Plan Nacional de Seguridad Vial 2021-2030

Recientemente, el Gobierno realizó el lanzamiento de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, esta vez para el segundo decenio comprendido entre el 2021 y el 2030. Advierto que he buscado en el sitio de la ATTT y no encuentro el Plan, solo la noticia del lanzamiento, donde se enfatiza que, “para el segundo decenio 2021-2030, se contempla proporcionar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, personas con discapacidad y la tercera edad…”.

Aunque celebro el lanzamiento de este muy necesario nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, lamento no encontrar disponible una evaluación de nuestros compromisos para el decenio anterior (2011-2020), pero sí podemos darle una mirada a aquel documento, pues lo planteado antes sigue vigente.

El Plan para el decenio anterior tenía como finalidad “salvaguardar la integridad física y psico-emocional de todos los usuarios de las vías públicas, direccionando, con abordaje multisectorial, todas las estrategias de acción para el Decenio 2011- 2020”. Para ello se consideró la “coordinación e integración de iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil del país. Por ello las acciones están organizadas en cinco pilares: (1) gestión de la seguridad vial; (2) vías de tránsito y movilidad más segura; (3) vehículos más seguros; (4) usuarios de las vías de tránsito más seguros y (5) respuesta de salud tras los accidentes”.

El documento estableció como metas inmediatas: disminuir en un 15 % la tasa de mortalidad por cada cien mil habitantes, hacia el año 2020 y disminuir en un 43 % la tasa de accidentes por cada cien mil habitantes, hacia el año 2020. Aunque ambas tasas han disminuido, no ha sido lo suficiente, por lo que debemos mejorar.

Pues bien, no obstante el compromiso escrito, del cual, repito, no encuentro evaluación de avance y cumplimiento, la seguridad vial sigue siendo una quimera en nuestro país. A pesar de las leyes y reglamentos existentes, siguen siendo las principales causas de accidentes y muertes: el exceso de velocidad, las distracciones como chatear frente al volante, el estrés cotidiano, manejar bajo los efectos del alcohol, la impericia y el incumplimiento de los reglamentos de tránsito, como el no usar el cinturón de seguridad o, en el caso de los motociclistas, no usar casco. Todas tienen como denominador común la falta de responsabilidad y consideración por parte de los conductores, el descuido de los peatones, y, la no menos importante, ausencia de policías de tránsito. Y para comprobarlo, solo intente cruzar la avenida Ricardo J. Alfaro cualquier día a las seis de la tarde.

En este contexto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el período comprendido entre 2016 al 2020 ocurrieron 70 431 accidentes de tránsito (52 569 colisiones, 5812 atropellos). En el mismo período, un total de 68 709 personas terminaron heridas y 1722 personas perdieron la vida en un accidente de tránsito (¡una persona fallecida cada día!).

Aunque estas cifras parecen mostrar una tendencia a la disminución en los últimos cinco años, es evidente que la misma es producto de las medidas de circulación restringida impuestas para controlar la epidemia de COVID-19 que venimos enfrentando desde el mes de marzo de 2020.

También es importante recordar que, de acuerdo con el anterior Plan Nacional para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la República de Panamá, los costos de la atención de un paciente proveniente de un accidente de tránsito (heridos) le costaba al Estado panameño aproximadamente 9800 balboas (que representarían 12 446 balboas actuales) y un tiempo promedio de recuperación de 43 días. Por lo tanto, la atención de 69 709 heridos en el quinquenio nos costó alrededor de 855 millones de balboas. Eso sin contar los gastos de las familias, el costo de 43 días de recuperación, el costo de las reparaciones y pagos de seguros de los vehículos accidentados y el sufrimiento de las familias de los heridos y víctimas.

Al final, es evidente que en Panamá la inseguridad vial es un grave problema de salud pública. Aunque hemos suscrito compromisos y planes internacionales y tenemos leyes y reglamentos, no es suficiente y el problema persiste.

Aunque el año pasado mostramos una clara disminución en los índices de muertes, lesiones y discapacidad por falta de seguridad vial, no son alentadores. Una vez que superemos la epidemia de COVID-19, es de suponer que los ciudadanos retomarán las calles con la misma irresponsabilidad y falta de consideración de siempre.

Es un imperativo que este nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial 2021-2030 se publique, se difunda, y se desarrolle con la participación de todos bajo el concepto de prevención.