Salud: el sistema público necesario para cerrar brechas

Ahora que el proceso del Pacto del Bicentenario entra en lo que llamaría la “recta final” para identificar las brechas y alcanzar acuerdos nacionales que se convertirán en lineamientos de política que el Ejecutivo deberá implementar, conviene analizar de manera crítica y constructiva a la capacidad del aparato gubernamental para implementar las iniciativas que surjan de este inédito proceso.

En ese sentido, teniendo presente que de las 176 mil propuestas que la ciudadanía presentó en la plataforma Ágora, el 17 %, casi 30 mil correspondieron a temas relacionados directamente con el sistema de salud, le dedico esta glosa a analizar la capacidad de nuestro sistema público de salud para garantizar a la población, en especial a quienes más lo necesitan, el derecho universal a la salud con un sistema público de salud moderno, equitativo, eficiente, seguro y humano que avance por etapas coordinadas hacia un sistema integrado con servicios de calidad (tratar a la gente como gente), con una gestión transparente, y sin privatizarlo.

No me referiré en esta ocasión al subsistema de salud privado, pues, si el Estado cumpliera cabalmente con su obligación constitucional, el sector privado sería una opción exclusiva para las personas con suficientes recursos para escoger la comodidad de un hospital privado, en lugar de una opción obligada para muchos panameños de clase media o pobres que no encuentran solución a sus problemas de salud en el sector público. Pero dejemos ese análisis pendiente y vayamos pues a las fortalezas y debilidades del sistema de salud panameño.

En relación con las fortalezas, comienzo subrayando el carácter de la salud como un derecho, establecido claramente en el artículo 109 de nuestra Constitución Política y definido en sus artículos 110 y 115. Como si esto no fuera suficiente, contamos con una Política Nacional de Salud, vigente hasta el 2025, la cual establece los mecanismos para garantizar la cobertura universal de salud, privilegiando la Atención Primaria de Salud, con un enfoque de salud como Derecho Humano.

Ese basamento constitucional y político permite que entre el Minsa y la CSS posean una red de servicios de salud ambulatorios y hospitalarios distribuida en todo el territorio nacional. También poseemos una densidad de recursos humanos para la salud superior a los 25 por 10 mil habitantes, lo cual es un indicador considerado como suficiente para atender las necesidades de salud de las personas. Y qué decir de nuestra fortaleza financiera, pues, entre la CSS y el Minsa manejan cada año un presupuesto mayor a los 10 mil millones de balboas, lo que permite un gasto público en salud, superior al 6 % del PIB, considerado suficiente para garantizar la atención en salud que se necesita, siempre y cuando se administre de forma eficiente y transparente.

Pero no todo es color de rosa y esas fortalezas vienen con debilidades que conocemos y debemos superar. Para comenzar, necesitamos fortalecer la capacidad de resolución de las redes de servicios de salud de ambas instituciones. No basta con que simplemente existan, es necesario que funcionen como esperamos. Que estén debidamente construidos, que no les falte el agua o la energía eléctrica, que se pueda llegar a ellos fácilmente. Que tengan los recursos humanos con las competencias necesarias, los equipos, materiales y medicamentos apropiados y suficientes, adquiridos de forma transparente, para que nuestra población no se quede sin recibir la atención que necesita (cirugías, tratamientos, diálisis, etc.), y ningún panameño, de cualquier edad, fallezca porque el sistema no fue capaz de atenderlo como necesitaba.

Por último, pero no menos importante, es la necesidad de avanzar en la transformación del sistema público de salud, comenzando por lograr una coordinación funcional y efectiva entre el Minsa y la CSS en todos los niveles de atención, hacia un sistema público de salud integrado. Para progresar en este asunto, abunda la bibliografía política, estratégica y técnica. No hay excusas para seguir en pausa.

Al final, es preciso destacar que nuestro país, por más que mejore, siempre tendrá las limitaciones propias de su desarrollo social y económico. Tengamos cuidado de no crearnos esperanzas exageradas de lo que puede ofrecernos nuestro sistema público de salud para brindarle a todos en todos los lugares la atención de salud que queremos. Desarrollemos y mantengamos estilos de vida saludables, promovamos y protejamos nuestra salud, teniendo presente que el sistema tiene límites, y que somos nosotros mismos los principales responsables por nuestra salud.

Nos toca, además, ejercer nuestro derecho ciudadano de controlar la gestión de las autoridades, velando fielmente por el cumplimiento de las promesas. Para ello será necesario forjar acuerdos y compromisos concertados a partir de un permanente diálogo constructivo, como es el caso de este Pacto del Bicentenario, el cual aportará soluciones que funcionarán para la población, el Gobierno, y las empresas.