Cinco prioridades para Panamá en 2026: una agenda mínima de país

Comienza un nuevo año y, con él, la tentación de las listas de propósitos. Pero cuando se trata de un país, no basta con deseos ni con promesas de ocasión. Panamá entra en 2026 con desafíos estructurales acumulados y con una ciudadanía que ya no se conforma con diagnósticos: exige rumbo, coherencia y resultados. Más que un programa de gobierno, el momento demanda una agenda mínima de país, compartida y comprensible, sobre aquello que no puede seguir postergándose.

Propongo cinco prioridades _y admito que me quedo corto_ que, a mi juicio, deberían estar en el centro de la conversación nacional durante 2026.

1. Recuperar la confianza en el Estado y en la democracia

La desconfianza se ha convertido en uno de los principales pasivos del país. Desconfianza en las instituciones, en la política, en la justicia y, en muchos casos, entre los propios ciudadanos. Este deterioro no es abstracto: se traduce en menor inversión, más informalidad, mayor conflictividad social y una peligrosa normalización del “sálvese quien pueda”.

Recuperar la confianza exige más que discursos anticorrupción. Implica instituciones que funcionen, decisiones públicas explicadas con transparencia y una rendición de cuentas que deje de ser la excepción. Gobernar bien —con reglas claras y previsibles— es hoy una condición para la estabilidad democrática. Sin confianza, cualquier reforma profunda nace debilitada.

2. Transformar el sistema de salud con equidad y eficiencia

La salud sigue siendo uno de los rostros más visibles de la desigualdad panameña. La fragmentación entre instituciones, la duplicación de funciones y el alto gasto de bolsillo que enfrentan las familias son síntomas de un sistema que no está cumpliendo su función esencial: proteger a la población sin empobrecerla.

En 2026, la prioridad no debería ser debatir si hay que integrar el sistema público de salud, sino cómo hacerlo bien y con decisión. Un sistema integrado, con atención primaria fuerte, redes de servicios coordinadas y uso eficiente de los recursos existentes, no es solo una aspiración técnica: es una exigencia ética y económica. La salud es inversión social, productividad y cohesión. Seguir postergando su transformación tiene un costo que el país ya conoce demasiado bien.

3. Enfrentar la desigualdad territorial y social de manera explícita

Panamá no es un país pobre, pero sí un país profundamente desigual. Esa desigualdad tiene rostro y territorio: se concentra en las comarcas indígenas, en zonas rurales y en los cinturones urbanos excluidos. No se resolverá sola ni con crecimiento agregado.

Para 2026, los panameños deberían exigir políticas públicas que reconozcan la desigualdad como un problema estructural, no como una estadística incómoda. Esto implica inversión social con enfoque territorial, servicios básicos de calidad donde más se necesitan y una política educativa que rompa la transmisión intergeneracional de la pobreza.

La desigualdad persistente no solo es injusta; es un freno al desarrollo y una amenaza para la cohesión social. Un país partido en varios Panamá no puede aspirar a estabilidad duradera.

4. Asegurar la sostenibilidad del agua, la logística y los recursos estratégicos

El agua dejó de ser un tema ambiental para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Sin agua no hay vida, pero tampoco hay Canal, ni agricultura, ni industria, ni estabilidad social. Los eventos recientes dejaron claro que la improvisación en este campo se paga caro.

En 2026, Panamá debe avanzar hacia una visión estratégica que integre seguridad hídrica, planificación territorial y resiliencia logística. Las decisiones sobre grandes proyectos deben tomarse con información, participación y transparencia. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de definir qué desarrollo es viable y justo en el largo plazo.

Un país cuya economía depende de su posición geográfica no puede permitirse fragilidad en la gestión de sus recursos estratégicos.

5. Construir un nuevo pacto social con protección y oportunidades

Finalmente, está la preocupación que atraviesa silenciosamente a millones de hogares: la sensación de vulnerabilidad. Empleos precarios, pensiones inciertas, alto costo de la vida y escasas oportunidades de movilidad social, especialmente para los jóvenes.

La prioridad para 2026 debe ser reconstruir la idea de seguridad social en sentido amplio. Esto incluye pensiones sostenibles y dignas, protección frente a riesgos económicos y políticas que conviertan el crecimiento en bienestar tangible. No basta con que la economía crezca; es necesario que ese crecimiento se traduzca en oportunidades reales y en mayor tranquilidad para las familias.

Estas cinco prioridades no son ideológicas ni excluyentes. Son, en esencia, una hoja de ruta mínima para evitar que Panamá siga acumulando tensiones sin resolverlas. Tienen que ver con confianza, equidad, sostenibilidad y futuro.

El verdadero riesgo para 2026 no es la falta de diagnósticos, sino la incapacidad de convertirlos en decisiones valientes. El costo de no hacerlo no será solo político. Será social, económico y, sobre todo, generacional.

El nuevo año ofrece una oportunidad. La pregunta es si estaremos dispuestos a asumirla como país.