El conflicto y el compromiso

La mayoría de los sitios que se eligen para la instalación de proyectos hidroeléctricos habitan los pueblos originarios y campesinos.

Al igual que los conquistadores del Viejo Mundo, la función que cumple el Estado es una política colonizadora que permite la invasión de territorios por parte de las transnacionales, interesadas en extender sus inversiones hacia nuevos mercados, inundando grandes extensiones de tierra, provocando el desplazamiento y desalojo forzoso de poblaciones enteras. Todo esto legalizado a través de la modificación que se le hizo en el año 2013 a la Ley 18 de 1997, y que agrega el artículo 138 A, el cual autoriza a aplicar un procedimiento sumario para el uso y adquisición de inmuebles y servidumbres, cuando la construcción de obras relacionadas con las actividades eléctricas, sean calificadas por la ASEP de ‘carácter urgente', y que las partes no hayan logrado un acuerdo previo en un plazo de 15 días calendarios.

Incluso, comienzan a ser construidos sin que medie la Consulta Ciudadana a la población que será afectada.

A medida que el rumor se extiende hacia los pueblos asentados en las cuencas hídricas del país, las resistencias colectivas a estos proyectos emergen y comienzan a interconectarse en una lucha común: el intento por impedir la privatización del flujo del agua en sus ríos.

En las comunidades se articulan claros argumentos que sustentan las resistencias. La lucha que emprenden por los recursos naturales es para preservar la vida humana, la vida de la flora y la fauna, que sin ella el hombre no podría sobrevivir.

¿Se puede concebir el usufructo del agua para uso exclusivo de empresas privadas que no tienen rostro, solo cajas registradoras? ¿Cómo se puede concebir la invasión de territorios perteneciente a nuestros más vulnerables panameños?

Veamos el conflicto de Barro Blanco. En la Mesa Tripartita de Diálogo se demostraron violaciones cometidas en el Proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco, a la Constitución Política de Panamá, delitos de abuso de autoridad. Violaciones al contrato de concesión, convenios internacionales, etcétera.

Los indígenas le dieron como plazo al Gobierno, hasta el 4 de mayo para obtener una respuesta. Dependiendo de esa respuesta, ellos tomarán una decisión.

¿Qué presiones hay detrás que no permiten al Ejecutivo comprometerse con la justicia social de este país?

¿Seguridad jurídica? ¿Para quién? ¿Para los empresarios que logran sus permisos a través de sobornos a quienes estampan su firma para procedan? ¿Y para el ciudadano? ¿Hay seguridad jurídica para el ciudadano?

La discriminación, la desigualdad y la pobreza son factores que amenazan a la convivencia pacífica. Estos tres factores existen en las áreas indígenas y campesinas donde se instalan las hidroeléctricas.

Barro Blanco es una bomba de tiempo que nos revelará verdades que aún no hemos descubierto. Una de ellas es la verdadera cara del presidente; otra, si ‘El pueblo primero' era solo un eslogan de campaña y veremos nuevamente el arrojo de nuestros hermanos ngäbe buglé.

El 4 de mayo, todos estaremos claros si el presidente Varela está dispuesto a poner al ‘Pueblo primero'. A defender la paz social y la convivencia pacífica. A decirle a los empresarios inescrupulosos que falsean información y, amañadamente, logran sus permisos ¡Basta Ya! A ver si se atreve...

¿Y qué me dicen de la jerarquía de la Iglesia? Dándole la espalda a un conflicto que sabe va a estallar. Guardando silencio cómplice. ¿Por qué?

El papa Francisco dice: ‘Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la exigencia de una distribución justa de las riquezas, por lo que es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir'.

Prelados de la iglesia... ¿cómo van a lidiar con este conflicto? ¡Escuchen a Francisco!

Presidente: Haga lo que tenga que hacer y rebélese a la clase económica poderosa y cree el antecedente para que no se atrevan a volver a construir proyectos al margen de la Ley.

Comprométase con la paz social y la convivencia pacífica. Solo así tendrá un pueblo respaldando su gestión.

FINANCISTA