Don Eduardo tenía razón

Hablar del impacto profesional de Eduardo Morgan Jr. en la vida de los socios, abogados y colaboradores que formaron y forman parte de Morgan & Morgan es una tarea imposible. Dejaré que otros escriban sobre su destacada carrera como abogado, como promotor incansable de leyes en beneficio de Panamá, como socio, como amigo y como hombre de familia.

Nos unía un amor profundo por nuestro país. Que él fuera torrijista y yo panameñista nunca fue obstáculo para sentirnos indignados cada vez que un gobernante o un burócrata europeo atacaba a Panamá.

Otros colegas recordarán las frecuentes reuniones en su casa, en las cuales nos explicaba lo que nos costó obtener la verdadera soberanía y cómo fraguar las estrategias locales e internacionales para que el nombre de Panamá no fuera mancillado por personas y países sin ningún interés más que el de afectar nuestra plataforma internacional de servicios legales y marítimos. Su tenaz e incansable lucha por defender al país de los ataques de organismos como la OCDE y la Unión Europea, era admirable y contagiosa.

Visionario como pocos, la lucha de don Eduardo en defensa de la imagen y buen nombre de Panamá comenzó mucho antes de que nuestro país fuera incluido en las actuales listas discriminatorias. Su batalla personal inició al aceptar la Embajada en Washington, D. C., con el propósito de combatir la famosa certificación con la que los norteamericanos calificaban los esfuerzos de los demás países por evitar el narcotráfico y el lavado de dinero y así determinar si les dispensarían un trato económico y diplomático favorable. El embajador Morgan refutaba, con hechos y documentos, cada argumento norteamericano y cada publicación en que se denigrara la reputación e imagen de Panamá.

En su libro “Memorias de una Embajada” dejó claro que nunca se amainó ante los ataques y desplantes que hacían los funcionarios del país que él llamaba “el Imperio”. Desde que los países miembros del G7 incluyeron a Panamá en el listado de paraísos fiscales e impusieron medidas que debían cumplir para salir de ellas, don Eduardo lideró la lucha porque Panamá exigiera un “level playing field”. Es decir, que todos los países, incluyendo los miembros del G7, expidieran leyes similares para competir en igualdad de condiciones.

Posteriormente, vimos cómo el organismo que empezó como un modelo de cooperación económica entre países desarrollados, la OCDE, se transformó (convenientemente para la burocracia europea) en una organización dedicada a ser la policía fiscal global. Cobardemente, se enfocaron no en las naciones dentro de su membresía, sino en atacar a pequeños países en vías de desarrollo.

Don Eduardo entendió que Panamá debía asumir una posición digna. Pero primero había que educar a los gobernantes y a los profesionales. Como parte de ese esfuerzo, reclutó mentes brillantes de todo el mundo de la talla de Jason Sharman, Ozzie Schindler y Joe Reeder para denunciar los poderes que usurpaba la OCDE.

Junto a Dan Mitchell y a Andrew Quinlan, del Center for Freedom and Prosperity, promovió los beneficios de la competencia fiscal entre países.

Uno de sus primeros aportes en la lucha de la defensa de los servicios internacionales fue que se aprobara la Ley de Retorsión (2002) que permitía a nuestro Gobierno tomar represalias económicas contra los países que nos incluyeran en sus listas discriminatorias.

En los años siguientes, don Eduardo se dedicó a escribir artículos, dar charlas y conferencias en foros y universidades (muchas financiadas con su propio pecunio), creó un blog (que hoy cuenta con más de 640 mil visitas) y dio entrevistas a todo medio periodístico local e internacional que quisiera entender el objetivo que buscaban los países de la OCDE.

Los Panama Papers (2016) sirvieron para demostrar que don Eduardo no se equivocaba, que había un esfuerzo internacional para hundir a Panamá. Atacó con vehemencia la ilegalidad con que el consorcio periodístico obtuvo esos documentos y, con la claridad mental que lo caracterizaba, señaló que no había bancos panameños involucrados y que, además, 80 % de las personas jurídicas identificadas no habían sido constituidas en Panamá.

Dicho escándalo le dio un nuevo vigor a la lucha de don Eduardo para que Panamá no escatimara esfuerzos ante el reto de defenderse de los países más poderosos del mundo. Redobló sus llamados para usar la Ley de Retorsión e hizo cuanto estuvo a su alcance para que el Gobierno de turno no cediera ante la presión mediática que nos llovía por este escándalo.

Con los años, ante la inacción de los representantes elegidos por el pueblo panameño, la indignación de este gran patriota se fue convirtiendo en frustración y finalmente, en la resignación de que ya había hecho su parte y de que otros debían seguir la batalla.

Ya retirado de la firma de abogados que ayudó a fundar y en la comodidad de su casa, junto a su esposa Diana, armaba cevichadas semanales que se convertían en lecciones de historia, cuentos de su infancia y, por supuesto, en arengas sobre la injusticia con que trataban a nuestro país y la obligación de defender nuestra imagen como nación próspera y soberana.

No estaba equivocado don Eduardo: Panamá ha sido víctima de una campaña vil e injusta que está acabando con nuestra plataforma de servicios internacionales. Tampoco erraba al recordarnos, constantemente, que no hay mejor país en el mundo que nuestro querido Panamá.