¿La Contraloría hace bien su trabajo?

Como muchos pensamos, el país anda manga por hombro; de tropiezo en tropiezo. Es como un barco sin rumbo, con un capitán que titubea por dónde ir, con oficiales de cubierta sin órdenes precisas de qué hacer y avecinándose muchas tormentas en el firmamento, que se unen a las que parecieran no acabar. Y esto se aplica a todos los estamentos del Estado. En esta ocasión me refiero a la Contraloría General de la República.

He señalado la falta de supervisión y controles que se ejercen sobre dos asuntos vitales para el país: el manejo de las finanzas de las empresas mixtas del Estado, caso de la transnacional Cable & Wireless Panamá (CWP), donde el Estado tiene el 49 % de sus acciones, y más recientemente, la Asamblea Nacional (AN), donde, por extrañas razones, nadie supervisa si la gente que allí se contrata efectivamente presta algún servicio al Estado o simplemente es el jardinero de una finca en La Chorrera, como ocurría con un diputado panameñista años atrás, o si la ‘asesora legislativa ' es una niña de 12 años, hijastra de un diputado interiorano del PDC, que no sabía siquiera dónde quedaba la Asamblea.

Esto no es nuevo, viene de muchos años atrás, desde antes del golpe militar de 1968. Lamentablemente, ha seguido igual en la Contraloría de alguien en quien, como Federico Humbert Arias, los panameños pusimos tanta esperanza de que las cosas cambiarían. A CWP nadie la investiga para determinar si los dividendos que recibe Panamá por su 49 % son los correctos o si su operación no atenta contra la buena administración de una empresa con intereses públicos y a la AN tampoco nadie le cuestiona todo el manejo interno de sus finanzas, donde el resultado de su trabajo no guarda la más mínima relación con lo que cuesta su exagerado mantenimiento.

Recientemente he pedido se investigue lo que ocurre dentro de la AN en lo relativo a los contratos de eventuales, contratos de servicios profesionales, alquiler de vehículos y helicópteros que posiblemente no guardan relación alguna con el trabajo legislativo, los contratos directos por obras y servicios que se prestan y las partidas presupuestarias que son utilizadas para nombrar más personal en la AN. He señalado que todo indica que muchos recursos públicos son utilizados para campañas políticas de algunos diputados. De la Contraloría no he recibido respuesta sobre mi petición. De la Antai sí, anunciando que, como se trata de un diputado, eso le correspondería investigarlo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Frente a ello, con fecha 30 de mayo, he remitido otra carta al contralor Humbert y a la secretaria de Antai, Angélica Maytin, advirtiéndoles que entiendo perfectamente que el ente encargado de conocer denuncias de miembros de la AN es la CSJ. Sin embargo, la AN, como ente administrativo, no posee prerrogativa alguna que impida que entidades de control, como la Contraloría y Antai, investiguen si dentro de su administración se cometen irregularidades que pudiesen ser sujetas a algún tipo de sanción o de delitos contra la administración pública.

Si bien la denuncia inicialmente por mí formulada el 16 de mayo, incluía el nombre del diputado Pedro Miguel González, supuesto beneficiario de un recurso estatal, la misma tiene un mayor alcance que no tiene que ver con diputado alguno, sino con la AN, entidad con presupuesto determinado dentro del Presupuesto General del Estado, el cual corresponde a la Contraloría velar porque sea utilizado de acuerdo a las leyes de la República y a la Antai que su manejo sea transparente.

En esta nueva petición he solicitado que se explique: 1. existencia de planillas de eventuales que no han prestado servicio alguno; 2. existencia de contratos por servicios profesionales de personas que carecen de función alguna; 3. existencia de contratos de arrendamiento de automóviles y helicópteros que han sido utilizados para fines diferentes a los propios de la AN; 4. existencia de organizaciones no gubernamentales que han sido utilizadas para obtener fondos de la AN sin que le presten servicio alguno a ésta y; 5. movimiento de partidas presupuestarias utilizadas para hacer nombramientos de personal.

Si esto favorece a algún candidato en la lucha interna del PRD, como algunos han sugerido, ello me tiene sin cuidado. En esto de la corrupción de la AN están todos metidos por igual: PRD, CD y panameñistas. Denuncio lo que pasa en el Órgano Legislativo desde mis dos periodos que fui integrante del mismo, aunque éstos últimos se hagan los santurrones. (84-89; 91-94). Creo que tenemos el derecho de saber lo que pasa allí y me asiste la obligación de denunciar todo lo que me entero que está chueco. Le guste al que le guste.

ABOGADO Y POLÍTICO.