Cuando la justicia se impone

Hay quienes dicen que, cuando la justicia tarda, no es justicia. Sin embargo, no siempre es así porque la acción reparadora de la justicia puede durar mucho y, para quien se beneficie de ella, aunque sea 38 años después, será siempre bien recibida.

El 16 de marzo de 1988 se produjo un hecho histórico y patriótico: la asonada militar contra Manuel Antonio Noriega. En su momento, este acto fue reconocido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, siendo el titular Milton Henríquez, al colocarse en una de sus paredes una placa de bronce reconociendo tal hecho de entrega y desprendimiento.

Rememorando aquella época, el 4 de febrero de 1988, la justicia de Estados Unidos dictó un auto de enjuiciamiento (indictment) contra de Manuel Antonio Noriega, que contenía 12 cargos: 1. Tráfico de drogas: conspiración para importar cocaína, ayudar al Cartel de Medellín de Pablo Escobar a pasar droga por Panamá. 2. Lavado de dinero: recibir millones de dólares del cartel. Usar bancos panameños para lavar el dinero del narcotráfico y 3. Delincuencia organizada: dirigir una empresa criminal desde el gobierno de Panamá. Noriega se defendió diciendo que era un montaje político.

Estas acusaciones contentivas de hechos ilícitos contra Noriega no se hubieran podido llevar adelante únicamente por él. Comandaba dentro de las fuerzas de defensas, algo parecido al Cártel de Los Soles de Venezuela. Eran oficiales en diferentes grados, jefes de zonas, ocupaciones importantes en la estructura de institución y personal de tropa, todos de mucha confianza, como también personal civil dentro del engranaje gubernamental, incluyendo el servicio diplomático.

El presidente Eric Arturo. Delvalle reaccionó el 26 de febrero: Destituyó como comandante a Noriega. Delvalle olvidó que el poder real no estaba en el Palacio de las Garzas, sino en los cuarteles. El que terminó destituido, fue él. Esos hechos fueron la gota que derramó el vaso de la paciencia de militares dignos en portar el uniforme sin manchas, hartos del desprestigio nacional e internacional que significaba Noriega, procediendo a alzarse en su contra en la madrugada del 16 de marzo. Junto con honorables ciudadanos serví de enlace a solicitud de los alzados, en intento que se frustró horas después. Tras la fallida acción, fueron detenidos en confinamiento solitario más de 30 miembros del alzamiento.

El coronel Leonidas Macías, hoy con 87 años, fue el líder del grupo, acompañado por los mayores Fernando Quesada, Augusto Villalaz, Ramón Anel Adames, Cristóbal Fundora, Nicolás González Almengor, Carlos Arjona, Jaime Benítez, Aristides Valdonedo, José María Serrano, Luis Carlos Samudio, y los capitanes Humberto Macea, Alberto Soto Cajar, Milton Castillo, Francisco Álvarez, Jerónimo Guerra, tenientes Renato Famigletti, Luis Gordón, Edgardo Falcón y tropas. Con excepción de los mayores Villalaz, Adames y Arjona, quienes, al percatarse del fracaso de la asonada, pudieron esconderse en la Zona del Canal, el resto quedó preso, sometiéndose a toda clase de torturas, violación a los derechos humanos y malos tratos de todo tipo durante 21 largos meses, hasta su liberación, ordenada por el presidente Endara, tras la intervención militar de Estados Unidos el 20 de diciembre del año siguiente.

El nuevo gobierno reintegró a gran parte de los alzados, reconociéndoles a todos como tiempo de servicio los meses que estuvieron detenidos, sus cuotas de seguro social para los efectos de sus jubilaciones, vacaciones y, décimo tercer mes. Igualmente, se les permitió seguir laborando con sus grados en la institución, quedando pendientes el pago de sus salarios por los 21 meses que estuvieron detenidos. Ese pago ha estado pendiente desde hace 38 años, pese a múltiples solicitudes ante diferentes administraciones.

En noviembre de 2025, hace 10 meses, el coronel Macías y dos mayores acudieron a reunión con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien diligentemente los atendió, aceptando la validez del reclamo, el cual se haría efectivo sin agregar intereses ni recargos de ninguna clase. O sea que el pago se haría por lo debido tras su liberación. El ministro aceptó, enviando de inmediato nota a la presidencia de la República para su aprobación. El ministro Ábrego señaló que el pago se podría hacer de los ahorros de la institución.

A la fecha los trámites han seguido un camino sumamente burocrático. En los 38 años que llevan en la lucha para que se reconozcan estos antiguos derechos de los que en su momento expusieron sus vidas y la estabilidad de su familia, nunca se ha avanzado tanto. Está en las manos del presidente Mulino, finalmente reconocer el aporte que este grupo de militares que tanto ayudaron a construir la democracia que actualmente tiene el país.