Descentralicemos el país

Desde que fui Alcalde de Panamá, me di cuenta de lo atrasado que estábamos en materia de las responsabilidades de los municipios. A diferencia de la independencia que tienen en sus competencias las municipalidades a nivel global, en cierta forma, nuestras alcaldías solo se ocupan de cosas menores: Atención de parques, expedición de matrículas para vehículos, permisos de expendio de licores, rótulos y de actividades festivas; y administración de cementerios, por mencionar algunas. Lo más cercano a la población, como su escuela, su centro de salud y la reparación de sus caminos y calles, se le deja al gobierno central y todo lo que en burocracia eso significa.

Si se dañan los inodoros de una escuela hay que seguir la burocracia del ministerio de Educación para contratar un plomero y comprar las piezas requeridas para la reparación, y el problema demorará semanas o meses para ser resuelto. Igual ocurre a nivel de salud que, para suplir de medicamentos urgentes a un centro de salud, se deberá acudir al ministerio para que siga los pasos burocráticos del caso. Y qué decir de las calles internas de un distrito que terminarán en igual calvario.

En nuestra realidad panameña podemos ver muchos absurdos, de los que apenas les menciono un par: que los municipios cobren el impuesto de las placas vehiculares, algo que debería ser nacional, mientras el impuesto de inmuebles, cobrado a nivel nacional, opino que debería estar en manos del municipio donde el bien se encuentre radicado.

En 2009 se aprobó la ley 37 sobre la descentralización de la administración pública, para lograr el desarrollo sostenible e integral del país mediante la delegación de competencias administrativas, económicas, políticas y sociales del Órgano Ejecutivo, en forma gradual, progresiva, ordenada, regulada y responsable. En 2015, modificando la ley 37, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se dotó de fondos este proceso, otorgando a los municipios lo recaudado por el impuesto de inmuebles para así disponer de lo necesario para poder cumplir los objetivos de la centralización. Es allí donde nace el fondo de descentralización que ha sido escenario de muchos escándalos y donde hoy, producto del mal manejo de esos fondos, hay varios actuales y antiguos funcionarios procesados penalmente y, por lo que conocemos en los medios continúa el uso político de esos fondos para favorecer a algunos municipios relacionados con el poder de turno.

La desorganización ha sido tan grande en la asignación de esos fondos durante el actual gobierno que ni siquiera el titular de la cartera que asigna los fondos, Felipe Chapman, Economía y Finanzas, sabía las razones por las que, en adición a lo que le toca a cada municipio, se habían beneficiado unos pocos. La realidad es que:

1. Parece que hay discrecionalidad con la asignación de fondos de parte del gobierno central.

2. No vemos un parámetro definido para que exista una verdadera equidad en la distribución de los fondos tomando en cuenta el tamaño de cada municipio y cada corregimiento.

3. En gran número de casos los fondos asignados han sido empleados en clientelismo comunal y no por proyectos trazados y aprobados por el propio municipio.

4. No ha habido una diferencia palpable, por lo menos en los principales municipios del país, en cuanto a los proyectos desarrollados con los fondos del impuesto de bien inmueble, es decir, la realidad es que, esos fondos no se ven donde se reciben, ya sea por falta de proyectos o mal uso de los montos asignados.

A futuro inmediato para las próximas elecciones sugiero lo siguiente:

1. Obligar a los partidos políticos que, de los subsidios electorales que reciben, asignar una considerable porción para educar en temas municipales y comunales a los candidatos a alcaldes y representantes de corregimiento.

2. Que el proceso de educación que se propone sea dirigido por el Tribunal Electoral, que deberá contar con los expertos en temas municipales para que impartan dichos conocimientos, creándose un Instituto de Estudios Municipales, tal como existen en otros países.

3. De seguro que entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podrán facilitar la experticia necesaria, no solo para crear el cuerpo docente que dicho instituto requerirá, sino para ayudar a crear las políticas públicas necesarias para fortalecer a la Autoridad Nacional de Descentralización, hoy manejada con mucha injerencia política.

No podemos permitir que una gran idea como lo es la descentralización del Estado sea desaprovechada, creándose la realidad de la reducción del tamaño del gobierno, que inclusive es apoyada como una de sus metas por el presidente de la República.