¿Cómo está el Gobierno?

La mayor preocupación del pueblo panameño gira en torno al gravísimo deterioro de sus condiciones de vida. Los problemas que salen a relucir son el desempleo e informalidad, los bajos salarios, el alto costo de vida, precariedad en la atención de salud. Es decir, un empeoramiento generalizado manifestado en la pérdida de bienestar, producto de una política económica que solo persigue crecimiento económico en unas cuantas actividades y que concentra la riqueza en pocas manos, alejada totalmente de la atención de las necesidades sociales de las mayorías, profundizando la desigualdad e inequidad en el país.

El descontento del pueblo se sienta sobre la base de un crecimiento económico (mayor riqueza) que no ha significado una mayor proporción del PIB a los asalariados ni mayor formalidad laboral, por el contrario, la tendencia es descendente. En cuanto a remuneración, el 18.1% de los ocupados que trabajan 40 y más horas perciben ingresos inferiores al salario mínimo. Casi el 60% de los trabajadores asalariados devengaban salario mínimo, con una tendencia a incrementarse este porcentaje ante la ausencia de una política de aumento del salario general. Los precios de los alimentos y otros bienes y servicios necesario sigue aumentando, dando como resultado que el 28% de los hogares sufren de hambre y el 22% de los hogares solo logran una comida o dejan de comer. En el país que más crece en América Latina el 36 % hogares padece insuficiencia alimentaria leve, 17 % insuficiencia alimentaria moderada, 16% insuficiencia alimentaria severa.

Si correlacionamos estos hechos con los datos de la última encuesta de La Estrella de Panamá, se puede explicar porque ningún ministro del actual gobierno llega a una ponderación de 5 en una escala de 1 (nada satisfecho) a 10 (muy satisfecho), y que el 49% de la población considere que la política gubernamental está dirigida a beneficiar a la empresa privada, evidenciando lo que dijera Mulino “nos debemos al sector empresarial, a nadie más”. Explica porque la arrogancia y prepotencia es rechazada por la población, que hace por ejemplo que la ministra empresarial del trabajo, con todo y su sindicalismo amarillo, sea valorada con una de las ponderaciones más bajas, apenas el 3.1 y descendiendo.

En este panorama, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Hoy advertimos, que el crecimiento desmedido y desordenado pretende materializarse sobre el extractivismo, con la reapertura del inconstitucional proyecto minero, que favorece a la transnacional minera de FQ&M y a un sector del poder económico local. Es sabido que en ninguna parte del mundo la minería a resuelto los problemas de la población, por el contrario, ha generado desplazamiento de comunidades, extensiones de territorios contaminados que generan ciudades fantasmas y mayor pobreza. Ello explica porque a pesar de la inversión millonaria en publicidad de la empresa minera (call centers) y del impulso gubernamental a la reapertura es creciente el rechazo, el 64.9% de la población rechaza la reapertura de la mina. El ministro de ambiente según la encuesta viene descendiendo en su aceptación.

Es un gabinete que fracasa, si aplicáramos el criterio del director del Ifarhu (que no compartimos) para el otorgamiento de becas socioeconómicas cuyo promedio debe ser 4.5, en una escala de 1 a 5, nadie pasa, el promedio del gabinete está por debajo de 2.5. El responsable de este desastre prefiere estar fuera del país, Mulino va para su viaje 20 en 18 meses.

¿Qué camino tomar? La unidad del movimiento sindical es clave para defender derechos y conquistar nuevos avances. Seguir luchando por el cumplimiento de los derechos humanos, por real democracia, por libertad, equidad y justicia social. Ante los desafíos de este 2026, la mejor respuesta es la organización y la lucha colectiva, la solidaridad.