De cepademes y cepanimes: la historia de un atraco agravado, parte III

En las entregas precedentes abordé el tema para señalar, primero, porque el Estado uso y abusó de su poder para secuestrar, manu militari, unos dineros que constitucional y legalmente pertenecían y siguen perteneciendo a los trabajadores, tanto del sector público como de la empresa privada, correspondientes a las segundas partidas del Décimo Tercer Mes, con sus intereses justa y equitativamente calculados, de los años de 1972 a 1983.

Califiqué como una típica jugarreta que, mediante la aprobación de las leyes de 2017 y 2021, supuestamente desarrolladas en sendos Decretos Ejecutivos, se pretendiera hacer ver que se había reparado una injusticia, cuando lo que se hizo fue agravarla. Las razones al canto:

1) Cuando después de 40 años se decidió devolver a sus legítimos propietarios los dineros que se les habían secuestrado arbitrariamente, objetivamente se ordenaba devolverles una suma inferior, pues no se tomaba en cuenta que esta había disminuido su valor adquisitivo. Comprar lo que se podía adquirir con un balboa de 1972, después de transcurridos 40 años, ahora costaría como mínimo dos. Esa misma estimación también vale para los intereses que, además, debieron haber sido capitalizados.

2) Cuando mediante Decretos Ejecutivos se fijó en el 3% los intereses que debían devengar las sumas retenidas de 1972 a 1983, se agravó el atraco, por cuanto ese porcentaje es inferior al interés mínimo legal, lo que se comprobaría con la sola revisión de las tasas cobradas por la banca y también es inferior a los que agrega el Estado cuando, por ejemplo, castiga la mora en el pago de los impuestos o las tasas por la prestación de servicios públicos.

3) Al diferir los plazos para poder cobrar los certificados de los Cepademes y Cepanimes y ofrecer a sus recipientes la posibilidad de cobrarlos inmediatamente en el Banco Nacional, pero con descuentos que al final de las cuentas volverían a reducir las sumas originalmente secuestradas en porcentajes escandalosos, se explota, consciente y deliberadamente, el estado de necesidad de personas que por su condición económica y por edad, ¡No pueden esperar!

Los administradores de la cosa pública, los anteriores y los actuales, de haber querido hacer justicia no hubieran siquiera iniciado la farsa de la supuesta reparación de una injusticia histórica. Para enmendar la plana y hacer verdaderamente justicia, tanto las leyes de los Cepademes como la de los Cepanimes se deben reformar, para establecer con claridad que a los despojados se les deben pagar, íntegramente, tanto las sumas secuestradas, a valores actualizados, como sus intereses debida y justamente calculados.

En el texto de la nueva ley, que haga justicia y corrija esa injusticia histórica, debe incluirse la derogación expresa de los decretos ejecutivos que dispusieron el escalonamiento de los pagos y los mezquinos intereses que en ellos se fijaron.

El proyecto de ley debiera nacer del Órgano Ejecutivo; pero si en esa instancia no hubiera la voluntad para hacerlo, la iniciativa debe tomarla el Órgano Legislativo, por su supuesta condición de “representante del pueblo”. Si así lo hicieran prevendrían seguir descendiendo en la estimación popular; pero, además, evitarían que, como con seguridad ocurrirá, ya sea en el ámbito de la justicia interna o en el de la justicia internacional, sufran una derrota que, por segura, pueden evitar. Como nota final, reitero a todos los que han recibido los certificados con fechas diferidas para su cobro que, el hacerlos efectivos ahora, no conlleva ni implica la pérdida de su derecho a reclamar las diferencias que por derecho y en justicia les corresponden y se les deben.