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El próximo 22 de octubre se cumplirán veinte años de una decisión trascendental. Aquel domingo de 2006, los panameños aprobamos mediante referéndum la ampliación del Canal, decidiendo soberanamente sobre el futuro de nuestro principal patrimonio estratégico.
Habían transcurrido menos de siete años desde que asumimos plenamente su administración. Sin embargo, para muchos ciudadanos el Canal seguía siendo una isla dentro del país: conocían su existencia, pero no necesariamente su importancia para el comercio mundial, sus aportes económicos ni cómo podía mejorar sus vidas.
La campaña del referéndum acercó esa realidad a la ciudadanía, pero también planteó una inquietud: ¿qué destino estaba teniendo la riqueza generada por el Canal? Esa preocupación conectaba con una convicción que promovíamos desde 2005, durante mis dos períodos como presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede): Panamá necesitaba un Plan Nacional de Desarrollo, fruto de una concertación incluyente, que trascendiera los gobiernos y tradujera el crecimiento económico en desarrollo humano y social.
Desde la Apede concebimos e impulsamos esa iniciativa. El 6 de julio de 2006 reunimos, en nuestra antigua sede de avenida Balboa, a representantes de todos los sectores nacionales. Allí planteamos: “El enfoque no es entonces si ampliamos o no; el enfoque es para quién ampliamos, y cuál es el significado social de dicha ampliación”.
El 10 de julio de 2006 comunicamos formalmente el consenso alcanzado al presidente Martín Torrijos, solicitándole asumir el liderazgo institucional. El 16 de agosto convocó la Concertación Nacional para el Desarrollo, con la facilitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Concluido mi segundo período al frente de la Apede, aprovechamos la oportunidad de participación abierta por el Tribunal Electoral y constituimos, en agosto de 2006, la Alianza por un Sí Social e Integral (Así Sí), agrupación ciudadana independiente que promovía el voto afirmativo a la ampliación.
Nuestro mensaje era inequívoco: Sí a la ampliación, sin condiciones. Y Sí a convertir la riqueza adicional que generaría en desarrollo humano y social.
Con recursos modestos y aportes en especie, recorrimos provincias, comunidades apartadas y territorios indígenas. Nos acompañaban técnicos de la Autoridad del Canal de Panamá, quienes explicaban el proyecto y respondían preguntas.
Encontramos ciudadanos que desconfiaban del destino de los recursos públicos. Al conocer que el Canal había aportado cerca de dos mil millones de dólares al Tesoro desde su transferencia, preguntaban dónde estaban los resultados. Si no percibían sus beneficios, ¿por qué creer que los miles de millones adicionales proyectados con la ampliación tendrían otro destino?
Algunos pensaban votar No, no por rechazar necesariamente la ampliación, sino por desencanto con los gobernantes.
Les decíamos que el Canal era nuestra gallina de los huevos de oro, nuestro petróleo. No tenía sentido renunciar a ampliar nuestra principal fuente de riqueza por desconfianza hacia quienes administraban los recursos del Estado. Para expresar ese descontento estaban las elecciones generales de 2009; el referéndum decidía sobre una oportunidad histórica para las presentes y futuras generaciones.
No pedíamos confianza ciega en los políticos: proponíamos asegurar esa riqueza y comprometernos a destinarla al desarrollo humano y social mediante una estrategia nacional que trascendiera los gobiernos.
Así Sí fue un esfuerzo colectivo. Recuerdo con aprecio a Bruno Miguelena, Henry Pozo e Irvin Halman, entre otros muchos colaboradores.
Tras el referéndum, convocamos una conferencia de prensa para rendir cuentas públicamente de los recursos recibidos y utilizados. Hasta donde recuerdo, ninguna otra agrupación promotora del Sí o del No hizo lo propio. La transparencia debía comenzar por nosotros mismos.
El 22 de octubre de 2006, una amplia mayoría aprobó la ampliación. Fue una decisión histórica y valiente: los panameños asumimos el desafío de financiar y ejecutar, bajo nuestro liderazgo, una obra monumental que permitió el tránsito de buques neopanamax, ampliando las posibilidades del comercio marítimo mundial. El 26 de junio de 2016, el Canal ampliado comenzó operaciones.
Desde su transferencia hasta el año fiscal 2025, el Canal ha aportado más de 31 mil millones de dólares al Tesoro Nacional. Sus resultados nos llenan de orgullo por la capacidad de sus trabajadores, ejecutivos, administradores y juntas directivas, cuyo profesionalismo ha fortalecido una institución admirada internacionalmente.
La reciente designación de la ingeniera Ilya Espino de Marotta, primera mujer en asumir su administración tras 41 años de meritoria trayectoria institucional, expresa también esa capacidad profesional.
Esos recursos, una vez transferidos al Tesoro Nacional, quedan bajo la responsabilidad de los gobiernos de turno, a quienes corresponde administrarlos e invertirlos con eficiencia, transparencia y visión de Estado. La pregunta de hace veinte años sigue vigente: ¿estamos convirtiendo suficientemente esos aportes en educación, salud, bienestar y oportunidades para todos?
La ampliación demostró nuestra capacidad para emprender grandes proyectos nacionales. El desafío es que sus beneficios contribuyan efectivamente a reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida.
Hace veinte años dijimos Sí a la ampliación. Hoy debemos renovar el compromiso que inspiró a Así Sí: que los recursos que nuestro Canal aporta al Estado se traduzcan, cada vez más, en desarrollo humano y social para todos los panameños.