¡Fuera del Darién! Panamá no es letrina de EE. UU.

La noticia que corre por la NBC, según la cual tropas de EE. UU. serán enviadas al Darién para “ayudar” a nuestros estamentos de policía y seguridad nacional, ha encendido las alarmas. Se han pronunciado Felipe Camargo y José Hilario Trujillo, de las extintas Fuerzas de Defensa de Panamá; Dídimo Escobar, de El Periódico de Panamá y Anayansi Turner, del diario El Siglo.

El pueblo panameño obtuvo victorias contra EE. UU. en 1947, 1958-1959, 1964, 1974 y 1977. Esas victorias fueron borradas con la invasión genocida de EE. UU., el 20 de Diciembre de 1989, que segó la vida de entre 4000 y 6000 panameños, civiles no combatientes en su gran mayoría, según la Comisión Independiente de Ramsey Clark, exprocurador bajo John Kennedy.

La invasión hizo retroceder a Panamá como Estado soberano, al punto de que se nos califica como un protectorado en el que predomina una oligarquía.

Altos funcionarios de EE. UU. presionan para que el Pentágono envíe tropas al Darién, pero Felipe Camargo y José Hilario Trujillo, ambos especialistas en Inteligencia de las extintas Fuerzas de Defensa de Panamá, dan a entender que no es que las tropas norteamericanas han vuelto, sino que nunca se han ido.

Para Camargo, la frontera de interés de EE. UU., ya no es la de México, sino la de Panamá y Colombia. “Están desde hace varios años y Gobiernos, desde Mireya Moscoso”, dijo. “Se firmaron pactos y acuerdos, bajo la excusa del entrenamiento y del apoyo humanitario. Hay una militarización de EE. UU. disimulada acá en Panamá y por varios Gobiernos” (La Estrella de Panamá, “EE. UU. intensifica presencia en Panamá debido a penetración china y de la izquierda de Sudamérica”, 29 de mayo de 2023).

Razón tiene el mayor Camargo, pues fue la presidenta Moscoso quien firmó los FPPS (Fundamentos para la Seguridad) que pusieron a Panamá bajo la bota militar de EE. UU. Los FPPS fueron firmados mansamente como borregos por todos los partidos políticos, incluyendo a Martín Torrijos por el PRD y la Democracia Cristiana.

Por su parte, Dídimo Escobar señala que, “las fuerzas de Seguridad en Panamá, absorben la friolera de casi 1500 millones de dólares anuales del presupuesto nacional”, en tanto que “el último presupuesto de las Fuerzas de Defensa, que resolvían eficazmente nuestra seguridad pública, ascendía a solo 120 millones de balboas anuales”. ¡Es decir, que hoy gastamos 12.5 veces lo que las FDP bajo la “dictadura” de Noriega! (El Periódico de Panamá, “No se puede jugar con nuestra soberanía”, 27 de mayo de 2023).

Al respecto, la Dra. Anayansi Turner, apunta que, “la difusión de esta noticia coincidió con la donación de 63 vehículos militares valorados en $5 millones de dólares, más $3 millones en repuestos, realizada por el Ministerio de Defensa de EE. UU., al Ministerio de Seguridad Pública panameño, el 25 de mayo de 2023”.

La columnista y docente nos recuerda que EE. UU. había establecido el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan) y la Fuerza Marítima Conjunta (FMC), a partir de una Carta de Entendimiento entre el Minseg y la Embajada”, que era una transacción, a nuestro juicio, ilegal.

Como hemos sostenido, “el arreglo complementario Salas-Becker es la base de la Coordinadora Regional de Operaciones Aeronavales (Croan)”, y ésta es, a su vez, una mala copia del Centro Multinacional Antidrogas (CMA), que el pueblo rechazó (Julio Yao, “Panamá: ¿independiente, neutral, protectorado o satélite?, La Estrella de Panamá, 9 de mayo de 2021).

La Dra, Turner nos recuerda que, “nuestra Carta Magna, desde las reformas constitucionales de 1994, establece que nuestro país no tiene ejército, sino servicios de policía (artículo 310). Por otro lado, el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá prohíbe literalmente la presencia de fuerzas militares extranjeras en nuestro territorio (artículo V)”.

Pero la degradación integral del Estado panameño va más allá: “Durante el Gobierno de Mireya Moscoso (1999 – 2004), en el año 2003, Panamá firmó un acuerdo con EE. UU., donde los ciudadanos estadounidenses, incluyendo soldados y oficiales de su ejército no pueden ser detenidos en Panamá y menos aquéllos solicitados por la Corte Penal Internacional” (José De la Rosa Castillo, “Panamá otorga inmunidad diplomática a soldados de los EE. UU.”, Bayano Digital, 28 de enero de 2018).

Peor aún: ¡Panamá no puede enjuiciar a ningún militar norteamericano por violar o asesinar a una panameña! Debe entregarlo al Comando Sur, y ¡colorín colora'o, este cuento se ha acabado!

EE. UU. mantiene no menos de ocho FOL (Forward Operating Locations), que son la nueva denominación de bases militares, en ambos océanos y en territorio continental, en violación del Tratado de Neutralidad y la soberanía panameña. ¡Toda una burla a nuestro pueblo!

Para colmo, el representante de Chile en el Observatorio de la Escuela de las Américas (SOAW), nuestro colega, Pablo Ruiz, coordinador de la Revista “Derecho de Vivir en Paz”, nos advierte que, “representantes de 11 países participan en Panamá en la apertura del encuentro regional de egresados del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Whinsec) (antigua Escuela de las Américas), en el que participan Belice, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, EE. UU., Guatemala, Honduras, República Dominicana, Paraguay y, “last but not least”, ¡Panamá!

Al parecer, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico -una colonia pendiente de independizar– pareciera contaminar nuestro futuro, ya que tanto la embajadora o proconsulesa de EE. UU. aquí, Mari Carmen Aponte, como nuestra primera dama, son ambas naturales de borinquen.

¿No fue la embajadora quien exclamó, desde el primer día, que su primer deber en Panamá era acabar con la corrupción? ¡Enhorabuena! Pero le recordamos que no existe peor corrupción que destruir la soberanía de un país.