Desafíos para el proto-sistema universitario de Panamá

Del escueto boceto del pretendido sistema universitario panameño (que he esbozado en publicación previa) y al refieren casi todos los diagnósticos, puede inferirse el porqué afirmamos que el conglomerado universitario panameño no es un verdadero sistema. Para serlo, un sistema precisa una estructura y una dinámica que pongan en relación las partes con el todo, le den coherencia y dirección. Y esta es la más grave de las faltantes del proto-sistema que nos ocupa. Lo que tenemos son unas 50 instituciones desarticuladas y sin direccionamiento estratégico, que responden a un modelo periclitado. Por eso lo llamamos proto-sistema o sistema en ciernes.

En Panamá no existe ni un marco normativo común y omnicomprensivo que regular a todas las universidades (una Ley de Educación Superior), ni un organismo formal que articule y direccione estas partes. No hay un Consejo Superior de Universidades o su equivalente con fuerza de ley para la toma de decisiones y regulación efectiva. No contamos con nada que se parezca a un Plan Prospectivo Estratégico de la Educación Superior Panameña que le imprima direccionamiento para un horizonte de 20 años plazo.

En la esfera normativa, son la escueta excerta constitucional (Artículos 103-105), la Ley No. 52 de 26/06/2015, que crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, (reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 539 de 30/08/ 2018 y sus sucesivas modificaciones). Existe un órgano colegiado denominado Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) conformado por las cinco universidades oficiales, quienes de forma harta limitada hacen esfuerzos por cumplir la “fiscalización” de las universidades, de sus programas y propuestas, pero sin un cuerpo técnico permanente, ni instalaciones convenientes que exige la marcha acelerada de la sociedad del conocimiento, y sobre todo la innovación de nuevas ofertas.

Hasta hoy, han acompañado estas iniciativas el Consejo de Rectores de Panamá, club de rectores, pues sus acuerdos no tienen fuerza legal para aplicarse; y una Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPPA) creada para defender los intereses heteróclitos de un cierto “capitalismo” en el país; si bien ambos cuerpos han adoptado (me temo que sin sospecharlo) los criterios propios del capitalismo académico en boga (rankings, normativas y orientaciones de políticas emanadas de los organismos financiadores tipo BID o Banco Mundial).

De los diagnósticos recientes se deriva que los retos mayores de este proto-sistema están referidos a la coordinación, gobernanza y liderazgo, por un lado; y, por el otro, con problemas de la calidad académica. En este plano se ubican especialmente la vigencia modelo de enseñanza contemporánea (pues vivimos la transición incipiente y precaria hacia un sistema de evaluación por competencias de naturaleza híbrida); así como falencias en el desarrollo de la investigación científica; la relación docencia-investigación, y la relación entre los sistemas universitarios y socio productivo. A tales retos se unen los “viejos retos”: ampliación de la cobertura con mayor equidad y calidad y financiamiento pertinente.

Respecto del primer reto (gobernanza), debería crearse un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que cuente con la asesoría de un Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas establecido por ley, que produzca, ejecute y supervise un Plan Estratégico Nacional de Educación Superior que coordine, establezca prioridades y dote al sistema de un presupuesto plurianual cónsono con las necesidades de la modernización en los temas nodales. ¿Cuáles temas? Por ejemplo: poner al día de la docencia del nivel superior, fomentando concursos de profesores de Estado (que favorezca la movilidad académica y evite la concursitis en cada universidad); que posibilite ofertas consorciadas de programas y que erradique duplicidades dispendiosas o perniciosas tales como la creación de sedes locales, replicando recursos y de calidad más que discutible en el territorio nacional.

Es necesaria una reingeniería que nos dote de una agencia que acredite las nuevas ofertas de las universidades, tanto oficiales como particulares, de manera objetiva, ágil e independiente; y promueva y apoye la acreditación internacional de programas.

La inversión en educación superior, ciencia y tecnología deberá dejar de ser en hierro y cemento, e impulsar la modernización tecnológica, inversión en laboratorios y tecnología puntera acordes con la digitalización y la Cuarte Revolución Industrial. Las universidades oficiales deberán contar con presupuestos plurianuales, con una parte fija que (pago de la docencia y costos operativos) y otra variable en función de concurso nacional de proyectos y prioridades regionales entra las universidades. Hay que poner coto a la politización de la distribución de los presupuestos universitarios y al tráfico de influencias. Deberá crearse un sistema nacional de enseñanza superior bajo un modelo híbrido que asegure acceso amplio de la población sin proliferación de 'escuelones' pseudo-universitarios. El poder de compra del Estado deberá usarse para dotar de acceso y herramientas básicas a todos los estudiantes del nivel superior.

En un horizonte 10 años, al menos un 75% de la planta profesoral universitaria debería poseer un grado doctoral, que produzca un número concomitante y proporcionado de publicaciones científicas. Junto a esto, cada 5 años se evaluará si los docentes deben permanecer o no en sus cátedras (fin de las plazas inamovibles). Habrán de crearse programas doctorales en Panamá para estudiantes a tiempo completo, financiados por concurso, que produzcan trabajos científicos en proporción al número de docentes y graduados. Los actuales programas de ese nivel que no cumplan estándares de calidad internacional, en dos años, deberán ser cerrados. La internacionalización facilitará procesos que permitan este salto copernicano (programas de estudios conjuntos o mixtos entre universidades locales y foráneas de alta calidad regional o mundial, de preferencia en modalidad híbrida).

Sólo con medidas de esta naturaleza, podremos tener “un sistema inteligente”, en correspondencia con la sociedad del conocimiento que se viene pregonando. Acabemos con las onerosas medidas paliativas, de poca o nula trascendencia, para crear un futuro distinto que Panamá exige y merece.