La Orquesta de Cámara del Istmo, integrada por jóvenes músicos formados localmente, ha demostrado que es posible cultivar un proyecto musical con ambición,...

El orden constitucional en Panamá ha sido interrumpido en diversas ocasiones. La más reciente, en 1968, tras el golpe de Estado que derrocó a Arnulfo Arias el 11 de octubre, disolviendo la Asamblea Nacional e instaurando una junta militar. Diputados, ministros y funcionarios posesionados el 1 de octubre no llegaron a cobrar ni siquiera la primera quincena, ni tampoco las 300 botellas nombradas en la Asamblea Nacional con $300 cada una.
El caso más patético sobre hasta dónde puede llegar el poder soberano del pueblo ocurrió en 1958, dando lecciones de lucha pacífica tipo Gandhi. Era presidente Ernesto de la Guardia III, inmerso en una serie de problemas. Era vox populi la gran corrupción existente en las finanzas del distrito capital, tanto alcalde como sus 15 concejales. Los medios reportaban a diario un nuevo escándalo de los concejales.
A través de la popular Radio Mía, dirigida por el agresivo radiodifusor Ramón Pereira, se generó el ambiente de protesta necesario para tumbar a los miembros del Consejo Municipal capitalino electos en 1956. Antes de 1972 no existía el representante de corregimiento, por lo que los concejales eran elegidos por sus respectivos partidos en cada distrito.
El “Movimiento 18 de febrero”, y que La Estrella de Panamá ilustra en “Haciendo Historia” de la periodista Mónica Guardia, logró que un fiscal del circuito de Panamá, Gerardo De León, ordenase la suspensión de los quince concejales y del alcalde, tesorero, auditor e ingeniero municipal. También decretó la detención provisional del exalcalde José Antonio Cajar Escala; el extesorero Víctor D’Annello; el exauditor Leonardo Conte, y el exingeniero municipal George Hilbert.
Para el fiscal De León, “de las investigaciones realizadas resultaba claro que René Luciani, Ricardo Gaitán y Samuel Lewis Galindo, todos concejales del distrito de Panamá...” han sido suspendidos de sus cargos. “Los otros concejales cesados fueron Carmen N. de Arosemena, Luis A. Branca, Mario de la Guardia, Luis C. del Río, José Rogelio Arias Jr., Manuel de J. Espinoza, Hernando Martiz, alias ‘Chucuteca’, Carlos M. Pretelt, Germinal Sarasqueta, Eduardo Stagg Jr. y Mario Velásquez”. Igualmente, declararon interinos todos los cargos en el Municipio.
Se eligió por unanimidad como presidente del nuevo Consejo Municipal a Federico Humbert Victoria, hermano de mi abuela Susana Humbert de Cochez, distinguido empresario, expresidente de la Cámara de Comercio, acompañándolo prestigiosos miembros de la comunidad, como el banquero Rubén Darío Carles (Chinchorro), Pablo Paz, Felipe Motta, Arístides Wilson, Basilio Ford, la enfermera Ruth Pérez de Peré, Juan Pastor Paredes, Eugenio Barrera, Alejandro Méndez Pereira, Olga Moreno Guillén, Ricardo J. Brin y el Dr. Rodrigo Bernal. Don Enoch Adames no aceptó el nombramiento. Los nuevos concejales renunciaron a la dieta por sesión asignada a los concejales, rechazando el uso de cualquier vehículo municipal.
Ese evento cívico mostró algo que pareciera hoy se desconoce. El poder de la población frente al hartazgo por los políticos corruptos, expresados en aquellos tiempos en un municipio, el más grande y poderoso del país, que se vio sumergido en motivo de escarnio de grandes dimensiones.
En estos días que vemos que, tras 10 meses de gobierno, pareciera que se vive un envejecimiento prematuro, porque da la impresión de que llevamos años de estar gobernados por los que fueron electos el 5 de mayo. De allí que nos hagamos una serie de preguntas. ¿Podrán repetirse hechos como los de 1958 que dieron al traste con todo un corrupto Consejo Municipal? ¿Podrá la población, harta de los malos servicios que presta la CSS, seguir permitiendo que esa entidad siga siendo usada como botín de los políticos, desatendiendo el clamor de exigirse mejores prestaciones, en lugar de aumentos de salarios para gente nombrada para satisfacer cuotas políticas? ¿Podremos seguir tolerando el mal ejemplo que le da al país la atención a la justicia, donde la ley solo se aplica a los que menos tienen?
No debemos descartar nada. Para usar la palabra panameña, el “encabronamiento” que sienten los panameños hacia sus políticos puede llegar a situaciones difíciles, donde las crisis que hoy enfrentamos, producto de tantos desaciertos, se puede convertir en las oportunidades que necesitamos para salir de esta especie de hueco donde algunos pocos, pareciera nos quieren hacer caer. Ese 18 de febrero vimos que, de que se puede, se puede.
Los datos de este artículo los utilicé en una crónica publicada en La Estrella de Panamá el 27 de agosto de 2019 y siguen, desafortunadamente, vigentes.