Panamá es un país anárquico

A decir verdad, en general, todo lo que ocurre en nuestro país ocurre en el mundo; pero no es excusa para justificar la anarquía. Todos los días vemos las mismas noticias de corrupción, juegavivo, de contratos fraudulentos, coimas, de jugadas; y para decorarlas, la impunidad. Es una tragedia para un pueblo al que se nos llama subdesarrollado, que estas cosas pasen, porque lo que hace es profundizar el subdesarrollo, o provocar un desarrollo lento y desigual.

En esa práctica de la diversión anárquica, suceden cosas que parecen inverosímiles, como lo último que ha salido a la luz en relación con el coronavirus y el bochinche de las vacunas, que ha venido desde que aparecieron en nuestro país: Un negociado, una burla, y lo que es peor, unas vacunas caras que paga el Estado, aumentando la deuda externa; y ahora resulta que se está negociando con ellas; y, como lo han dicho varios periodistas, al final surge victoriosa la impunidad.

Eso crea una zozobra de impotencia, al no poder hacer nada, solo sufrir con esta vulgaridad, pese a que todo el mundo habla de “empoderamiento” del pueblo, que al final, ante la anarquía, no es más que basura.

En el relajo de la anarquía, se crean muchas leyes, pero algunas son un hazmerreír, como la Ley que crea los jueces de paz, promulgada en el 2016; que, así como muchas otras, se vuelven un plan de hacer lo que, a cada uno, que tenga poder, se le antoje hacer.

Voy a escoger esta Ley como ejemplo, porque no hay espacio para mencionarlas todas; aunque también está el Código de lo que en forma de alboroto se llamó “sistema acusatorio”, del que me ocuparé en otro artículo de esta serie fascinante de la anarquía, si este medio me lo permite.

La Ley de los jueces de paz proclamó a los cuatros vientos un mejor sistema de la justicia comunitaria, que es una de las más golpeadas por la anarquía y según decían, era peor cuando existían los llamados corregidores. Pero contrario a lo que deseaban sus promotores, esta ley solo se cumple en cuanto que ha logrado cambiar el nombre de corregidores a jueces de paz a estos funcionarios.

Según esta ley, el nombramiento debe hacerlo el Concejo Municipal, mediante un concurso de méritos; sin embargo, en casi todos los distritos del país, quien los nombra es el alcalde (y por política). Se dijo que la justicia iba a ser seria y científica; pero hay jueces que ni siquiera fueron a un primer ciclo de escuela secundaria y muchos, la mayoría, no saben una letra de leyes, no buscan la asesoría que deben, y al final resuelven como les da la gana y hacen del proceso lo que les da la gana.

Y lo que es peor, no hay una autoridad que pueda ventilar una queja contra ellos y atenderla con urgencia, a pesar de que la Procuraduría de la Administración es la encargada por Ley de este menester; pero ellos alegan que estos jueces son una jurisdicción especial; la ley no dice eso, pero es la excusa para no hacer nada y apoyar la anarquía. El Ministerio de Gobierno mantiene un silencio cómplice.