¡La antorcha de la seguridad social y la salud no debe apagarse!

Hoy, me someto al escrutinio público, haciendo uso del derecho ciudadano del cual gozo como panameño.

Quiero empezar por mencionar que, como resultado del convocado y concluido diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS), he prestado debida atención a opiniones, comentarios y publicaciones que, en consenso, determinan el calificativo de “un rotundo fracaso de este”. Como es lógico, se acentúa un alto nivel de preocupación con visos de desatar una reacción convulsiva y peligrosa a nivel de todos los asociados que aportamos y dependemos de nuestra antorcha de seguridad social y garantías de salud.

No se ha descubierto el agua tibia, por supuesto que era la desesperanza anunciada, pero un país con recursos humanos, aunque dormidos y/u obnubilados por algunas falsas promesas no se vale que nos demos por vencidos y decepcionados sin dar un paso al frente o los necesarios para meter el hombro, las manos y nuestro intelecto como pueblo con la facultad suprema y ante cualquier circunstancia actuar como apoyo a las causas justas y soluciones, menos cruzarnos de brazos.

Yo, Nelson W. Pitty M., me dirijo, con el debido respeto y con la humildad que me caracteriza, al señor presidente de la República, don Laurentino Cortizo Cohen, para proponerle una solución para la CSS, creo absolutamente que en su calidad de ciudadano presidente, bajo la majestad de su cargo, no excluye a ningún ciudadano panameño, de tal manera que, con la aceptación o no de algunos, su primordial función es velar constitucionalmente por todos y cada uno de nosotros.

En base a lo expresado en mi aseveración anterior, quiero proponerle una solución al esquema legal y jurídico aparentemente a punto de colapsar de la CSS, no soy especialista en normas y leyes orgánicas, y mucho menos despreciaría los esfuerzos y aportes con objetivos positivos legales y jurídicos de quienes a lo largo de más de seis décadas han sustentado y soportado el manejo, recaudación y administración de la CSS.

Reitero mis comentarios escritos en ocasiones anteriores sobre el mandato constitucional de nuestra Carta Magna, que, en su artículo N° 105, señala: “Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República”; entonces, me parece que disponemos de un sustento y soporte constitucional que permitiría subsidiar económicamente a la CSS, sin hacer uso de subsidios insostenibles y de pobre justificación.

Presidente, me atrevo a proponerle que, con las consabidas consultas y asesorías necesarias, eleve a urgencia notoria nacional, bajo el soporte jurídico y legal que le asiste, para que, mediante un proyecto de ley y enmienda a la Ley de la CSS, se determine que el Gobierno nacional tomaría la responsabilidad de dirección y administración compartida con los asegurados, sin más participación de la directiva inoperante, cuya mayor función más notable ha sido el desgreño administrativo y facultad de malversación de fondos.

Dicho lo anterior y de la siguiente manera, los asegurados continuamos aportando y acumulando bajo el esquema más eficiente posible para sostener el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, pero toda la nómina y planilla de los trabajadores de la salud, llámense médicos, enfermeras, auxiliares, ayudantía complementaria de tecnología médica, farmacéuticos y el apoyo técnico administrativo en adelante se transfiera al Gobierno nacional derivado y a cargo del Ministerio de Salud, al igual que la responsabilidad financiera de la provisión de insumos, medicamentos, asistencia médica y hospitalaria.

Si bien es cierto el Gobierno nacional tiene la estructura y personal idóneo en el Ministerio de Economía y Finanzas, además de en la Contraloría General de la Nación para coadyuvar un mejor funcionamiento.

Consideró que sí se puede estructurar una ley especial de alcances y desempeños con similitudes a lo establecido en el título de la Constitución con respecto al Canal de Panamá que proteja los intereses y garantías de la CSS.

La oportunidad del establecimiento para la obtención y uso de un porcentaje de los fondos generados por los que se tornarían en tres grandes pilares para contribuir además de con la salud con la educación de este país, los PUERTOS, el CANAL DE PANAMÁ y las MINAS en explotación.

Con la esperanza de que mi opinión no se intérprete como fuera de contexto, la consideración que estimo, como es encauzar esfuerzos para lograr y hacer efectivas nuevas reglamentaciones que regulen las jubilaciones que superen los B/.2500.00, como es el caso de los comisionados y subcomisionados de la Policía Nacional, diputados y cualquier otro funcionario cuya primordial función fue la de servidor público por vocación.

Siempre harán falta mejores ideas, pero lo bueno es querer dar un aporte por amar a nuestro país, lo que da suficientes satisfacciones.