad política del Gobierno, de la que no podrá desquitarse por más que intente decirnos, como seguramente intentará, que el daño es consecuencia de la pandemia y no de la intervención. No, el remedio fue excesivo, desmedido, y el daño será mayoritariamente causado por el remedio, no por la enfermedad.

Una lectora me hizo llegar unos párrafos con respecto a mi artículo anterior (“La arrogancia del confinamiento eterno”). Reproduzco aquí un extracto de lo que me envió, y con lo que concuerdo en pleno:

“Si el señor presidente o cualquier ministro alega que en Panamá no se puede emular a otros países, porque los panameños tenemos diferentes patrones de comportamiento y culturas, le tendremos que dar la razón: en otros países, los mandatarios utilizan el transporte colectivo, sus propios vehículos ya sea automóvil, bicicleta, motocicleta o, simplemente caminan. En Panamá, presidentes, diputados, suplentes, magistrados, ministros, ministros consejeros, directores de entidades autónomas o semiautónomas, gobernadores, alcaldes, representantes, secretarios generales, asesores y otros se transportan en lujosos vehículos, costeados por los contribuyentes. Es una “tradición” muy arraigada en nuestra cultura… lo que no significa que sea admisible”.

Mi lectora continúa: “Definitivamente, no se le podría discutir a las autoridades que tenemos diferentes comportamientos. Los panameños aguantamos y seguimos aguantando que nos violen derechos humanos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la movilidad, a la atención médica y la inviolabilidad del domicilio. Si no cumplimos las reglas impuestas por las autoridades, por más ilegales, inconstitucionales o insensatas que sean, pagamos multas, permitimos que se nos despojen vehículos y afines o, nos sometemos a toda clase de castigos, mientras que, en otros países, los ciudadanos protestan”.