Alto a la criminalización de la protesta

La defensa del derecho a la salud, a las condiciones laborales, a una pensión digna y justa. Los gobernantes tienen el deber de respetar la posición asumida por los trabajadores, los educadores y por toda la sociedad.

El 12 de abril, más de 500 compañeras y compañeros del Suntracs realizaban una distribución de volantes en avenida Balboa y fueron reprimidos, detenidos y llevados a la casa de paz a más de 500 de ellos y las trabajadoras fueron irrespetadas por los policías.

El bastión de lucha ubicado en la ciudad de Panamá, frente a la estación del Metro, en la Iglesia del Carmen, donde se reúnen los docentes de la ciudad de Panamá, las “Unidades de Control de Multitudes” lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones. A las compañeras las agarraban y al defenderse caían al piso y luego se las llevaban detenidas. La forma tan violenta en que maltrataron a las educadoras la repudiamos de la manera más enérgica, a la vez que exigimos justicia y respeto.

Las y los estudiantes de la Universidad de Panamá han sido igualmente reprimidos por luchar en contra de la Ley 462, el memorándum de entendimiento entre el Sr. Frank Ábrego y los gringos, por el cierre definitivo de la mina, en contra de las inundaciones de comunidades de Río Indio que pretenden inundar para darle agua al Canal. Los 52 lugares poblados que serán afectados directamente por el proyecto de embalse tienen 749 viviendas, estas fueron censadas arrojando un total 2.364 personas, obteniendo un resultado de 84,51 % en contra de los embalses.

Las cuentas del Suntracs se las tienen cerradas desde el 13 de noviembre de 2023 y los fondos del Seguro Educativo, que por Constitución y ley reciben las centrales sindicales para su financiamiento y capacitación sindical, la cual no han entregado a las centrales. Estos son los puntos que demandan los sectores populares, no tenemos agendas ocultas. También han salido los estudiantes universitarios, a ellos los han reprimido con bombas lacrimógenas, perdigones, y al compañero Eduardo García se le tiene sanción de expulsión de cinco años de la Universidad de Panamá, la cual consideramos una sanción injusta.

Arimae es una población emberá-wounaan digna y luchadora, que ha sido sitiada por cientos de policías, de igual manera las comunidades guna Periatí han sido reprimidas con bombas de gases lacrimógenos. Los videos que se han podido ver reflejan la saña que este gobierno tiene en contra de los pueblos originarios.

Nunca habíamos visto que se llevaran a compañeras indígenas detenidas, sacadas esposadas, con grilletes en las piernas como si fuesen delincuentes.

La valentía de la policía ha sido congraciarse con las mujeres, como para dar un escarmiento. Están muy equivocados, el ejemplo dado por Victoriano, Nele Kantule y tantos otros que han luchado por su comarca, su tierra y hoy en contra de la Ley 462 da como resultado que los siete pueblos indígenas participen defendiendo a su comunidad y el derecho a una Caja de Seguro Social solidaria, con una tasa de reemplazo del 60 % sin privatizarse.

Los compañeros ngäbes han recibido la represión en el bastión de Pacora, en Ojo de Agua, Viguí, San Félix, Tolé, donde a una compañera le explotó una bomba lacrimógena en el brazo derecho y un compañero perdió un ojo. La unidad de los caciques de tierras colectivas y la Coordinadora Nacional de los pueblos indígenas, en conjunto con los educadores, trabajadores de la construcción, y los diferentes sectores como los trabajadores de las bananeras, nos demuestra que no son cuatro gatos. La represión sufrida por los educadores a quienes les han suspendido sus salarios, las amenazas y el hostigamiento que se ha tenido para que retornen a clases, cuando algún compañero regresa, lo hacen firmar todas las ausencias injustificadas. Por ello llamamos a todos los compañeros que retornan que al finalizar la huelga hay un acuerdo de terminación (finiquito), de la misma que debe tener la devolución del salario, el pago del tiempo, que no haya represalias, entre otros.

Esta lucha tiene dos responsables, el Sr. presidente José Raúl Mulino, quien piensa que el país es de su propiedad, y los 48 diputados que votaron a favor de esa Ley 462. Las movilizaciones y la huelga por el sindicato de las bananeras (Sitraibana), el pueblo bocatoreño con los educadores, Chiriquí, Veraguas, en Los Santos, Herrera, Coclé, Colón. Panamá Oeste y Este en las comarcas y en la provincia de Darién, en Santa Fe. Los campesinos hicieron una movilización en bote en Río Indio.

Exigimos que se respete la democracia y los derechos consignados en la Constitución.