18 de Sep de 2021

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Leopoldo E. Santamaríaopinion@laestrella.com.pa

Columnistas

¿Hermeti$mo o constituyente?... Una opinión

“Frente a tan dramático escenario, la única alternativa pacífica es el referéndum, hacia una constituyente con plenos poderes […]… La participación ciudadana es indispensable”

A raíz de la renuncia de un asesor de la Comisión encargada de maquillar el contrato con la minera, luego de divulgar información aparentemente comprometedora, el ministro y el viceministro de la Presidencia divulgaron la Resolución 71, presuntamente firmada el 4 de agosto del 2021; lo que generó una ola de protestas, que llevó a otro asesor a decir públicamente: “Si no les gusta, vayan y cambien la Ley”.

El 24 de agosto de 2021, en La Estrella de Panamá, apareció: “Diputado Silva presenta anteproyecto de ley que impide restringir acceso público a las actas del Consejo de Gabinete”. Al respecto comparto estas reflexiones.

Según los artículos 199 y 200 de la Constitución vigente, el Consejo de Gabinete actúa como cuerpo consultivo en los asuntos que someta a su consideración el presidente de la República, quien lo presidirá, con el vicepresidente y los ministros de Estado, y aunque la resolución dispone asuntos propios de dicho Consejo, ¡“ignoraron” al presidente!

Otra ley sería paño tibio, porque se trata de una crisis política profunda, integral, con repercusiones sociales y económicas alarmantes; debido, sobre todo, a falta de dirección, incapacidad manifiesta e incoherencia del equipo de Gobierno, cuya prioridad parece centrada en el saqueo y dilapidación del erario, dado que la corrupción y la impunidad parecieran crecer de manera vertiginosa.

El tráfico de influencias con información privilegiada es usual entre inversionistas y servidores públicos con mando y jurisdicción, con el propósito de desviar “legalmente” fondos públicos hacia sus respectivos patrimonios. Y para evitar nuevos o mayores riesgos, nada como restringir el acceso a la información, por lo cual es comprensible la decisión, cuyo propósito sería preservar la estructura operacional, que explica la corrupción institucionalizada existente, y cuyo ejemplo ha permeado hasta los más bajos estamentos de la mayoría absoluta de las instituciones públicas.

Así que es fácil advertir en el horizonte la vuelta de métodos represivos del oprobioso pasado, cuando elaboraron la actual Constitución y crearan el partido cuyo historial de malversación, autoritarismo y represión, no es nada despreciable; solo que ahora con más ventajas, en virtud de los controles encubiertos con medidas sanitarias.

No hay duda de que el régimen hará todo lo requerido para mantener el andamiaje y los procedimientos que le permitan seguir entregando, a cambio de migajas, lo que resta del patrimonio nacional; sin importarles, claro está, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos proteja la libertad y el derecho de buscar y recibir información de los actos públicos, por ser este uno de los métodos utilizados en el desvío de recursos públicos, en detrimento del interés general; particularmente en materia de contrataciones públicas.

Es, por tanto, comprensible la decisión de Contraloría y el mutismo de la Defensoría del Pueblo, del sector empresarial, comercial, de todos los partidos políticos, de la prensa, etc. Lo llamativo es que el procurador encargado guarde silencio, porque el numeral 1 del artículo 222 constitucional lo faculta para: “Acusar ante la Corte Suprema de Justicia, a los funcionarios públicos cuyo juzgamiento corresponda a esta corporación”.

Frente a tan dramático escenario, la única alternativa pacífica es el referéndum, hacia una constituyente con plenos poderes y una de dos, los vendepatrias imponen el hermetismo, para seguir saqueando o la mayoría imponemos la constituyente, para hacer justicia… La participación ciudadana es indispensable. ¿Podremos lograrlo? Usted, ¿qué opina?

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