Entre la excelencia y la negligencia

El Dr. Enrique J. Mendoza P., compañero de generación del Instituto Nacional (diciembre 1965), de reconocida trayectoria académica y profesional, exDecano de la Facultad de Medicina de la UdeP, comprometido con la excelencia en la calidad de la enseñanza y la formación integral de los médicos, el pasado 17 de junio, recibió la peor atención que puede recibir un ser humano, en estado de necesidad.

Fue citado a la Ciudad de la Salud (Cidelas) para un estudio radiográfico especializado y aunque llegó puntual, después de esperar tres horas le hicieron el examen, recomendándole acudir al cuarto de urgencias del Complejo Metropolitano, porque en Cidelas no hay cuarto de urgencias.

El Dr. Mendoza, conocedor del sistema sanitario, optó por la Clínica San Fernando, donde llegó inconsciente. El médico que lo recibió en urgencias consultó a un anestesiólogo quien le preguntó: ¿cómo están las pupilas? Sin respuesta a estímulos. Obviamente no había nada que hacer, declarándose su muerte y posterior traslado a la morgue. No hace falta ser experto en auditoría médica para advertir que la atención recibida por el Dr. Mendoza amerita revisión, incluyendo el estudio realizado, su informe, la referencia e incluso las indicaciones para su traslado. Con el soporte que su condición requería, se debe verificar la correspondencia del manejo con las normas, reglamentos y protocolos de la institución, a fin de descartar cualquier vulneración o inobservancia de la sana práctica del arte y la ciencia que fueron la pasión del maestro.

Más que identificar a los involucrados, importa hacer una evaluación detallada de los hechos, porque es absolutamente injustificable la informalidad y sobre todo la falta de un servicio de urgencias en el hospital de mayor nivel de complejidad. Es menester determinar por qué no se cumplió el Decreto Ejecutivo 354 de 11 de septiembre de 2018, que establece la normativa sobre el cierre, suspensión de actividades y reapertura de instalaciones de salud.

Lo pertinente es una auditoría forense integral, incluyendo lo administrativo, jurídico, económico, financiero, etc., el procedimiento para la compra de equipos e insumos y las prestaciones médicas; porque salvo demostración en contrario, en esa unidad ejecutora, como en toda la institución existe un caos que requiere una revisión exhaustiva para poder sanear el sistema. La Contraloría también debe rendir cuentas, porque con el manejo de administraciones anteriores y los cambios normativos recientes, la lesión patrimonial podría ser desproporcionada. Sobre todo porque la ciudadanía desconoce si la conversión del contrato público “llave en mano” cumplió los requisitos indispensables para garantizar la custodia correspondiente a los deberes constitucionales y legales de la Contraloría General de la República, máximo organismo estatal independiente y de carácter técnico encargado de fiscalizar, regular y controlar todos los movimientos de fondos y bienes públicos del Estado. No solo los médicos, son muchos los protagonistas que deberán rendir cuentas. Basta de corrupción e impunidad, el relevante legado del Dr. Enrique Mendoza lo exige y con urgencia notoria.