Autoritarismo presidencial

El autoritarismo presidencial implica abuso de poder por parte del presidente, que puede conducir a la erosión de la democracia y la violación de los derechos humanos. Se pueden emplear el uso de la fuerza y la represión como mecanismos de coerción para silenciar la oposición y mantener el control. Este tipo de régimen está caracterizado por la toma de decisiones con poca o ninguna consulta a otros poderes del Estado o la sociedad civil, a menudo a expensas de la separación de poderes y el Estado de derecho.

En los regímenes autoritarios, la oposición y la disidencia suelen estar silenciadas o amenazadas, mediante la persecución política o sindical, la censura de prensa y la prohibición o la restricción de la actividad de los partidos políticos. A menudo, el gobierno autoritario niega la existencia de estos mecanismos represivos o bien los justifica. Es decir, el poder ejecutivo se impone sobre los otros poderes del Estado y limita las libertades políticas mediante la represión, la persecución y la censura.

Los gobiernos autoritarios no suelen prestar demasiada atención a las leyes o a los mecanismos deliberativos, imponen su voluntad desde el poder ejecutivo, la burocracia y los órganos militares o policiales. En ese sentido, los gobiernos autoritarios suelen tomar la forma de dictaduras.

Teniendo ello claro, no cabe duda de que en Panamá la oposición real a los gobiernos neoliberales, son las organizaciones del movimiento social. Es claro el accionar de las organizaciones sindicales, de educadores, gremiales, estudiantes, comunitarias, pueblos originarios y ambientalistas, en especial en las jornadas de 2022, 2023 y 2025. Sin duda, en ellos el Suntracs ha jugado un papel de primera línea.

Este es lo que molesta al gobierno autoritario de Mulino, que se declara empresarial y que responde a los intereses del capital financiero y minero. Odia al Suntracs por ser la principal fuerza organizada contra las políticas antipopulares y la venta de la patria.

Por ello los ataques a la dirigencia sindical. Líderes clave del Suntracs (Saúl, Jaime, Erasmo y mi persona) enfrentan cargos legales, arrestos y estigmatización pública, incluyendo acusaciones de lavado de dinero y asociación con actividades ilícitas en base a expedientes prefabricados y claramente amañados en procesos conocidos como “lawfare” a nivel internacional. Estas acciones se perciben como intentos con motivaciones políticas para desmantelar la estructura organizativa del sindicato.

De los 510 obreros de la construcción que fueron reprimidos y arrestados, 83 están judicializados cuando el 12 de febrero de 2025 se manifestaban contra la Ley 462 y ante las amenazas de Trump de retomar el control del Canal de Panamá. Un mes después, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseht, y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, firmaban el memorando de entendimiento que permite la presencia de tropas militares estadounidense en nuestro territorio y la recuperación de dos antiguas bases militares en el área canalera.

El 13 de febrero de 2025, en conferencia de prensa Mulino declaró que utilizaría todo el poder del Estado para reducir al Suntracs a su mínima expresión, acusando a la organización de estar conformada por delincuentes, facinerosos, maleantes y terroristas. El viernes 14 de febrero, los bancos ordenaron el cierre de las cuentas del Suntracs. Existen otros trabajadores judicializados en otros hechos de protesta durante la huelga convocada inicialmente por los educadores que duró 80 días.

El viernes 25 de julio, el presidente volvió a hacer alarde de su talante autoritario al congraciarse en una rueda de prensa por el exilio de Saúl Méndez y la detención de Jaime Caballero. Por su parte, la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, anunció la presentación de una demanda ante el Órgano Judicial con la finalidad de disolver al Suntracs, el sindicato más grande y beligerante de Panamá con 52 años de existencia y reconocido por sus logros y conquistas laborales a través de 12 convenciones colectivas negociadas consecutivamente con la Capac y en septiembre iniciamos las negociaciones de la 13.

Como se demuestra, el gobierno autoritario de Mulino está empleando tácticas agresivas para reprimir al Suntracs, incluyendo restricciones financieras, acciones legales y denuncias públicas. Pero, aunque no le gusta el Suntracs, sigue en lucha y resistencia.