Esfuerzos contra la corrupción

En las últimas semanas varios casos de corrupción han ocupado los titulares en países de Centroamérica y han motivado a organizaciones de la sociedad civil a exigir una mayor rendición de cuentas y persecución penal de los implicados en casos de corrupción.

Su demanda es perfectamente comprensible, si tenemos en cuenta que, más allá de la injusticia social que provoca la corrupción, existen pruebas empíricas de sus efectos negativos en aspectos vinculados con el desarrollo, como, por ejemplo, el ingreso per cápita, el crecimiento económico, la mortalidad infantil, la alfabetización y la estabilidad macroeconómica, entre otros.

En el Banco Mundial entendemos que la corrupción es el enemigo público número uno para el desarrollo en el mundo, no solo en Centroamérica. Es por esto que el Banco Mundial apoya a los países en su lucha contra la corrupción, con normas como la inhabilitación de empresas para que participen en proyectos financiados por bancos de desarrollo, si han incurrido en fraude e iniciativas para la transparencia en industrias extractivas (EITI), en el sector de la construcción pública (CoST) y para la recuperación de bienes robados (StAR).

Obviamente la pregunta es cómo atacar la corrupción en la práctica. Para ello es importante entender que el hábito del soborno es solo una de las consecuencias de un amplio abanico de factores y circunstancias que alimentan la corrupción. La corrupción es un reto complejo, y reducirla no depende de una sola variable que pueda ser cambiada con la voluntad de los políticos.

Desde una perspectiva de políticas públicas es importante identificar esos factores y circunstancias detrás de las prácticas de corrupción para que los países puedan diseñar intervenciones apropiadas y efectivas. En el estudio del Banco Mundial ‘¿Importa el clima de inversión?', hemos considerado las causas y determinantes de la corrupción y planteamos dos hipótesis para explicar sus matices.

Una hipótesis, conocida como la de ‘derechos de control', considera la posibilidad de que un funcionario (que en algunos casos puede recibir un salario muy bajo) ejerza un control implícito sobre empresas para pedir sobornos. Este control podría deberse a características inherentes a marcos regulatorios complejos (que a su vez pueden estar relacionados con el número y la calidad de las regulaciones), así como al poder discrecional de los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas.

La segunda hipótesis, conocida como ‘el engrase de las ruedas', considera que las empresas también pueden tener incentivos para sobornar a funcionarios, con el objetivo de saltarse las normas y así poder asegurar contratos de una manera más rápida.

En nuestros análisis encontramos que ambos comportamientos existen en la mayoría de países con altos índices de corrupción. Estos resultados tienen alcances claros para las políticas públicas. A pesar de que la combinación de políticas apropiadas depende de las circunstancias de cada país, reducir la corrupción requerirá de una mezcla que combine tanto incentivos como un mayor énfasis en el cumplimiento de la ley.

Esto implica que, por una parte, los países pueden evaluar sus marcos regulatorios para distinguir entre normas que están justificadas desde el punto de vista del interés público y las que están obsoletas o simplemente benefician a ciertos grupos de interés.

Los países también pueden considerar el marco regulatorio desde una perspectiva administrativa. Un marco regulatorio bueno podría estar mal aplicado (a causa de procedimientos engorrosos o de personal poco calificado) o ser implementado fuera de tiempo, lo cual podría llevar a un aumento de costos para el sector privado. En este sentido, la simplificación administrativa, junto con una administración pública más profesionalizada, puede ser una herramienta eficaz para reducir el costo y mejorar la eficacia de las normas, al tiempo que aumentaría el cumplimiento y reduciría el poder de los funcionarios para pedir sobornos.

Además, los países pueden buscar soluciones por el lado del cumplimiento de la ley, como aumentar los esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las normas e incrementar las multas y sanciones para quienes infrinjan las leyes.

Otras medidas que pueden llevar a la reducción de la corrupción son las mejoras en el sistema judicial para aumentar la probabilidad de penalizar a todos los involucrados en un acto de corrupción, lo que aumentaría el costo por entrar en ese tipo de acuerdos irregulares. Este hallazgo tiene consecuencias importantes, pues un sistema judicial creíble, además de reducir la corrupción, aumenta la probabilidad de cumplimiento de las normas. Dicho en otras palabras, mejorar el sistema judicial tendría una doble recompensa para reducir la incidencia de la corrupción.

La lucha contra la corrupción no es fácil, pero por lo mismo el Banco Mundial está siempre listo a acompañar a los países que se embarquen en esta lucha.

*J. HUMBERTO LÓPEZ ES EL DIRECTOR DEL BANCO MUNDIAL PARA CENTROAMÉRICA.