Es urgente superar la inequidad en Panamá

Antes de entrar en materia dejo claro que la inequidad se refiere a la falta de equidad o justicia distributiva, es decir, a la desigualdad en la distribución de recursos, oportunidades o beneficios. Es, por lo tanto, injusta la situación en la que no se garantizan los mismos derechos o se trata a individuos de manera diferente.

En nuestro caso, es reconocido que somos un país de contrastes. Por un lado, ostentamos uno de los mayores ingresos per cápita de América Latina y una economía dinámica en sectores como la logística, las finanzas y la construcción. Por otro, persiste una profunda inequidad que margina a grandes sectores de la población del acceso a oportunidades básicas como una educación de calidad, salud digna y empleos formales bien remunerados. Esta brecha no solo es una injusticia social: es un obstáculo estructural para el desarrollo sostenible, la paz social y la estabilidad democrática del país.

Pero dejemos igualmente claro que la inequidad no es solo la diferencia entre ricos y pobres, pues esa siempre existirá. Me refiero, pues a la desigualdad de acceso a derechos y oportunidades, y en nuestro país esta se manifiesta territorialmente (entre la ciudad capital y el resto del país).

Por tanto, superarla implica mucho más que crecimiento económico: exige una transformación profunda del modelo de desarrollo y requiere un enfoque integral y sostenido que aborde tanto las causas estructurales como sus manifestaciones más inmediatas. Veamos algunas estrategias —y me quedo corto— consideradas por los expertos como clave para superar la inequidad.

El punto de partida debe ser una revolución educativa. La educación pública panameña sigue reproduciendo las desigualdades en lugar de corregirlas. Mientras en la ciudad capital se concentran los mejores centros educativos, en comarcas y zonas rurales miles de niños y niñas estudian en escuelas sin infraestructura básica, con docentes mal formados y currículos desactualizados. No es aceptable que el lugar de nacimiento de una persona determine su destino.

Se necesita una política nacional que garantice educación de calidad, gratuita y equitativa, desde la primera infancia hasta la universidad. Esto requiere inversión sostenida, pero también reformas profundas: evaluación docente, currículo relevante, tecnología educativa, y una fuerte apuesta por la educación intercultural bilingüe en regiones indígenas. La educación debe dejar de ser una deuda para convertirse en el principal motor de movilidad social.

No menos importante es garantizar la salud para todos en todos los lugares. Debemos superar la fragmentación entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, la falta de médicos en regiones apartadas, y la centralización de servicios especializados. Situaciones que evidencian que la salud, lejos de ser un derecho universal, es un privilegio para quienes viven en zonas urbanas o pueden pagar por servicios privados.

Entonces, superar esta inequidad pasa por fortalecer la atención primaria, garantizar la cobertura universal y descentralizar los servicios. Las comunidades más pobres no pueden seguir esperando años por un centro de salud o por medicamentos esenciales. La equidad en salud debe ser una prioridad política.

Es igualmente obligatorio reformar el sistema tributario para hacerlo más progresivo, fortalecer la lucha contra la evasión y redireccionar el gasto público hacia inversión social. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser innegociables. Un Estado que no redistribuye, no combate la inequidad: la perpetúa.

Por otro lado, la concentración del desarrollo en la ciudad de Panamá ha generado un país con realidades distintas. Comarcas indígenas, provincias del interior y zonas fronterizas siguen siendo territorios históricamente excluidos, con altos índices de pobreza multidimensional, desnutrición infantil y falta de infraestructura básica. Necesitamos superar esta inequidad, planificando de manera efectiva el desarrollo territorial, con inversión pública en caminos, agua potable, conectividad digital, y servicios esenciales. Pero también es obligatorio respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y fomentar la autonomía local con recursos y capacidades.

Finalmente, es imprescindible promover el empleo digno y la inclusión económica, pues nuestro país mantiene altos niveles de informalidad laboral, especialmente entre jóvenes y mujeres. Muchos trabajan sin estabilidad, sin seguridad social, y con ingresos que no alcanzan para vivir con dignidad. No perdamos de vista que la equidad también pasa por garantizar que todas las personas tengan acceso a un ingreso justo por su trabajo.

Urge pues, que el Estado y el sector privado promuevan políticas activas de empleo, apoyen el emprendimiento en sectores inclusivos como el agro y el turismo comunitario, y fortalezcan la formación técnica y profesional.

En conclusión, superar la inequidad no es tarea de un solo gobierno ni de un solo sector. Es una responsabilidad colectiva que requiere voluntad política, participación ciudadana y cambios culturales. Implica reconocer privilegios, desmantelar estructuras de exclusión y construir un nuevo pacto social basado en la justicia, la solidaridad y la dignidad humana.

Panamá tiene los recursos, el talento y la oportunidad histórica de cerrar las brechas que nos dividen. La pregunta no es si podemos, sino si queremos. Porque un país más equitativo no es solo más justo: es también más estable, más próspero y más humano.