Diálogo o conciliábulo

La mesa del diálogo por la CSS es una iniciativa coherente y oportuna frente a la coyuntura por la situación financiera de la emblemática institución de seguridad social. Sin embargo, los personajes que allí convergen son los mismos actores que durante décadas han tenido presencia en la Junta Directiva, representando a gremios profesionales, sindicales y empresariales. Es decir, de antemano conocen el manejo y las naciones emprendidas por las gerencias administrativas de diferentes periodos gubernamentales.

Ante tal escenario, no cabe la menor duda, dichos señores, por acción u omisión, son corresponsables de los desaciertos que, de forma permanente, en noticias se anuncian diariamente a la faz del país. Es así, porque su beligerancia y poder coercitivo les permitieron avalar y/o rechazar actos administrativos que han lacerado los bienes y patrimonio de la entidad. Tal situación es la cruda verdad. Con pusilánime y zigzagueante actuar, traicionaron la Fe y confianza depositada por quienes les escogieron y concedieron atribuciones para que, en magna responsabilidad y deber, protegieran el interés de la institución y de los asegurados.

Extraño e inadmisible el infantilismo e irresponsabilidad del caso particular que adopta determinado grupo. Sus acciones de protestas producen alteraciones y perjuicios en lo económico, libertad individual, y sagrado derecho de libre circulación y tránsito. Sobre todo, porque quienes así actúan, fueron parte actora de la entidad, durante la administración gubernamental de la presidente Mireya Moscoso y el director Juan Jované. La tolerancia y prudencia son necesarias en el arte de gobernar. Empero se impone la premisa, que el derecho de uno termina cuando comienza el del otro. Son las normas que sostienen la Democracia y un Estado de derecho. La autoridad debe ejercerse con firmeza y determinación, para evitar que el desenfreno y libertinaje se apropien de la Paz y tranquilidad nacional. En consecuencia, debe quedar claro que, en ningún caso se debe interpretar como persecución o actitud de excluir por capricho.

La introducción y mensaje concreto de este escrito, obviamente generará sinsabores y residuos amargos en el paladar de partes afectadas. No obstante, la verdad sea dicha, no se pueden obtener diferentes resultados, haciendo lo mismo con las mismas herramientas. En primera instancia, ya sabemos y aceptamos la gravedad del paciente. Por tal razón, no se puede perder tiempo haciendo análisis y estudios de una enfermedad en estado de metástasis. La urgencia del caso requiere una intervención quirúrgica sin anestesia, dolorosa tal vez, pero que ofrezca una esperanza de vida, a fin de interrumpir traumático colapso que redundaría en impredecible tragedia nacional. Desenlace, cuya onda expansiva sería como la de una bomba de neutrones.

En tal sentido, es imperativo que el Órgano Ejecutivo agarre el toro por los cachos y actúe con ahínco y rapidez, a fin de implementar acciones tangibles y factibles para dar solución a mediano y largo plazo. Ello, por supuesto, causará molestias y escozor al interés individual y colectivo de aquellos que se verán y sentirán “agredidos” por las medidas aplicadas. No obstante, tal proceder debe cristalizar el principio de solidaridad, con el objeto de quitar el disfraz a una expresión utópica. Las jubilaciones especiales de más de B/ 2500.00 deben ser abolidas, pues violan preceptos constitucionales en cuanto a fueros y privilegios. Descuentos y aportes a la institución, tienen que ser en base a totalidad del salario. En relación con emolumentos y remuneración de dietas, viáticos, gastos de representación y otros que forman parte de ingreso salarial, también deben ser susceptibles a deducción para fortalecer los cuatro programas de la CSS. Vale hacer la salvedad de que este mecanismo no debe afectar o causar oneroso gravamen al aporte del patrono o empleador.

Finalmente, no puedo soslayar que, tal como mencioné al principio, la entidad requiere total depuración en la Dirección Ejecutiva de Finanzas y Administración, la Dirección Ejecutiva Legal (Juzgado Ejecutor) y la Oficina Sectorial de Fiscalización, entre otros. Razones de peso existen, ya que el recurso humano en estos departamentos, durante años sin comprender el daño que se causaban a sí mismos, han servido de tontos útiles o cómplices en autoría intelectual y material en la debacle. La autonomía y estructura orgánica de la institución tienen que ser sometidas a una reforma, mediante minuciosa y estricta revisión, de tal forma que la solidez financiera y administrativa, en nueva Ley, genere la garantía y estabilidad de un sistema confiable y seguro en todo el contexto de la palabra.