La decisión de portar un arma de fuego

Portar un arma legalmente no es una decisión fácil de tomar. La ley actual exige: ser mayor de 21 años; proporcionar el arma para la prueba de balística; llenar la solicitud; pagar $100; y presentar copia de la cédula, tres fotografías, factura de la compra del arma, certificación de estabilidad mental y emocional por un psicólogo o psiquiatra, examen antidoping con resultados negativos en consumo de drogas prohibidas, record policivo, aprobación satisfactoria de examen de tiro y certificación de un instructor idóneo de que la persona está capacitada para el uso de armas de fuego para uso defensivo. Es un trámite largo que fácilmente puede demorar meses o casi un año.

También hay consideraciones prácticas, como el hecho de que Panamá tiene un clima caliente y portar un arma requiere que la persona se vista de cierta manera para mantenerla oculta, como lo exige la Ley. Lugares como bancos, algunas oficinas públicas y otros lugares no permiten armas. Otra consideración es la reacción de familiares, amistades y otras personas si llegan a conocer que uno está armado. Portar un arma en estado de ebriedad es una falta gravísima en la Ley actual, con multas de hasta $20 000.

Finalmente, hay otras consideraciones: está el cargo de conciencia que tiene toda persona decente al hacerle daño a otro. Están las consecuencias legales de ser detenido, indagado o juzgado por las autoridades después de haber tenido que usar un arma de fuego en defensa propia. Está la posibilidad de que amigos, familiares o compañeros del criminal vengan a buscar venganza contra uno o su familia. Es posible que después de estas consideraciones, una persona decida no obtener un arma de fuego para defenderse. Pero, ningún ciudadano honesto se levanta en la mañana pensando en utilizar su arma de fuego. El ciudadano honesto solo quiere hacer sus actividades diarias: ir a trabajar, regresar a casa y pasar el tiempo con su familia y salir a divertirse con sus amistades en paz.

Sin embargo, la importación de armas al país esta prohibida desde el 2010 por el exministro José Raúl Mulino. Así que, aunque un ciudadano decida comprarse un arma de fuego para defenderse, como lo permite la Ley, no va a encontrar dónde comprarla legalmente. Por mientras, todos vemos cómo la Policía Nacional incauta armas nuevas a delincuentes en operativos o vemos noticias de tiroteos en las cárceles.

Muchos vimos el video del criminal que pateo salvajemente a una mujer durante el asalto a un restaurante de la localidad. Su pareja se levantó a defenderla, pero no pudo hacer nada y tuvo que volver a sentarse impotentemente. Pueda que con un arma de fuego en sus manos el resultado hubiera sido otro, como pueda que hubiera sido el mismo o peor. Sin embargo, gracias a la decisión del ministro Rodolfo Aguilera de mantener la prohibición de importar armas, ese ciudadano panameño no puede tomar la decisión de armarse o no. Solo le queda seguir mirando mientras su pareja es pateada salvajemente por un criminal sin poder hacer nada.

*ESTUDIANTE DE DERECHO.