Escuchar al paciente: la perspectiva ausente en el debate sobre médicos extranjeros

En Panamá, el debate sobre la contratación de médicos especialistas extranjeros suele presentarse como un pulso entre el Estado y los gremios médicos. Se discuten leyes, idoneidades, plazas, salarios, precedentes. Todo eso es relevante. Pero hay una pregunta incómoda que rara vez se coloca en el centro: ¿qué piensa el paciente que espera atención?

Porque mientras el país discute, la gente espera. Espera una consulta, una cirugía, un diagnóstico. Espera con dolor, con ansiedad, con miedo. Y esperar, en salud, también enferma.

Para el paciente del sistema público, el debate no es ideológico ni corporativo. Es profundamente práctico. No gira en torno a la nacionalidad del médico, sino a cuestiones elementales: ¿cuándo me atenderán?, ¿cuánto más debo esperar?, ¿mi condición empeorará antes de que llegue mi turno?

Las listas de espera no son estadísticas: son meses de sufrimiento acumulado, de calidad de vida perdida, de enfermedades que avanzan sin tratamiento oportuno. En ese contexto, la discusión sobre médicos extranjeros suele percibirse como lejana, incluso insensible, frente a una urgencia cotidiana que no se resuelve.

Desde la perspectiva del paciente, la nacionalidad del médico rara vez es el factor determinante de confianza. Lo son su competencia, su trato humano y su disponibilidad. Muchos panameños ya son atendidos por médicos formados total o parcialmente en el extranjero, sin que eso genere cuestionamientos. Por eso, la pregunta que surge desde la ciudadanía es directa: si existe un especialista calificado dispuesto a atender, ¿por qué el sistema no puede aprovechar esa capacidad para reducir la espera y el sufrimiento?

Esta pregunta no niega la importancia de proteger el empleo médico nacional ni de fortalecer la formación local. Pero sí cuestiona que esas legítimas preocupaciones se traduzcan, en la práctica, en bloqueos que perpetúan la falta de acceso oportuno.

Cada vez que el Estado y los gremios médicos entran en un conflicto prolongado, el costo no se mide solo en comunicados o negociaciones fallidas. Se paga en diagnósticos tardíos, en cirugías postergadas, en familias que se endeudan para pagar atención privada porque no pueden seguir esperando.

Desde la perspectiva del paciente, estas confrontaciones se viven como una forma de abandono institucional. No importa quién tenga razón en el plano técnico: lo que se percibe es que el sistema no logra ponerse de acuerdo para priorizar a quienes más lo necesitan. Y cuando el conflicto se normaliza, la desconfianza crece.

El paciente no evalúa las decisiones de política sanitaria por su marco legal o por la elegancia del discurso. Las evalúa por sus resultados. Si se anuncia una medida, la pregunta inmediata es: ¿me atenderán antes?, ¿habrá más citas?, ¿se reducirán las filas?, ¿mejorará el acceso en áreas rurales o comarcas?

Si la respuesta es no, el debate pierde sentido desde la experiencia ciudadana. Por eso, cualquier discusión sobre médicos extranjeros debería juzgarse desde un criterio simple: impacto real en el acceso y la oportunidad de la atención. Todo lo demás es secundario para quien espera.

Hay un peligro adicional que no debe ignorarse: instrumentalizar al paciente como argumento retórico. Decir que una decisión se toma “por el bien del paciente” no basta si no existen reglas claras, transparencia y mecanismos de evaluación.

Desde la perspectiva ciudadana, tanto la contratación de médicos nacionales como la de extranjeros debe responder a criterios públicos, medibles y verificables. De lo contrario, la desconfianza no solo persiste: se profundiza.

El derecho a la salud, consagrado constitucionalmente, debería ser el punto de encuentro mínimo. No como consigna, sino como criterio operativo. Eso implica reconocer que el paciente no puede seguir siendo el último eslabón de una cadena de desacuerdos institucionales.

Ni el Ministerio de Salud, ni la Caja de Seguro Social, ni los gremios médicos pueden perder de vista que cada decisión —y cada demora— tiene consecuencias directas sobre personas reales.

Escuchar al paciente no significa entregar la política sanitaria a la opinión pública ni deslegitimar el conocimiento técnico. Significa incorporar, de forma deliberada y transparente, la experiencia de quienes esperan meses por una consulta, de quienes ven agravarse su enfermedad mientras el sistema decide, de quienes pagan con su salud los desacuerdos institucionales.

Mientras el paciente siga siendo un argumento y no un interlocutor, el debate seguirá incompleto. Y cualquier reforma —incluida la contratación de médicos extranjeros— seguirá naciendo débil, cuestionada y desconectada de su propósito central. Porque un sistema de salud que dice proteger al paciente, pero no lo escucha, no falla por falta de recursos. Falla por falta de voluntad para ponerlo en el centro.