Cuando la desigualdad social camina con la igualdad

Cuando de políticas y estrategias de desarrollo se trata, es muy común encontrarnos con la negativa de los tomadores de decisiones -pero también con actores sociales implicados con su aplicación- hacia la aceptación de una ley que opera en estos ámbitos de la sociedad y que yo denomino la ley de la desigualdad social que camina con la igualdad, o dicho más técnicamente, la ley del desarrollo desigual por la igualdad.

Esta ley opera cada vez que los tomadores de decisiones impulsan medidas para “combatir la pobreza”, “poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos”, “controlar la pandemia”, partiendo de la idea de que la población es homogénea, que cuenta con condiciones idénticas que producirían los mismos resultados en todos los casos, resultando una ampliación de la desigualdad inicial. Ciertamente, la ley en cuestión habla de que cuando a una población, establecimiento o institución que experimenta desigualdades le es aplicada una medida igualitaria -ajuste igual para todos, monto monetario igual para todos- la resultante es una multiplicación de la desigualdad social original.

Esto ha sido lo típico en el subsidio antes llamado “Beca universal”, instaurado en el Gobierno Martinelli, pero que ningún Gobierno posterior se ha atrevido a corregir como Dios manda. En la práctica, este subsidio parte de la premisa de que todos los estudiantes del sector público pertenecen a familias de extrema pobreza. De haber sido así, el programa del actual Gobierno de “estudiar sin hambre” (2019) no tendría ninguna razón de ser, porque aquella subvención debió haber contribuido a garantizar las necesidades apremiantes de alimentación de los estudiantes. A fin de cuentas, lo que sí es probable es que, en nombre del ataque a la pobreza, se haya endeudado innecesariamente a la totalidad de los panameños. La desigualdad aquí, no solo opera en el hecho de que mantiene las brechas entre los hogares pobres y no pobres, sino entre estos y los tomadores de decisión que engrosan sus arcas personales, gracias a las comisiones obtenidas por fomentar las transacciones crediticias internacionales.

Mirémoslo ahora a través de las acciones a nivel intermedio, es decir, de las medidas de reformas en instituciones como la Caja de Seguro Social (CSS). Nos encontramos con escenarios de desigualdad institucional, con repercusiones directas en la inequidad y fragmentación de los servicios: En salud, hay desigualdad entre Minsa y CSS; en el régimen de pensiones hay desigualdad entre los fondos administrados por la CSS y el sector privado financiero. Los sectores afectados, al menos sus grupos con mayor liderazgo, parecen tener claridad de que se requiere mantener una institucionalidad que aplique el principio de la solidaridad. Esto es imposible mientras se entregue la gestión de los fondos al capital financiero privado -fíjense que la institución como tal no es cosa del interés de estos empresarios-. Lo razonable no es otra cosa que la vuelta al régimen solidario para que la CSS gestione dichos fondos y servicios; no hay de otra en las actuales circunstancias. Esto es una parte, pero aquí viene la otra parte, donde se actúa haciendo funcionar la ley del (sub)desarrollo que hemos mencionado anteriormente.

Dado que el régimen de pensiones posee una historia y condiciones desiguales respecto de lo que ocurre con la atención médica, resulta entonces que la aplicación del principio de solidaridad no encuentra concreción manteniendo dentro de la CSS los servicios médicos, tanto del programa de enfermedad y maternidad como del de Riesgos Profesionales. Insistir en mantenerlos bajo la gestión directa de esta entidad, es dar rienda suelta a que se cumpla con la ley del desarrollo desigual por la igualdad, con lo que cabe que se siga reproduciendo inevitablemente: mayor desigualdad social en salud.

En realidad, bajo la lógica del mercado desregulado que opera en nuestro país, se hace extremadamente improbable que se alcance la cobertura universal de los trabajadores de cualquier nivel de ingresos, a menos, y solo a menos, que se organice una nueva entidad responsable unitaria de la gestión de los servicios de salud en el sector público, con efectiva autonomía, democrática, distanciada de la CSS y del Minsa, salvo por normativas técnicas; que opere bajo control jerárquico de organismos de las clases trabajadoras usuarias y productoras de servicios de salud, orientado por un modelo de atención de salud integral e integrador. Lo demás es gritar consignas de solidaridad, que contradicen ese mismo ímpetu respecto del derecho a la salud.