Atacando la causa del problema

El sobrepeso y la obesidad en Panamá son unas de las más altas del mundo, con una predisposición del 71.4 % (cifras oficiales del 2019). En un contexto histórico, esta cifra se cuadriplicó en 40 años de 18 % en 1980 a casi 72 % en 2019.

Eso se debió a varios factores. Primero, la desregulación del sector agrícola en países desarrollados a finales de los años 70 permitió el subsidio de grandes cantidades de maíz, sorgo, soya y trigo, las cuales se utilizan a precios bajísimos en el procesamiento de todos los alimentos, cargándolos así de calorías extras que no necesitamos. Segundo, la desregulación del sector financiero en los años 80 confirió a los accionistas de corporaciones la facultad de solicitar información y exigir resultados a sus ejecutivos, presionándolos para que fueran buenos y en el corto plazo. La forma más rápida de dar resultados en la industria de alimentos es crecer y vender más, independientemente de que sean productos de mala calidad o dañinos para la salud. Y tercero, la desregulación del sector publicitario en los años 80 permitió que los creativos en Madison Avenue pudieran inventar campañas publicitarias usando tácticas dirigidas a niños para promover comida chatarra.

Desde entonces, las personas han estado comiendo más calorías y peor calidad, y las empresas han estado produciendo más cantidades y no necesariamente productos más saludables. Los tres factores anteriores, junto con estas dos tendencias mutuamente contrapuestas, pero letalmente sincronizadas, han hecho que la obesidad se haya convertido en una epidemia y que todas las organizaciones y agencias dedicadas a promover salud hayan prendido una alarma para frenarla.

Desde hace varios años, y en la mayoría de los países del mundo, se ha creado una serie de medidas para mitigar esta epidemia, incluyendo el etiquetado frontal de advertencia nutricional, los impuestos a las bebidas azucaradas y las prohibiciones a la publicidad infantil de comida chatarra. En Panamá, existe un impuesto de 10 % a las bebidas azucaradas, sabemos que se presentó en la Asamblea Nacional un anteproyecto para implementar el etiquetado de advertencia, y aún no hay ninguna iniciativa para combatir la publicidad dirigida a niños. Cabe destacar que en los países donde ya existen estas medidas se ha bajado en parte el volumen de consumo de los productos a los cuales están dirigidas estas medidas, pero salvo una excepción, en ninguno se ha disminuido la tasa de obesidad.

Somos de la opinión que, si de verdad queremos atacar la causa del problema y frenar la obesidad, debemos apuntar a poder influir en el lado de la ecuación relacionada con lo que comemos. Tratar de reducir la cantidad de comida barata y subsidiada que producen las empresas, eso jamás lo vamos a poder cambiar ni controlar. La única posibilidad real es tratar de sensibilizar a la población sobre lo que come a través de más educación, no regulación.

Y eso es precisamente lo que hicieron las autoridades de Berkeley, California, el único sitio del mundo donde podemos decir con conocimiento que sí han disminuido los índices de obesidad luego de implementar medidas como el impuesto a las sodas y prohibiciones a la publicidad de comida chatarra. Y eso se logró porque los dineros recaudados del impuesto fueron correctamente utilizados para educar a la población en temas de alimentación saludable.

Entonces, ¿para qué crear una ley en Panamá que no cumplirá su propósito de frenar la obesidad? Nuestra propuesta con respecto al anteproyecto de ley 317 del etiquetado frontal de advertencia nutricional es que sea engavetado y en su reemplazo se redacte un texto nuevo que tenga fondo, espíritu, diente coercitivo, sentido común y propósito estratégico. Igualmente, sugerimos en esta línea de pensamiento aumentar el impuesto de las sodas a 35 % y además incluir dentro de un abanico impositivo, desde 15 % hasta 35 %, a todos los demás productos de comida chatarra. La clave aquí es que los dineros recaudados vayan a una cuenta del Tesoro Nacional que puedan utilizarse para programas de nutrición y alimentación saludable dirigidos a hogares y escuelas.

Sin duda que con esos dineros también se podrían subsidiar la producción y comercialización de frutas y vegetales, y así impulsar su consumo con precios más asequibles. Solo así, y no por medio de leyes absurdas, la población tendrá a la mano los elementos necesarios para elegir alimentos saludables y enfrentar con conocimiento la avalancha de comida malsana que se procesa con trigo, soya y maíz subsidiado, que a la larga lo que hace es que la comida sea más procesada, más adictiva y menos nutritiva, creándose así un círculo perjudicial que aumenta las enfermedades crónicas no trasmisibles y dispara los índices de obesidad.