Crisis penitenciaria: la Policía toma el control y desvirtúa la resocialización

Una denuncia sobre la ilegal apropiación del Sistema Penitenciario por parte de la Policía Nacional y la amenaza de una agenda oculta que podría destruir su esencia civil y humanista. La Ley 55 de 2003 y el Decreto Ejecutivo 393 de 2005 constituyen la base jurídica del sistema penitenciario panameño. Ambos cuerpos legales conciben el sistema como un proceso científico, técnico y progresivo orientado a la resocialización del privado de libertad, bajo una administración civil especializada y respetuosa de los derechos humanos. Panamá, incluso en el derecho comparado, es reconocida por contar con una legislación penitenciaria garantista, donde se establece que la pérdida de la libertad no implica la pérdida de la dignidad ni de los derechos fundamentales.

El artículo 100 de la Ley 55 es claro: la Policía Nacional solo debe encargarse de la seguridad externa e interna de los centros penitenciarios, mientras la administración, tratamiento y programas de resocialización corresponden al Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Para ello se creó la Carrera Penitenciaria, que forma personal civil idóneo en áreas como educación, trabajo, salud, deporte y rehabilitación.

Sin embargo, desde 2021, aprovechando la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, la Policía Nacional asumió el control de facto de los centros penitenciarios. Aquella medida, entendible en un contexto de emergencia, debió cesar cuando terminó el estado de excepción en 2022. Lejos de hacerlo, el control policial se ha consolidado hasta convertirse en un sistema bicéfalo e ilegal, donde uniformados —sin formación penitenciaria— dirigen funciones administrativas, educativas y disciplinarias que la legislación reserva al personal civil.

Esta situación, mantenida ya por más de tres años, viola el principio de legalidad y destruye la finalidad resocializadora del sistema penitenciario. La lógica policial, ajena a la ciencia penitenciaria, ha reemplazado el tratamiento técnico-progresivo por un régimen de custodia y coerción. Las consecuencias son visibles: suspensión de programas educativos, desarticulación de las juntas técnicas, estancamiento en las evaluaciones de conducta y una creciente deshumanización del trato hacia los privados de libertad.

La creación de la figura ilegal de “Director Penitenciario” dentro del Ministerio de Seguridad sugiere más que un error administrativo: apunta a una agenda oculta para trasladar todo el sistema penitenciario a dicho ministerio, en lo que podría convertirse en un negociado institucional que responda a ambiciones personales y cuotas de poder. De concretarse, ello destruiría décadas de avance y anularía el carácter civil, técnico y humanista del sistema.

Ojalá la ministra Dinoska Montalvo, cuya gestión ha significado un verdadero rescate de la dignidad de los privados de libertad, detecte a tiempo esta maniobra que amenaza con echar por tierra su labor.

Urge restablecer el orden legal: devolver la administración penitenciaria al Ministerio de Gobierno y relegar a la Policía Nacional a su función legítima de seguridad perimetral. Mantener este control híbrido e ilegal perpetúa un modelo que niega la resocialización y traiciona el espíritu garantista de nuestra Ley.