Petaquilla, anulemos su contrato

La Corte Suprema de Justicia ha determinado que el proceso administrativo abierto por la Autoridad Nacional del ambiente —ANAM— a la Minera Petaquilla se enmarca dentro de la Ley y, por lo tanto, le ha dado la razón a las comunidades de Colón y Coclé, que han denunciado durante años a la minera, tanto en la Corte como en instancias de derechos humanos.

Petaquilla Minerals, por lo tanto, ha sido declarada fuera de la Ley, pero está en abierto desacato y reta, con su conducta unilateral, arbitraria y depredadora, a la Nación y al Estado.

El gobierno nacional debe imponerle la multa máxima a la empresa Petaquilla Minerals; llevar a cabo, con la participación de las comunidades y un equipo técnico y científico avalado por ellas y el Comité pro Cierre de Petaquilla, la evaluación ambiental integral que se hace urgente para determinar la dimensión de los daños ocasionados al medio ambiente dentro y fuera del Corredor Biológico Mesoamericano.

La empresa minera – tanto panameños como canadienses – deberá indemnizar a las comunidades afectadas por sus acciones y a los campesinos e indígenas que han sido atropellados, estafados, engañados, expulsados y de otras formas abusados en sus derechos, lo que incluye tanto a hombres como mujeres.

La inmensa mayoría de los trabajadores, contratados o no, han sido despedidos masivamente sin apego a la Ley.

No obstante la ilegalidad demostrada por la Autoridad Nacional del Ambiente, denunciada por el Comité pro Cierre de Petaquilla y ratificada por la Corte Suprema de Justicia, la empresa minera — como si las leyes no importaran — prosigue sus exploraciones de oro y cobre, continúa abriendo carreteras, sigue ampliando sus infraestructura, incluso en áreas fuera de la concesión; avanza hacia el Mar Caribe para establecer un puerto en Caimito, todo lo cual implica una devastación intolerable del medio ambiente.

El gobierno nacional debe dejar de proteger a la inversión extranjera que contraría los intereses nacionales y no servirle de instrumento; debe ordenar de inmediato la suspensión de las actividades de la empresa minera; debe anular el contrato de minera Petaquilla y demandarla por todos los perjuicios ocasionados