02 de Oct de 2022

Columnistas

Se requiere de una Acodeco combativa

En 1990, el nuevo gobierno democrático de Guillermo Endara Galimany deseaba reinsertar a Panamá en el mundo financiero internacional del que, como sabemos, nos habíamos apartado cuando el anterior régimen dictatorial de Manuel Antonio Noriega decidiera separarse de sus compromisos financieros y declararle la guerra al imperio.

En 1990, el nuevo gobierno democrático de Guillermo Endara Galimany deseaba reinsertar a Panamá en el mundo financiero internacional del que, como sabemos, nos habíamos apartado cuando el anterior régimen dictatorial de Manuel Antonio Noriega decidiera separarse de sus compromisos financieros y declararle la guerra al imperio. Para ello, los emisarios desde Washington exigieron a Panamá, entre otras cosas, abandonar el modelo de planificación centralizada que había caracterizado a nuestra economía durante veintiún años, y adoptar el modelo que la historia ya se había encargado de demostrar, era el único viable: el sistema económico de libre mercado.

La adopción de este modelo suponía, entre otras cosas, definir un mecanismo legal de protección al sistema de precios: la política de libre competencia, la cual fue introducida formalmente a nuestro sistema jurídico a través de la promulgación de la Ley 29 de 1996, con la creación de la CLICAC. La política de libre competencia es un mecanismo originado y desarrollado en los Estados Unidos para controlar los efectos no deseados de la acumulación del poder económico. Durante sus más de cien años de historia, se ha discutido arduamente cuáles deberían ser los objetivos hacia los que debería encaminarse. Actualmente, existe cierto consenso en torno a que la política de competencia debería encaminarse hacía conseguir el mayor bienestar posible para los consumidores.

Pero no en todos los lugares del mundo la política de libre competencia se encuentra encaminada hacía conseguir los mismos objetivos. En Japón, históricamente ella ha subordinado los intereses de los consumidores al fortalecimiento de sus productores locales. En los países de la antigua Unión Europea, se diseñó para promover la integración política y económica, así como para reforzar la competitividad de sus industrias. Y en los Estados Unidos, la política “antitrust” en el último medio siglo ha bailado al son de quién ocupa la Casa Blanca, siendo los demócratas los más beligerantes cazadores de cárteles y los republicanos los menos referentes.

Cuando en nuestro país se promulgó la Ley 29 de 1996, la entonces Asamblea Legislativa optó para que la política de libre competencia se encaminara hacía conseguir el mayor bienestar posible para los consumidores. Han pasado más de veinticinco años desde su promulgación y, sin embargo, aún los panameños no han llegado a comprender en qué consiste el objetivo por el que se ha optado, ni tampoco cuál es el rol que debe jugar la política de libre competencia para orientar nuestra economía hacía conseguir dicho objetivo. Lo anterior se debe a la forma en que por años los panameños y sus gobiernos operaron en una economía caracterizada por regulación de precios, políticas de sustitución a las importaciones, acuerdos de precio entre competidores y negociados entre compinches.

Todavía recuerdo cuando en 1997 y antes de presentar a la Corte Suprema de Justicia una demanda por $1 millón contra cada una de las cuatro empresas harineras por fijación de precio, lo primero que hicieron los dueños de esas industrias fue llamar al presidente de la República y quejarse de que funcionarios de las direcciones financiera, económica y legal de libre competencia de CLICAC habían allanado en forma simultánea sus instalaciones y decomisado libros contables y discos duros de computadoras. Por supuesto, el presidente de entonces, Ernesto Pérez Balladares, quien comprendía perfectamente la seriedad del asunto y del delito cometido por estas empresas contra las leyes del mercado, nunca se le ocurrió —ni creo que se atrevió— a llamar a ninguno de los tres comisionados que unos meses antes él mismo había designado y empoderado para hacer el trabajo necesario.

Es una lástima que la Acodeco (nombre adoptado por la Ley 45 de 2007) se haya convertido en una instancia meramente de control de precios, sin dientes ni fuerza, para promover la libre competencia y defender el bienestar de los consumidores. La finalidad de la política de libre competencia debe ser siempre conseguir el mayor bienestar posible para los consumidores, y el principal rol de una institución como la Acodeco debería ser siempre promover la libre competencia para orientar nuestra economía hacía conseguir dicho objetivo. Pero al quedarse circunscrita a una instancia de control y congelamiento de precios, ese rol es imposible. Por eso, cuando fuimos comisionado de la CLICAC, nuestro principal objetivo fue desincentivar y castigar aquellas prácticas comerciales que generaban costos de eficiencia y pérdidas de bienestar al consumidor, logrando varias investigaciones por prácticas monopolísticas y varias demandas ante los tribunales de justicia.

Y nunca olvidemos que la misión de la política de libre competencia es garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de precios y mantener la confianza de los agentes económicos en que la mejor forma de generar bienestar social es orientar el sistema económico hacia el mercado. Cualquier otra cosa sería contradictoria para el mercado y perjudicial para los consumidores.

Excomisionado de la CLICAC de 1996-2000