Enfermedad renal crónica: un desafío que Panamá no puede seguir postergando

Durante varios años he investigado el impacto económico de la enfermedad renal crónica (ERC) en Panamá. Los resultados obtenidos me llevan a una conclusión inequívoca: estamos frente a uno de los mayores desafíos para la salud pública y para la sostenibilidad financiera de nuestro sistema sanitario.

La enfermedad renal crónica no solo deteriora la salud de quienes la padecen; también afecta profundamente la economía de las familias, reduce la productividad del país y aumenta de forma acelerada la presión sobre la Caja de Seguro Social (CSS). Si no fortalecemos la prevención desde ahora, el costo humano y económico continuará creciendo durante la próxima década.

Con el propósito de dimensionar este problema, desarrollé una investigación con un equipo de nefrólogos en cuatro hospitales de la CSS, ubicados en cuatro regiones del país. El estudio estimó la carga económica de la enfermedad mediante los años de vida perdidos por muerte prematura y discapacidad, el gasto de bolsillo de los pacientes, su calidad de vida y la proyección de los costos hospitalarios hacia el año 2030.

Uno de los primeros hallazgos fue la magnitud de la discapacidad que provoca esta enfermedad. Los pacientes pierden, en promedio, siete años de vida saludable antes de la muerte, lo que representa una pérdida económica estimada en $28,680 por paciente, calculada con base en el ingreso medio nacional.

Detrás de esta cifra hay personas que dejan de trabajar, familias que pierden ingresos y una economía que deja de aprovechar una parte importante de su capital humano y capacidad productiva.

La situación resulta aún más preocupante respecto de los pacientes fallecidos. En estos casos, el promedio de años de vida perdidos alcanzó doce años al morir antes de la esperanza de vida, principalmente durante edades productivas. Esto significa que la enfermedad no solo reduce la esperanza de vida, sino que también limita el potencial de desarrollo económico del país.

Otro hallazgo preocupante fue que el 77 % de los pacientes entrevistados enfrenta riesgo de gasto catastrófico en salud. En otras palabras, siete de cada diez familias destinan una proporción tan elevada de sus ingresos al tratamiento que comprometen seriamente su estabilidad económica.

Este resultado demuestra que disponer de seguridad social no siempre protege a los pacientes frente a los costos reales de la enfermedad. Los gastos en transporte, alimentación especializada, medicamentos, exámenes y la pérdida de ingresos laborales continúan afectando considerablemente el presupuesto familiar.

Al evaluar la calidad de vida de los pacientes mediante un análisis de índice factorial construido a partir de dos encuestas especializadas aplicadas, se evidenció un deterioro significativo en cuatro dimensiones fundamentales: la capacidad para trabajar, el desempeño de las actividades cotidianas, las relaciones sociales y el bienestar emocional.

Estos resultados confirman que la enfermedad renal crónica va mucho más allá del funcionamiento de los riñones. Su impacto alcanza la salud mental, la integración familiar, la participación laboral y la vida social de quienes la padecen. Cada sesión de diálisis representa tiempo, desgaste físico y emocional, además de costos adicionales para el paciente y sus cuidadores.

Sin embargo, uno de los aspectos que considero más relevantes del estudio fue la estimación del comportamiento futuro de los costos hospitalarios, mediante la simulación de tres escenarios de crecimiento anual de pacientes: 2.5 %, 5 % y 10 %. Bajo este último escenario, el más exigente para el sistema, el costo anual prácticamente se duplicaría en pocos años.

Mientras que en 2023 el costo hospitalario promedio ascendía a $16.5 millones, las proyecciones indican que podría alcanzar aproximadamente $32.1 millones en 2030.

Estas cifras reflejan la enorme presión financiera que enfrentará la Caja de Seguro Social si continúa aumentando la demanda de tratamientos especializados sin fortalecer la prevención.

Precisamente allí radica la principal conclusión de la investigación. La respuesta no puede concentrarse exclusivamente en ampliar la capacidad de diálisis o construir nuevas instalaciones hospitalarias. La estrategia más efectiva consiste en prevenir que los pacientes lleguen a esas etapas avanzadas de la enfermedad.

La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y otros factores de riesgo pueden detectarse y controlarse oportunamente desde el primer nivel de atención. Fortalecer la atención primaria, promover estilos de vida saludables y ampliar los programas de detección temprana constituye la inversión más rentable que puede realizar el sistema de salud.

La evidencia científica que presenta esta investigación demuestra que la enfermedad renal crónica ya no debe analizarse únicamente como un problema clínico. Es también un desafío económico, social y de desarrollo nacional. Si aspiramos a construir un sistema de salud sostenible, debemos colocar la prevención en el centro de la política pública sanitaria.

El artículo científico será publicado en la edición del segundo semestre de la revista Societas de la Universidad de Panamá.