Panorama 2024: '¡Gran cita con la patria!' (I)

No será la primera y tampoco la última vez en que así denominemos un momento crucial de nuestra historia; pero, tal vez, pocas veces será tan apropiado usar ese calificativo como cuando, el 5 de mayo de 2024, todos los panameños y panameñas, con solo nuestra conciencia como testigo, entremos al espacio privado y reservado en el que nos tocará decidir, con nuestro voto, a quienes vamos a confiar el futuro de nuestro país para los siguientes cinco años.

Para los comicios del 24, es previsible que de los tres millones (cifra redondeada) en que se estima el censo electoral, de 700 000 a 800 000 no responderán al llamado a las urnas. Quienes así lo decidan, tendrán diferentes motivos, pero, por su trascendental importancia, creo que la cita electoral de 2024 debemos asumirla como un deber patriótico.

Desde la restauración de la democracia formal electoral y contando desde 1994, hemos concurrido a las urnas seis veces. En cada uno de esos eventos se depositaron y se contaron los votos. Los resultados aseguraron el acceso al poder de Gobiernos constitucionalmente legítimos; pero no siempre representativos que, además, han contribuido muy escasamente a consolidar nuestra institucionalidad democrática.

Algunos achacan ese saldo negativo a que, durante el primer Gobierno posdictadora, el de Guillermo Endara, no se convocara una Asamblea Constituyente. Ese reclamo, de tiempo en tiempo, ha sido bandera de varios candidatos, durante los procesos electorales posteriores; y probablemente reaparecerá en la campaña en curso. Pero, el exiguo apoyo, apenas superior al 10 %, que recibieron los candidatos que hicieron de la convocatoria de la constituyente su principal propuesta electoral, comprobó, como un hecho incontrastable, que esa está muy lejos de ser la prioridad del pueblo panameño.

El 2023 será, por excelencia, un año preelectoral y varios aspirantes han saltado a la palestra; y es políticamente saludable que así sea. De no producirse las tradicionales alianzas, eventualmente, podríamos tener hasta 12 opciones presidenciales para escoger. Pero esa posibilidad es remota; contra ella conspiran las normas electorales vigentes, deliberadamente impuestas para favorecer la elección por mayoría simple, que, como hemos comprobado en varios torneos electorales recientes, produce Gobiernos legalmente legítimos, pero de muy relativa representatividad y, por tanto, de comprometida eficacia.

Como pinta el panorama, pareciera que los electores comienzan a asumir que las opciones presidenciales rondarían a 7 u 8, sumando a las posibles alianzas, las tres de libre postulación. Ahora, ¿son las alianzas un desiderátum? Mi respuesta es que no. Si en Panamá funcionara el sistema de doble vuelta, cada candidato o candidata competiría por separado y los electores, en la primera ronda, votaríamos por el o la que consideremos mejor; y todavía, en la segunda, podríamos escoger entre los dos finalistas más votados. Esa alternativa, con seguridad alentaría una mayor concurrencia a las urnas.

Un hecho real, es que, con el actual sistema, los electores han tendido a varias conductas consecuentes: a) abstenerse de votar, en el 24 la harán no menos de 750 000 ciudadanos y ciudadanas; b) votar en blanco; c) anular el voto, para repudiar el sistema o; d) votar por la opción que se oponga a la partidocracia.

¿Pero cuál sería el escenario político si en Panamá estuviera institucionalizada la doble vuelta? En primer lugar, aunque pudieran darse, las nefastas alianzas tenderían a no ser necesarias. En segundo lugar, para cada una de las opciones electorales, partidarias o de libre postulación, sería más atractivo competir por separado y así poder demostrar su fuerza electoral, que, además, tendría, como efecto conveniente, mejores posibilidades de conseguir diputaciones, alcaldías y representaciones de corregimiento. Y, en tercer lugar, pero aún más importante, ganaría la democracia, por cuanto el pueblo elector sería el protagonista, con libertad para escoger, fuera de los encajonamientos que le impone el actual sistema electoral.

En los sistemas democráticos el valor fundamental es el derecho del pueblo a elegir, pero a elegir con absoluta libertad. Esa libertad disminuye y hasta desaparece o se convierte en caricatura cuando es cercenada mediante las limitaciones que les imponen las fuerzas políticas organizadas en los partidos. En nuestro caso los inscritos en estos rondan el 55 % del electorado; lo que significa que, a los no inscritos, sin que se nos consulte ni se nos tome en cuenta, se nos imponen las opciones entre las cuales podemos elegir.

Recientemente, se ha anunciado con gran publicidad un Pacto Ético Digital, tendiente a evitar, mediante un compromiso moral, que se falseen noticias o se desinforme al electorado. La medida, aún siendo positiva, se queda corta, pues la esencia del problema son las distorsionadas reglas electorales. Si estas no son reformadas, el pueblo nunca recuperará la libertad para elegir. Ese es el meollo de la cuestión. Y lo que corresponde es que le exijamos a las dirigencias políticas, de todos los signos y colores, que nos devuelvan el derecho a escoger libremente, mediante un sistema de doble vuelta y que seamos los votantes, todos, los que escojamos entre propuestas diferenciadas, que sean presentadas por separado y que expliquen y sustenten por qué se proclaman como mejor preparados que sus contendores para gobernar.

Para convencernos de que las dirigencias políticas creen en el pueblo y lo respetan, no nos impongan alianzas que no son otra cosa que repartos anticipados del poder y del Presupuesto. La verdadera democracia es que el pueblo escoja; pero sin encajonamientos ni carriles prefabricados.