Subsidios mal enfocados

Somos de la opinión que la mayoría de los subsidios y programas de asistencia social que tienen el objetivo de proporcionar acceso a la alimentación de personas con problemas económicos no rinden actualmente su cometido. Más bien, estamos muy lejos de resolver la inseguridad alimentaria.

Nada nos encantaría más que poder eliminar el hambre que existe en el país. Creemos que el acceso a la comida saludable es un derecho y no un privilegio, y no debería depender de un subsidio. Es más, necesitamos reconocer que mientras los subsidios ayudan económicamente a la gente a comer, también ayudan a conseguir alimentos de baja calidad que conducen a una mala salud. Es decir, con estos subsidios mal enfocados, se le proporcionan calorías de mala calidad a la población. Esto no solo afecta el peso y la talla de las personas, sino que empeora las disparidades en salud que ya existen entre las diferentes clases sociales y económicas en el país.

No sentimos que los subsidios de 120 para los 65, beca universal y demás programas asistenciales ayudan a mejorar la alimentación como objetivo crítico de salud pública. Tenemos que reconocer que estamos malgastando más de $800 millones al año para que la gente chinguee lotería, juegue casino, compre cigarrillos, libe guaro y elija alimentos de mala calidad, todos detonantes de mala salud y promotores de una vida miserable.

Derrochar los impuestos a través de estos programas sociales no resolverá el problema. Todo el mundo pierde en este escenario. Los análisis que hemos realizado y los estudios que se han publicado sobre las dietas de personas que reciben dinero de programas asistenciales, comparadas con otras que no reciben, pero tienen el mismo nivel de ingresos, reflejan que las dietas y la salud de los recipientes de los subsidios son peores. Y la razón principal es que no existen restricciones y la gente beneficiada con estos subsidios siente que puede comprar toda la comida chatarra que quiere. Es decir, además de un grave asunto de economía macrofiscal, es un gran problema de salud pública.

El sistema tiene buenas intenciones, pero no consigue hacer el trabajo. Una forma de solucionar el problema es desarrollar un sistema que ayude a comer y promover buenas elecciones de alimentos como frutas y vegetales, y además desincentivar comidas chatarra y ultraprocesadas, que abundan en supermercados y abarroterías. Un sistema que permita diferenciar entre un buen cereal para desayunar y otro que tiene exceso de azúcares, grasas saturadas, sal y aditivos químicos. En verdad, requerimos un sistema donde los consumidores tengan información nutricional disponible para tomar buenas decisiones. El problema es que la mayoría de las personas no sabe ni reconoce la diferencia entre un buen producto y otro dañino o malsano.

En lo personal, hemos identificado más de ochocientos rubros alimentarios que necesitan de una advertencia sanitaria en su punto de comercialización, porque están saturados de azúcar, sal o grasas hidrogenadas. Esperamos que surja alguna iniciativa oficial para tratar de avanzar en este propósito. Además, necesitamos crear incentivos fiscales para empresas y personas que consumen alimentos más saludables. Sin duda, esto se pagaría por sí solo. Algunos economistas expertos en salud pública sostienen que con solo atacar la curva de las enfermedades crónicas evitaríamos muchas cirugías y tratamientos carísimos, como son los del tipo coronario. Es decir, incentivar una alimentación saludable le ahorraría al país una millonada de recursos en medicinas, intervenciones y procedimientos.

Desafortunadamente, no todos están en la misma sintonía. Hace dos años, cuando la Universidad de Stanford publicó un estudio sobre que el consumo promedio de sodas y otras bebidas azucaradas se reduciría en 22 %, si se prohibía el uso de cupones para sus compras, las embotelladoras se enfurecieron y movilizaron sus recursos para evitar que esto sucediera. Por supuesto que cualquier uso descontrolado de subsidios, va a dar como consecuencia problemas y otras afectaciones de salud pública.

Todos, alrededor del mundo, sufrimos las secuelas de las enfermedades impuestas por un sistema político que se fundamenta en intereses especiales y no en la salud de la población. El vínculo entre el consumo de sodas y las enfermedades no transmisibles es claro, y los únicos defensores de aumentar el consumo y utilizar los subsidios para comprar comida chatarra son los que trabajan para esas empresas. Sí, son intereses especiales muy poderosos con bolsillos muy profundos. Y eso debe parar, ahora más que nunca que es evidente que los más afectados durante la pandemia de COVID-19 son precisamente aquellos con sobrepeso, hábitos malos de alimentación y estilos de vida desordenados.