Acuerdos sobre la CSS… ¿garantías para los trabajadores?

Hace unos días, tuvimos la complacencia de compartir con varias docenas de líderes sindicales de la CTRP -realizaban su VII Conferencia nacional sobre: el sistema de seguridad social y la COVID-19 y su recuperación- algunas reflexiones e información histórica social respecto a lo que ha sido la lucha social que ha tenido como campo central a la institución pública que regenta el sistema de pensiones, tal es la CSS.

Fueron sumamente interesantes los planteamientos críticos de los participantes frente a este tema, no solo en lo que alude a las medidas político-institucionales que caben impulsar para un régimen de pensiones favorables a asegurar una vida poslaboral digna, sino también, de cara a la viabilidad política para que las mismas alcancen su concreción. Esto, sin dejar de lado el alto nivel de disposición para la lucha directa, más allá de protestas callejeras, para que esto último se logre.

Sobre esta problemática, el FMI no parece haberse equivocado, cuando ha venido planteando, desde hace más de un año, que había que repensar los sistemas de pensiones, porque es uno de los últimos reductos de protección social a los que las clases trabajadoras se aferrarán en pospandemia, generándose protestas y conflictos que pondrían en cuestión la estabilidad de todo el sistema; para el FMI, esto es más importante que no ceder algunos espacios a las demandas de la población laboral. No por azar, han unido a este tipo de planteamientos, la propuesta de hacer que los ricos -más bien se refieren a los multirricos- paguen impuestos de acuerdo con sistemas tributarios menos regresivos que los existentes en nuestros países subdesarrollados. Definitivamente, para los guardianes del sistema financiero del que se sostiene el uno por ciento más rico del mundo no puede ser sacrificado; sí algunas ganancias de algunos ricos o de los burócratas que aspiran serlo.

Las intervenciones de estos participantes de la central obrera en mención es interesante comentarla, por cuanto se trata de dirigentes laborales a los que con frecuencia otras capillas sindicales -que se autopublicitan como “auténticos” dirigentes de la clase obrera panameña- los acusan de ser representativos del “sindicalismo amarillo”, que en la jerga obrera significa estar entregados a las patronales empresariales. La disposición crítica y las acciones desafiantes que estaban en disposición de asumir por la defensa de lo que conceptúan como su sistema de pensiones, sinceramente, no las he constatado en líderes de bases de algunos sindicatos que se autocalifican como “rojos”.

Uno de los temas vistos como cruciales, para recomponer la política que solvente financieramente a la CSS, fue el del carácter de las inversiones. Desde 1982, los empresarios del negocio inmobiliario y del capital financiero hipotecario aniquilaron ese potencial de esta institución, cuando sepultaron no solo los proyectos colectivos de viviendas que permitían generar ingresos que daban solidez a sus finanzas, con el mito bien construido del “desfalco millonario”, sino en general, de toda posibilidad de invertir en actividades productivas económicamente.

La necesaria e inteligente preocupación planteada, a raíz de esta realidad fue: Si se alcanzara a acordar una propuesta de cambios del sistema de pensiones en sus fuentes de financiamiento, en el regreso de la CSS como único sujeto responsable de la gestión de la capitalización colectiva y no individual, etc., ¿qué garantías tendríamos los trabajadores de que sus dividendos sean adecuadamente empleados para su beneficio?

Esto es lo que yo llamo un tiro que da justo al blanco. En esencia, se trata de cuál es la composición del Estado, para quienes gobiernan. El Estado actual -el de los últimos 40 años- no da visos de dar las garantías que le preocupan con justicia a estos líderes laborales. Esto da cuenta de la imperiosa y necesaria tarea histórica de refundar la República. De otro modo, la preocupación de los líderes de esta organización -y de algunas otras que han reconocido este hecho- se verá concretada, es decir, no habrá ninguna garantía de que cualquier acuerdo, cualquier resultado de cuanto foro coincida en transformar la CSS, se convierta en realidad.

Es por estas razones que se puede afirmar que el problema con la seguridad social en general y en este caso, con el sistema de pensiones, es mucho más que de orden técnico-financiero… es eminentemente político.