¡Mejor equipar las cárceles con cocinas!

Injustificada, inconstitucional y carente de sentido social y práctico es la anunciada licitación para contratar una empresa que suministre, por un plazo de 10 años y por un total de 441 millones, la alimentación diaria (desayunos, almuerzos y cenas) a las cerca de 30 000 personas: 25 000 reclusos, más los guardias, custodios y personal administrativo y de servicio de los centros penitenciarios. Y preocupante, además, es que esa convocatoria se haga con un plazo perentorio, pues las propuestas deberán presentarse en un par de semanas.

Es de suponer que cuando se convoca a una licitación de esas especiales características deban haberse considerado parámetros básicos que garanticen, primero, su viabilidad y, segundo, que el Estado obtendrá el mayor beneficio del producto o del servicio contratado. Ambos aspectos parecen haberse ignorado.

En el caso de esta muy particular licitación, para que una empresa pueda garantizar que entregará, puntualmente, en todos los centros penitenciarios, 90 000 comidas diarias, esta debe contar con las instalaciones adecuadas para prepararlas y transportarlas. Eso, sin tomar en cuenta los alimentos que deberá comprar, almacenar y conservar en condiciones de ser utilizados con aprovechamiento.

No es desacertado suponer que ninguna empresa tiene instaladas y disponibles, de manera comprobada, esas capacidades para acreditarlas antes de esa licitación. Por tanto, deberán crearlas y para eso necesitarán comprar equipos, construir sitios de almacenamiento, entrenar personal, crear o contratar una flota de transportes y mucho más. Y también es razonable suponer que las ofertas de las empresas que pudieran entrar a la licitación comprenden las inversiones que harían para estar en capacidad de cumplir con la entrega del objeto de la licitación.

En resumen, esos aspectos específicos debieron haber sido debidamente evaluados por el Ministerio de Gobierno, pues de haberlos sopesado debió haber optado por la alternativa, más razonable y productiva, de que el Estado invierta en instalar cocinas en las cárceles en las que directamente se preparen las comidas de los reclusos y de todas las otras personas que son parte del sistema.

Tradicionalmente, instituciones, como los hospitales e internados, han tenido dentro de sus instalaciones las cocinas en las que se preparan los alimentos para los pacientes, su personal e internados, considerándose esa actividad como necesaria y consustancial para su normal funcionamiento.

Nuestra Constitución, en el artículo 28, dice lo siguiente:

“Artículo 28.- El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”.

“Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad.

Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación”.

Una recta interpretación y consecuente aplicación del texto constitucional, impone al Estado la obligación de capacitar a los detenidos en oficios que los ayuden a su reinserción en la sociedad. Aprender a procesar alimentos, desde seleccionarlos hasta su elaboración final y a servirlos correctamente es un área en la que podrían formarse muchos reclusos.

En síntesis, el Gobierno debiera reconsiderar y descartar la eventual contratación de una empresa privada para que se encargue de suministrar la alimentación en las cárceles. Más provechoso y rentable a futuro es que se invierta en construir y equipar los centros de reclusión con cocinas adecuadas en las que, además de preparar las comidas de los reclusos y del personal que trabaja en los centros penitenciarios, estas sirvan de escuelas para capacitar en una actividad laboral que tiene comprobada demanda en nuestro país. Y si esa actividad se complementara con huertos en los que se cultiven, por los mismos reclusos, algunos de los insumos para preparar los alimentos, los resultados serían aún más ventajosos, económica y socialmente.