Cumplimiento normativo en el sector público

El origen del cumplimiento normativo es de naturaleza anglosajón y conocido como “Compliance”, debido a la creciente demanda de estándares regulatorios, en los sectores regulados de las telecomunicaciones, el financiero, y farmacéutico, por lo tanto, las empresas han replanteado nuevas formas de controlar el riesgo y las obligaciones a las que estas están sometidas, tanto a nivel nacional como internacionalmente. Al respecto podemos agregar que fue el presidente Carter quien firmó, en 1977, la conocida “Ley de prácticas corruptas en el extranjero” (FCPA), cuyo objetivo principal era cerrar los pagos y sobornos a funcionarios para, así, recuperar la confianza en el sistema de negocios de los EE. UU.

Actuar de forma honesta, imparcial y profesional es necesario y positivo cuando el concepto de riesgo lo vemos como una oportunidad, toda vez que, a través de la detección del riego, podemos mejorar nuestras instituciones, y, de esta manera, alcanzar la ética, transparencia y la reputación institucional. Por ello, el motivo principal es la implementación de criterios éticos y de transparencia en nuestro entorno social y público. Además, debe constar un régimen legítimo y transparente de exaltación, de responsabilidades y rendición de cuentas, sustentado en un modelo de “buena gobernanza”.

Somos del criterio de que nuestro país, a través de sus diferentes instituciones y normativas, se ha acercado a regular las actividades de las personas jurídicas y al destinatario final, con el propósito de cumplir con las reglas y legislaciones internacionales. Esta regulación no solo es producto de la presión de organismos como la OCDE o el GAFI, sino de la divulgación del combate a la corrupción.

No obstante, se nos hace imperante y oportuno que el sector público se compenetre con este nuevo concepto de cumplimiento normativo y motive a nuestras autoridades a reflexionar, generando conciencia sobre la necesidad de desarrollar modelos de integridad pública o “Compliance” en el sector público, mediante su implementación, desarrollando un sistema que nos permita regular las actuaciones y el funcionamiento, adoptando mecanismos de prevención, monitoreo y detección de las vulnerabilidades, también de los valores y principios éticos que deben regir la gestión pública.

Este tema de cumplimiento normativo debe ser una función pública y relevante en la gestión de riesgos y de gran impacto reputacional para el establecimiento de procedimientos y mecanismos de control, cuya finalidad es la de prevenir y detectar conductas contrarias a las leyes y regulaciones. Además, poder contribuir al desarrollo de una cultura organizativa ética, donde la responsabilidad social de las organizaciones públicas mantenga una estrecha relación con las herramientas de la prevención eficaz, así, luchar contra las conductas inadecuadas, las malas prácticas en nuestro país.

Pretendemos que, este sistema que se viene dando en el sector privado, sea tomado como referencia para su implementación y desarrollo, en el sector estatal; por lo cual, deberíamos centrarnos en mecanismos que nos permitan aplicar bien el marco normativo ya existente y desarrollar un modelo de integridad, transparencia, rendición de cuenta y buena gobernanza. Además, clara voluntad, compromiso político de liderar con el ejemplo y llevar la actividad de acuerdo con los estándares de integridad pública alineados al cumplimiento de valores éticos, principios y normas que prioricen el bienestar común, por encima de los intereses particulares. Como bien lo señala Delia Ferreira Rubio, “la indiferencia social es el caldo de cultivo para la corrupción”.

Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica.