Denuncias o bochinches

La responsabilidad del ser humano debe centrarse en valorar el significado de las acusaciones que hace o en su defecto de las denuncias que permitan aclarar e investigar hechos que vayan en contra de los postulados democráticos en los que estamos empeñados como nación.

Una cosa es ser enemigo político, por estar en la oposición o ser rival ideológico de un conglomerado político, y hacer denuncias sustentadas y otra cosa es lanzar acusaciones a la libre, para sembrar dudas o generar corrientes adversas en contra de quienes son lanzadas. Hay personajes políticos en Panamá, que han hecho del rumor, del bochinche y de la explotación del sensacionalismo, un modus operandi, que les ha permitido estar presentes en los medios de comunicación, por lo que se sienten ‘figuras públicas’ o ‘líderes políticos’. Pero hay quienes también, pese a tener manchas en su pasado personal y empresarial, han jugado a presentarse ante la sociedad como ‘sumos sacerdotes’, ejemplos de moralidad y decencia.

No hay que mencionar nombres, creo que todos en esta nación ya conocemos a los que por muchos años, han sido ‘rumorólogos profesionales’. Han vivido pelechando de la cosa pública y de los allegados al poder, pero sin comprometer sus ideales económicos y empresariales. Para ello, se han movido dentro de la estructura gubernamental, hacen negocios con los distintos gobiernos y cuando sus aspiraciones no alcanzan sus voraces apetitos, entonces se distancian del poder, no sin antes, acusar y señalar hechos que han sido perjudiciales para el erario público, pero sin la entereza de mencionar nombres ni de presentar las pruebas que sustenten sus aseveraciones.

Cuando todos los que aspiramos a tener un pedazo de tierra para hacer una vivienda, debemos cumplir con una serie costosa y interminable de trámites burocráticos, hay muchos que adquirieron a precios irrisorios muchas hectáreas, durante la gestión de los militares, que les ha redituado millonarias ganancias. Sin estudios de impacto ambiental, sin estudios de fondo de mar, rellenando manglares, afectando la biodiversidad e inclusive en abierta violación a los dictámenes (varios) de la Corte Suprema de Justicia, que exigía se liberaran las servidumbres públicas, para que el resto de los ciudadanos panameños pudiéramos tener acceso a esas playas, colocando seguridad privada que resultó un apatheid que le negó el acceso a las hermosas playas nacionales al resto del país.

La presidenta Mireya Moscoso Rodríguez, nombró a uno de estos ‘grandes señorones’ como asesor de su gobierno, cargo que generó que un pariente cercano fuera beneficiado con el diseño del llamado Museo de la Biodiversidad. Un costo millonario que salió de las arcas del Estado.

Un financiamiento para la construcción de la obra, que también nos cuesta como sociedad otros muchos millones de dólares. La obra no ha estado exenta de escándalos y por allí circulan cheques y denuncias que ha tenido que investigar la Contraloría, sobre viajes fastuosos, prebendas, fiestas y otras cosas que no estaban contempladas en los planes iniciales de la obra.

Este mismo ‘señorón’, salió del gobierno de Mireya Elisa, lanzando denuncias de corrupción, señalando hechos que según él, dejaron afectaciones económicas millonarias al Estado.

Como sociedad y sin pasionismo político de ninguna clase, esperamos que las auditorías fiscales que está realizando la DGI, tengan sustentación legal y que los alcances fiscales que se han ordenado, estén dentro de lo que señala la legislación.

Si es así, todo el que haya tratado voluntaria o involuntariamente de defraudar el Estado, debe ser sancionado com dictamina la ley con las multas y recargos debidos y al pago de los dineros que le pertenecen a la sociedad en general.

PERIODISTA