Entre el ‘like’ y la legalidad: cuando hacer ruido pesa más que hacerlo bien

En toda sociedad hay una tensión inevitable entre dos impulsos muy humanos: querer resultados ya y respetar el proceso. Lo primero es instintivo, emocional y muchas veces bien intencionado; lo segundo es más lento, técnico y, seamos honestos, desesperante. El problema no es que ambos existan, sino que, cada vez más, uno quiere imponerse sobre el otro. Cuando la urgencia desplaza al debido proceso, dejamos de hablar de eficiencia y empezamos a caminar por un terreno más delicado: el de la arbitrariedad. La presión mediática no es nueva. Siempre ha estado ahí. Lo distinto hoy es su velocidad y su capacidad de influir. En cuestión de horas, un caso pasa de ser un asunto puntual a una causa colectiva. Ya no se construye sobre hechos completos, sino sobre fragmentos, percepciones y emociones amplificadas. En ese ambiente, las decisiones dejan de responder únicamente a criterios legales o técnicos y empiezan a moverse por la necesidad de cumplir expectativas inmediatas. Se premia lo visible. No importa tanto hacer lo correcto, sino demostrar que se está haciendo algo. Ahí aparece un fenómeno que conocemos bien, aunque no siempre lo llamemos por su nombre: una forma de populismo que se activa cuando la gente siente que no la escuchan. La respuesta es simple: actuar rápido. El problema es que, en ese camino, la ley empieza a verse como un estorbo. Los procedimientos parecen trabas y las garantías, formalidades innecesarias. Se instala entonces una idea peligrosa: que la legitimidad percibida puede sustituir la legalidad. Si la gente lo aplaude, pareciera que basta. Se simplifican problemas complejos y se venden decisiones rápidas como actos de carácter. Pero el derecho no funciona así. El derecho funciona con reglas.Y esas reglas están precisamente para evitar que el poder —sea político, administrativo o incluso social— se ejerza sin límites. Esto no es teoría. Lo vemos en la práctica. Casos recientes donde, bajo presión mediática y respaldo popular, se actúa sin que esté claro si el sustento jurídico está completo o siquiera revisado. El caso reciente de Coco Parque ilustra con claridad esa tensión.Más allá del valor del proyecto, que puede ser positivo para la comunidad, lo que resulta jurídicamente inquietante es el proceso mediante el cual se llega a ese resultado. Se ha hablado de actuaciones apoyadas en un proveído municipal cuya notificación no ha sido claramente acreditada. Se han realizado intervenciones sobre infraestructura privada sin que exista, de forma pública y transparente, claridad sobre la titularidad definitiva del terreno ni sobre el agotamiento de los procedimientos administrativos correspondientes. Desde una óptica estrictamente jurídica, surgen preguntas inevitables: ¿cómo se ejecuta una medida cuando la discusión de fondo permanece pendiente de decisión en la Corte Suprema de Justicia? ¿Existía competencia en la representante para ejecutar una demolición? ¿Hubo delegación formal de autoridad desde el municipio capitalino? ¿Se determinó de manera definitiva la titularidad del terreno? ¿Se cumplieron los procedimientos previos, incluyendo notificaciones efectivas? ¿Se cuenta con los permisos y estudios requeridos para nuevas estructuras en dicho terreno? ¿Dónde está la opinión de ANATI y por qué no participó en el operativo? Estas no son formalidades menores. Son lo que le da legitimidad a cualquier actuación pública. No es lo mismo ejercer poder que ser autoridad competente. En derecho, los actos administrativos internos, como el que faculta un proveído municipal, no pueden proyectarse ni tener efectos hacia terceros sin cumplir requisitos básicos como publicidad, notificación y debido proceso. Lo preocupante es que, mientras esas dudas existen, se construye una narrativa de éxito inmediato. Se celebra la acción, se viraliza el resultado y se deja en segundo plano la forma en que se llegó ahí. Y ahí está el fondo del asunto: no es el qué, es el cómo. Porque incluso una buena idea puede convertirse en un mal precedente si se ejecuta al margen de las reglas. Lo que pudo hacerse bien, dentro del marco legal, termina generando dudas innecesarias. Y cuando eso pasa, no solo se debilita una actuación puntual, se erosiona la confianza en el sistema. A esto se suma algo muy humano: tendemos a validar lo que nos da una sensación inmediata de justicia. Es una reacción casi automática. Pero esa satisfacción dura poco. Las consecuencias, en cambio, se quedan. Hay una verdad incómoda: las garantías solo importan cuando nos tocan. Mientras las decisiones rápidas coinciden con lo que queremos, parecen eficientes. Pero cuando nos afectan a nosotros, o a alguien cercano, cambia todo. Aparecen las preguntas, la incertidumbre, la necesidad de reglas claras. Ahí es cuando se entiende que el debido proceso no es un obstáculo, es una protección. Normalizar decisiones al margen de las reglas tiene un costo alto. Lo que hoy se justifica como solución rápida, mañana puede convertirse en una práctica difícil de frenar. Y en un sistema donde las reglas dejan de ser el punto de partida, la discrecionalidad ocupa su lugar. El debido proceso no es una carga. Es la estructura que hace que las decisiones no solo sean efectivas, sino legítimas. Porque, al final, parecer hacer justicia no es hacer justicia.Lo que queda es un espectáculo en redes sociales con precedentes legales peligrosos.