Conspiración contra la democracia

La libertad de prensa es uno de los pilares donde descansan las sociedades dentro de un sistema legítimamente democrático, con un papel cuestionador, pero, a la vez, orientador de la opinión pública. Soy un defensor de este derecho inalienable del ser humano, pero también fuerte crítico, cuando se utiliza una herramienta tan importante con propósitos aviesos, dirigidos a asestarle golpes bajos a la institucionalidad de una nación.

La publicación en un medio electrónico de Costa Rica, que, de manera irresponsable vincula al presidente Ricardo Martinelli con personajes que hoy enfrentan un proceso penal por supuesto lavado de dinero y otras actividades ilícitas en México; no es más que otra patraña orquestada por adversarios del mandatario, basados en una campaña sucia, sustentada en fuentes dudosas, las cuales maliciosamente hacen señalamientos graves que no resisten un proceso de verificación medianamente razonable. El tico acusó y condenó a la vez a nuestro presidente, sin apego a la verdad, porque nada ha sido probado. Pues, no hay verdad solo en quien aparentemente conoce un hecho circunstancial ni solo en el hecho supuestamente conocido, sino en la debida correspondencia entre ambos.

Las fuentes inciertas en el ejercicio del periodismo, aunque se utilizan con cierta regularidad, tampoco pueden erigirse bajo ninguna circunstancia como plena prueba, máxime si ésta no va acompañada de documentos auténticos u originales que avalen lo dicho por quien se escuda en chismorreos y no en la verdad.

Desde mi punto de vista, esta serie de publicaciones en este medio electrónico, que aún no han podido comprobarse, constituye un delito contra la personalidad interna del Estado panameño; en virtud del artículo 307 del Código Penal, el cual establece que “ el que ofenda o ultraje al Presidente de la República será sancionado con pena de 6 a 10 meses o de 20 a 50 días multa ”.

Esta norma surge luego de grandes debates a través de la historia, tanto en Panamá como en otros estados del continente y se consolida con doctrinas del Derecho Constitucional y Penal, basados en el principio de que el presidente de la República es la voluntad y la expresión de todo un pueblo. Es decir, es la representación política genuina de la nación a nivel nacional e internacional. A esto le agrego que no podemos soslayar que su ascenso al solio presidencial lo alcanzó con un 60% de los votos.

Para concluir reitero que bajo el manto y el blindaje de fuentes confusas manipuladas, es imposible permitir que se mancille la majestad del presidente y, por ende, de todo el pueblo panameño. No queremos pensar que se trata de una conspiración para derrocar al presidente Martinelli.

*Secretario general de la Asamblea.opinion@laestrella.com.pa