El cargo de magistrado

En razón de que en el escenario nacional se debate en estos días sobre los requisitos y cualidades que deben reunir los aspirantes a ocupar los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como profesional del Derecho, me siento forzado a efectuar algunas disecciones que son ineludibles, ante tan magnificente y prestigioso cargo.

Debo advertir que, en estricto Derecho, podría ser candidato a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dados los requisitos instituidos a nivel constitucional. Empero, es mi deber reconocer que, balanceados ellos en términos intrínsecos de la justicia, que implica dar a cada uno lo que corresponde, no puede subsumirse la intención de sentirse apto para ocupar tan importante cargo, el simple concepto de reunir imperativante lo que dispone la norma constitucional.

De otrora, y como bien lo saben los actuales aspirantes que se han postulado, el estudio de la Ciencia del Derecho, su ejercicio y práctica desde que apareció en las tratativas de las relaciones sociales, exigió del intelecto humano, como lo registra la historia del Derecho en la Nación cuna de nuestras instituciones jurídicas (Roma), una versatilidad que no quedaba reducida a la excelsa labor de profesar la Ciencia del Derecho, sino que revestía especial connotación lo escrito sobre él y la mostrada erudición que se trasluce de la interpretación de las normas legales.

Los moldes que advierto han impuesto la evolución de nuestra sociedad sobre esta especial disciplina del saber humano, por su arraigada labor de instrumento regulador de las relaciones entre el Estado—Sociedad—Individuo, se fundamentan en la construida o reelaborada idea de que quien, por intermedio del Derecho imparta Justicia, deberá reunir insoslayablemente atributos que ponderen en forma inexpugnable la sapiencia, experiencia, cultivo de las letras e indubitada pulcritud de lo que enlaza el Derecho, que en nuestra profesión se resume en el término jurisconsulto, y que puede ser lo que el constituyente en forma supletoria nos quiso ungir —aunque vagamente— cuando congenió como requisito para el cargo en comento los 10 años de ejercicio en la profesión del Derecho o enseñanza del Derecho en un establecimiento universitario.

Más allá de la atrincherada pertenencia partidista que se le pretenda endosar a un aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, soy de la convicción de que un Estado de Derecho donde exista una amplia costumbre y tolerancia por el respeto a las instituciones democráticas, como ha ocurrido en algunos de nuestros escasos períodos de vida republicana, el elemento central o conspicuo que interesa al hombre como colectividad radica en la idoneidad que en términos de erudición es depositaria, a carta cabal, la persona que muestre ufana intención por esta función.

Y es que un cargo que desempeña un papel tan preponderante en el equilibrio de los poderes del Estado, basado en el recurso de la Ley, no puede dejarse para que lo administre y dirima quien, aunque sea profesional del Derecho, no nos haya escrito ni un ápice de lo que piensa de la Constitución y las leyes de la República o haya contribuido con la fundación o refundación de doctrinas para fijar o trazar el sentido o alcance del Derecho y la Justicia, máxime cuando ésta pudiera ser una de las inéditas herramientas, e incluso en desmedro de la experiencia, la que nos podría avizorar una idea de su pensamiento, de lo que es o puede dejar de ser, mediante esta forma de presentación personalísima.

Lo paradójico durante los últimos lustros de vida política pluralista, estriba en que la asunción de nuestros gobernantes de los postulados democráticos para el adecentamiento de las instituciones del Estado no ha alcanzado en forma preclara y visionaria al máximo cuerpo colegiado del Órgano Judicial, que en tambaleante zigzagueo ha sido supeditado, con muy raras excepciones, a los movidos intereses del excesivo concentrado poder presidencialista dominante en el país, que a expensas de los sanos principios rectores que deben guiar a una justicia comprometida con los más altos intereses de la Nación, vía el imperio del Derecho, la ha empujado al letargo que las veleidades humanas descarriadas del sentido de patria —que a modo de profecía— le han asignado.

Desolador, como se observa, es el panorama que motiva estas palabras. Los que integramos el foro jurídico nacional, debemos ponernos a la altura de la historia para aceptar, en forma autocrítica, que con contadas excepciones es poco lo que hemos hecho para evitar la degradación de los conceptos profundos que fundamentan a la Justicia y al Derecho en la institucionalización del Estado, cuya filosofía debe llevar a la autoridad seleccionadora del cargo de magistrado a discernir o escrutar entre quienes apuestan por el derecho que les asiste para su designación y los que conceptúamos que el Derecho y la Justicia en esta materia es cuestión de competencia y sabiduría.

EX SUBDIRECTOR NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL Y DOCENTE UNIVERSITARIO.