El espejismo de la Constituyente (I)

Algunos, porque su intención es seguir abonando sus planes de desestabilizar el país, seguirán insistiendo en que la única opción para superar la actual coyuntura nacional es convocar a la que llaman una asamblea constituyente originaria. Otros, muy pocos y ocasionalmente, tal vez, porque no han analizado detenidamente el alcance y consecuencias de emprender ese camino, suelen sentirse atraídos por la idea y la secundan. La mayoría del país, que ni siquiera ha leído el texto constitucional vigente, escucha a unos y otros sin tener ningún criterio definido.

En las pasadas elecciones del 2019, el tema de las reformas constitucionales o de la constituyente, ocupó espacio en los discursos electorales. Como un importante antecedente a tener en cuenta, conviene recordar que los dos candidatos, Cortizo y Roux, que, combinados, lograron dos tercios de los votos, proponían reformar la Constitución vigente; pero no asambleas constituyentes, ni originarias ni derivadas.

Y también es oportuno recordar que los candidatos que hicieron parte central de sus discursos electorales la convocatoria de una asamblea constituyente, sin aclarar, si era originaria o paralela, Lombana y Blandón, aproximadamente, sumaron el otro tercio. Pero todavía más importante es recordar que el candidato que se desgañitó diciendo que el pueblo demandaba una asamblea constituyente originaria, no sumó, ni siquiera, el 1% de los votos.

Desde luego, no vivimos en la víspera de las elecciones del 2019 y en política nada es estático. Pero tampoco es dable ni saludable improvisar al calor de las circunstancias actuales. El país necesita de muchas reformas, tanto para atender los factores que dieron lugar a las últimas confrontaciones como para reparar fallas estructurales del tejido institucional. El reto es cómo hacerlo bien, cuándo, cómo y por quienes.

En primer lugar, el país, aunque no se haya declarado oficialmente abierta la campaña electoral, se encuentra inmerso en la lucha por el futuro control del poder político. Si se tiene en cuenta que de acuerdo con las estadísticas que publica el Tribunal Electoral 1,622,000 ciudadanos y ciudadanas, o sea, entre el 55% y el 60% del censo electoral, está inscrito en los partidos que contenderán en las elecciones para las que solo faltan 20 meses; y si asumimos que esos futuros votantes responden a sus dirigencias y, en consecuencia, les interesa retener o conquistar el poder, también hay que asumir que entre sus prioridades no está interrumpir la consecución de esas aspiraciones intercalando la convocatoria a una asamblea constituyente que las descarrilaría.

En cuanto al otro 40% o el 45% que no está inscrito en los partidos políticos, si como presagian los primeros indicios, la recolección de firmas por los aspirantes a la libre postulación captará un alto porcentaje de esos no inscritos, es razonable estimar que su prioridad no será la convocatoria de asambleas constituyentes sino la elección de candidatos que rivalicen y eventualmente depongan a los que representan el continuismo de los partidos tradicionales.

El segundo aspecto a tener en cuenta, cuando se proponen asambleas constituyentes, de cualquiera sea la clase que sean, es que nadie puede garantizar que el producto que finalmente pudieran crear sea la solución que conviene al país. Y la razón es que nadie puede garantizar la calidad ni el patriotismo de los constituyentes que se elijan. Para comenzar, toda asamblea constituyente es, por su esencia, soberana de hacer lo que a ella bien le parezca. Bien puede, si así lo estima, decretar la extinción de los mandatos de las autoridades en funciones, nombrar otras que las sustituyan y asumir poderes dictatoriales.

En tercer lugar, convocar asambleas constituyentes, en circunstancias como las que actualmente vive nuestro país, aunque a algunos, descartados los iconoclastas cuya única consigna es derrumbar el estado vigente, pueda parecerles una vía conveniente o hasta necesaria, es, en el fondo, una confesión de nuestra incapacidad como sociedad para entendernos; una posposición irresponsable para no asumir los retos que enfrentamos como nación.

En cuarto lugar, convocar asambleas constituyentes sin un debate previo sobre lo que queremos cambiar en el estatuto fundamental sería, igualmente, irresponsable. Ese debate previo es absolutamente necesario. Hablar, como hacen algunos, de reemplazar totalmente la actual constitución o de constituciones nuevas o de que estamos regidos por una constitución militarista también carece de objetividad. Cualquier ejercicio intelectualmente serio del tema constitucional arrojaría indefectiblemente como resultado: 1). Que las constituciones nuevas solo pueden darse cuando nace un nuevo estado o cuando estos cambian hacia una posición ideológica diametralmente opuesta, como son los casos de Cuba o Venezuela 2). Que los cambios que requiere nuestra constitución, conceptuales y no adjetivos, no suman a más de 10 y 3). que seguir calificando de militarista a la constitución vigente es una prueba de no haberla leído; la constitución de 1972 dejó de existir por virtud del Acto Constitucional de 1983, que no solo fue producto de un amplio acuerdo de las fuerzas políticas entonces vigentes, sino que, además, fue ratificado ampliamente por la voluntad popular, en un referéndum especialmente convocado para ese propósito.