Prevenir y reprimir la criminalidad

Al analizar las relaciones sociales que estructuran la vida en común, nuestra sociedad ha establecido, a través de la historia, mecanismos de prevención para su defensa y seguridad, y de represión del delito contra la conducta antisocial que actúa y se desarrolla más allá de los márgenes socialmente aceptados por las comunidades, observando a esos delincuentes como responsables de su inseguridad.

Esta situación de inseguridad transmite una cultura del miedo e incertidumbre, por lo cual, el concepto de prevención, desde el punto de vista policial, no se palpa para las comunidades, toda vez que este fenómeno delictual y sus responsables han evolucionado, convirtiéndose en “delincuencia organizada” y el ciudadano considera que el Estado tiene falencias para combatir con eficacia las actuales formas delincuenciales.

Sin embargo, cuando se valora la seguridad como un bien social, sanidad y educación, este, como pilar fundamental de toda sociedad, considerado como la estrella, por lo tanto, el Estado debe desarrollar los mecanismos pertinentes con el fin de que la sociedad en su conjunto pueda apreciar y sentirse segura.

La institución de seguridad pública, cuya función primordial es el mantenimiento del orden público; es decir, la atención primaria de manera organizada y legalmente regulada, para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos, configurando la estructura social de acuerdo con las necesidades que requiere la sociedad para avanzar, prosperar y lograr su efectividad de la seguridad ciudadana.

Con relación a las actividades de penetración en los espacios públicos, los encargados de generar y preservar la seguridad de todo el conglomerado social deben prever, a fin de que el ciudadano se sienta protegido frente a los distintos escenarios de peligro o de agresión que pueda sufrir en su persona o bienes, lo cual genera un clima de inquietud.

Por lo tanto, la importancia de la seguridad como requisito indispensable y necesario para el crecimiento y existencia de nuestra sociedad, es determinar que esos mecanismos de seguridad protejan los bienes jurídicos; libertad y seguridad, para lo cual se hace necesario que exista paz y convivencia pacífica en las comunidades.

Por ende, el servicio público debe ser integral, que incluya: funciones preventivas e investigativas, campañas de difusión y divulgación de seguridad, de derechos fundamentales; además, propiciar actividades de ayuda comunitarias, sin que se interprete su contenido fuera de su actividad preventiva y social.

Es obvio que el crimen organizado actúa de forma empresarial, que utiliza habitualmente la violencia física, por lo tanto, se debe cumplir con las normativas que señala el país, la autoridad judicial que resuelve las controversias, y, finalmente, que los estamentos de seguridad pongan a los responsables ante la Justicia.

A pesar de que las instituciones de seguridad están preparadas, capacitadas y orientadas en la prevención, persecución y represión de las conductas inadecuadas de los criminalmente responsables de los actos antisociales y delictivos que perturban la convivencia social, hay que asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales.

Finalmente, el objetivo de la seguridad pública es prevenir y reprimir la criminalidad, reducir la impunidad, neutralizar la amenaza, aumentar la confianza, la credibilidad y la tranquilidad. Además, coordinar y fortalecer la capacidad de seguridad a los ciudadanos en materia de prevención del delito, difundiendo una imagen de proximidad y destreza con la sociedad, en colaboración con los interesados y las comunidades enmarcados dentro de nuestra realidad nacional fuera de los sistemas políticos.

Juntos trabajemos a favor da la paz y la convivencia pacífica.