Reformas y constituyente originaria

Para comprender la situación política estructural de nuestro país, debemos recurrir a la historia y de esa manera nos acercaremos más a nuestra realidad. Enunciarla se hace obligante y tomaremos como ejemplo los sucesos ocurridos en 1987, que analógicamente son símiles con los tiempos actuales.

En aquel entonces el coronel Roberto Díaz Herrera, atrincherado desde su casa, confirmaba todas las acusaciones en contra de Manuel Antonio Noriega, quien ostentaba el inventado cargo de General de Fuerzas, los señalamientos por crímenes, narcotráfico, corrupción y lavado de dinero lo perseguían incansablemente y más aún con los exactos señalamientos del coronel Díaz Herrera.

Rápidamente los sectores empresariales y los partidos, alejados del poder por 19 años, aprovecharon la coyuntura política, se organizaron y conminando a sus trabajadores y allegados se sumaron a las protestas y movilizaciones, tal cual la estamos observando hoy día.

Las convocatorias eran supremamente concurridas por organizaciones sociales, gremiales y sindicatos, mismos que después de 1989, junto con los miembros de la Cruzada Civilista, luego de la inhumana invasión, lograron su posicionamiento dentro del nuevo modelo político instaurado, denominado “sistema democrático”; los mismos actores de 1987, donde sus verdaderos protagonistas: sudaron, lloraron, derramaron sangre y murieron, fuimos utilizados para el derrocamiento de la narcodictadura, mientras los civilistas se autoexiliaron en Miami, Estados Unidos, retornando a tomar posesión de sus inversiones, jurando previamente a todo un país acabar con el narcotráfico, la corrupción y lavado de dinero.

Promesa que hoy, después de 34 años, ha sido incumplida, cuadriplicando estos activos propios del poder económico, que no son más que el concurso de los narcotraficantes, empresarios corruptos y el sistema financiero que capta los capitales para canalizarlos a través del financiamiento privado e imponer candidatos a puestos de elección popular desde presidentes hasta representantes de corregimientos, con el aval del Tribunal Electoral, que legalizó el clientelismo institucionalizándolo, además de ser los Órganos del Estado captados y cooptados por la criptocracia, líderes del poder económico que rayan en convertirnos en un narco-Estado o más reciente, en un Estado “Odebretchizado”, como varios países del continente.

Ni los miembros de la Asamblea ni funcionarios del Estado de alta jerarquía llegaron por combustión espontánea, ni por residuos ni cocientes, sino por la voluntad de los oscuros acaparadores de riquezas.

La solución es crear un Foro Constitucional Electoral que revise y reforme íntegramente todo el Título IV de la Constitución Política de la República de Panamá de cara a presentar estas recomendaciones como propuestas a una necesaria Asamblea Constituyente Originaria.

Mientras los civilistas y sus seguidores sigan convocando marchas “anticorrupción” netamente electoreras no acabaremos con este sistema corruptocrático, continuaremos sumidos en esta fosa de injusticias sociales y desigualdades donde impera la voluntad delincuencial. ¡Acción!