Una política criminal o una política criminológica

El aumento y la gravedad de la criminalidad es un hecho que se ha negado por los Gobiernos de turno, a partir de los procesos democráticos de 1990, quizás porque han ignorado la vulnerabilidad de Panamá como país de tránsito, así como las características políticas, culturales, sociales y económicas, elementos que deben tomarse en cuenta para planificar una Política Criminal del Estado.

Y a propósito de la propuesta por parte del Estado de enfrentar la criminalidad a través del reciente proyecto presentado a la Asamblea Nacional, lo vemos con mucho interés, pues hasta la fecha no se ha elaborado una Política Criminal con seriedad objetiva y subjetiva, propias de su desarrollo, y especialmente en lo económico.

Partiremos explicando que, dentro de las Ciencias Penales, tenemos la Criminología, que estudia al crimen, al criminal, a la víctima y al control social, y que tiene por objetivo contrarrestar el comportamiento delictivo, tratando de suministrar una información válida sobre el origen, dinámica y variables del crimen, desde un problema individual y social, y ofreciendo respuestas al comportamiento delincuencial, con programas de prevención eficaz, técnicas de intervención positiva, desde la perspectiva de distintos tipos de Criminología, y entre las que podemos mencionar la Criminología general que estudia al delincuente, desde los fenómenos, etiología y consecuencias de la realidad delincuencial; y la Criminología clínica, que aplica los conocimientos, estudiando al delincuente con métodos, técnicas para producir un diagnóstico criminológico, un pronóstico social y un eventual programa de tratamientos, con miras a su posible rehabilitación.

De igual forma, tenemos, además, de la Dogmática Penal y la Penología, la Política Criminal, ciencia penal normativa, que se ocupa del delito y establece el conjunto de principios, estrategias, tácticas y medidas, fundadas en la investigación científica de que se vale el Estado para prevenir, reprimir y controlar la criminalidad, y cuya finalidad es distinta a la Criminología.

Así pues, el objetivo de la Criminología, en el marco de las Ciencias Penales, consiste en suministrar a la Política Criminal, como ciencia de síntesis y orientación, los conocimientos fácticos prácticos y empíricos referidos al delito, al delincuente, a la víctima, y al control social de la conducta antisocial.

La aclaración anterior es importante, porque el concepto, contenido y alcance de Política Criminal, como bien anota el maestro Pérez Pinzón (187:2001), ha sido mal utilizada para referirse como sinónimos de “profilaxis criminal, reacción social, control social y, sobre todo, el de política criminológica, al referirse a los usos que le presta la doctrina criminológica a la denominación “Política Criminal” (Pérez Pinzón: 187:2001).

El apuntar que Política Criminológica equivale o es sinónimo de Política Criminal, resulta absurdo, pues se trata de una confusión conceptual ya superada por la doctrina mayoritaria, basta recordar al propio Pérez Pinzón cuando afirma: “hay quienes prefieren hablar de Política Criminológica o anticriminal con el argumento de que esta apunta a las estrategias estatales tendiente a obstaculizar el delito, mientras que Política Criminal parecería comprender las tácticas y planeaciones desplegadas por los desviados en sus actividades delictivas” (Pérez Pinzón, 2001; 186).

En resumen: la Política Criminal es el conjunto de estrategias legales o no, adoptadas por el Estado en la prevención y represión de la criminalidad, o las fijas como una forma de tratar la criminalidad, a fin de que el Derecho Penal cumpla con su función protectora de la sociedad, como lo indican algunos autores nacionales y extranjeros, (Gil, Arango Durling, Mir Puig, Jescheck, Velásquez), respetando la libertad y las garantías ciudadanas, y de ello se ocupan los penalistas, penológos, criminalistas y criminólogos.