De libre empresa y otros atracos al pueblo

Hace unos años, se multó con una suma millonaria a una de las corporaciones minera metálicas que viene convirtiendo los bosques colonenses en desiertos que abonan al calentamiento global. Hasta donde tuve conocimiento, dicha empresa ha evadido olímpicamente tal pago; pero, asumiendo que cumpla con este, el Estado (los grupos que lo controlan desde hace 40 años) le ha cedido 25 000 hectáreas adicionales para que aumente la destrucción de la biodiversidad de toda esa zona caribeña y parte de la coclesana; como quien dice, “hecha la ley, hecha la trampa”, solo que esta última trampa ha devenido en legal.

Aquí cabe la sentencia adjudicada a Frederic Bastiat (1848) que reza: “Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique”.

En efecto, el sistema político -decía hace poco el eminente jurista internacional veragüense, Santander Tristán- “debe requerir una tutela constitucional distinta a la actual; un modelo de Estado que tutele los intereses del país, del pueblo, no de intereses extranjeros” (2021). Es decir, lo que tenemos como administración de justicia no es la defensa de los intereses del país, menos los del pueblo y las clases trabajadoras, sino de las élites económicas. Y esta conducta es parte de la orientación jurídica que siguen los que administran justicia; dicho de otro modo, está en el espíritu mismo de quienes aplican las leyes. Por supuesto, se trata de la ética que caracteriza a quienes producen y aplican leyes en nuestro país, ética que ni siquiera es liberal, sino neoliberal, donde solo tienen derechos los de mayor poderío económico.

Así, si se aplica alguna que otra medida por razones de injustificada infracción de la Ley, como la que motivó la sanción millonaria a la actividad Minera de Petaquilla, la misma administración de justicia y el sujeto social que detenta el poder le encuentran opciones para recuperar con creces los dividendos que “pierde” por alguna multa impuesta por quebrantar una parte de la Ley. ¿Cuál transnacional se resistirá a tan dadivoso modelo de Estado para “invertir” en Panamá? Porque nuestros pequeños empresarios agrarios y urbanos no alcanzan a disfrutar de este dadivoso Estado.

Me decía un funcionario de Acodeco que ya se jubiló, que: “La verdad, somos expertos en sancionar a chinitos y pequeñas empresas, con las grandes se les ponen las cosas tan duras a los quejosos que todo está en su contra y terminan desestimando la denuncia y si no… de arriba nos hacen mirar pa' otro lado”. Y para qué hablar de la Defensoría del Pueblo… en esencia la misma cosa, no porque defiendan a las élites o a los denunciados, sino porque el sistema político y dentro de este la administración de justicia, está diseñado para que no prospere el derecho de los de “abajo” en la pirámide social.

Este esquema del sistema político no da mayor margen a que se introduzcan instituciones de “defensa del consumidor”, como lo dice creer una diputada para los efectos de transacciones bancarias, aduciendo que constituir una entidad en la ley panameña con tales propósitos evitaría el saqueo de los banqueros a los que somos sus consumidores.

Ergo, crear otra instancia de “defensoría de consumidores”, ahora en el plano del mercado bancario, no es otra cosa que o una cándida propuesta de ley o una iniciativa para distraer a los que sufrimos los saqueos de este clan de poderosas élites.

El argumento justificativo es que, en una economía capitalista de libre mercado y libre concurrencia, funcionan las “instituciones y normas que protegen a los consumidores, para los que son más fuertes (…) no abusen de sus posiciones de ventaja” (La Estrella de Panamá, 30/09/2021). Decir que libre mercado y libre concurrencia, en una economía oligopólica y monopsónica como la nuestra, es compatible con la satisfacción de intereses de los consumidores, particularmente de las clases trabajadoras, no es más que un artificio embaucador hacia la gente incauta.

Si esto es el sistema imperante, por tanto, allí donde el pueblo sufra alguna forma de saqueo de clanes de poder local y más aún transnacional, el resultado se reproducirá. Si no comprendemos la urgencia de refundar la República, sus atracos no se superarán con leyes distractivas.