El deber de ser confiable

La recién presentada propuesta de reforma al Código Electoral panameño recomienda tipificar como falta electoral la difusión de noticias falsas o desinformación que pueda ser perjudicial para el proceso o la institución electoral.

La divulgación de desinformación no es ninguna novedad, el impacto masivo que generan las nuevas herramientas de comunicación, sí.

Las plataformas digitales intentan fijar controles y, constantemente, repiten su compromiso con depurar sus contenidos y frenar la propagación de noticias falsas. Al mismo tiempo, surge la interrogante sobre si, realmente, pueden ser eficientes en eso.

Días atrás, el congresista republicano Steve Scalise compartió en sus cuentas de redes sociales un video alterado de una entrevista al candidato presidencial demócrata. La publicación ha desatado un debate muy interesante y que puede tener consecuencias sobre la administración de sus redes sociales por parte de funcionarios.

Por supuesto que la campaña electoral en Estados Unidos hace que esta discusión sea altisonante. También tiene el antecedente en la elección anterior, sobre la cual todavía no termina de aclararse cuál pudo ser el nivel de influencia sobre los votantes de los “trolls” operados desde el extranjero.

Sobre aquella experiencia de 2016, siempre me ha parecido interesante la reveladora investigación del periodista Samanth Subramanian que dejó al descubierto el caso de un muchacho en una ciudad de Macedonia (Europa del Este), que, con dos sitios web pro-Trump, llegó a cobrar cuatro mil dólares mensuales con publicidad en línea, tipo AdSense de Google. El diario The Guardian reveló que en esa ciudad llamada Veles, de 55 mil habitantes, se llegaron a registrar más de 100 sitios web pro-Trump, con contenidos sensacionalistas. Cuando el periodista Subramanian encontró y entrevistó al muchacho macedonio descubrió que no tenía ningún interés en si Donald Trump ganaba o perdía, todo lo que quería era ganar dinero.

El debate está poniendo sobre la mesa dos aspectos novedosos. Por una parte, qué consecuencias tiene o puede tener para un funcionario pagado con fondos públicos que utilice sus cuentas de redes sociales para difundir evidente desinformación y, por la otra, cuál es el grado de confianza que deben esperar los ciudadanos de la información que reciben de sus representantes o funcionarios.

Este tema del congresista Scalise ya está en un primer nivel de investigación y podría llegar al Comité de Ética del Congreso. Hay que tomar en cuenta que existe, desde enero de 2020, un memorándum que impone conductas a los congresistas sobre el uso intencional de audios o videos distorsionados y los llamados “Deep Fakes”, contenido falso creado a partir de la manipulación por un “software” de videos. Como todo lo que gira en torno a falsificaciones, hay desde burdas hasta muy difíciles de distinguir.

Los lineamientos para los miembros del Congreso establecen que siendo servidores públicos se espera que sus comunicaciones reflejen credibilidad para no ocasionar perjuicios a sus representados. “Comunicarse con sus electores es uno de sus más importantes deberes”. Por otra parte, deja claro que la divulgación intencional de audios o videos manipulados puede perjudicar el debate público y erosionar la confianza, lo que representaría un intento de engañar a los ciudadanos y conllevar una violación al Código de Conducta de los parlamentarios.

La propuesta presentada por el Tribunal Electoral fija una sanción con pena de prisión de uno a dos años, la suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para ejercicio de funciones públicas para quien “dolosamente, utilice los medios digitales de forma masiva, para desinformar a la ciudadanía, afectando la integridad de un proceso electoral”.

En otro artículo propuesto, se establece una sanción en forma de multa para aquel que “por cualquier medio de difusión y a sabiendas de su falsedad, difunda noticias falsas y desinformación”.

Una primera distinción, que noto en la propuesta, es que no tiene igual repercusión perjudicial que un particular cometa el delito o la falta que se están proponiendo instituir a que la ejecute un funcionario. Por lo cual, adelanto criterio y planteo una cautelosa revisión de estas propuestas que presumo bien intencionadas, pero, como ya sabemos, “de buenas intenciones está hecho el camino al infierno”.